Ayer alcanzó porque se trataba de autoridades nacionales y provinciales, algunos dirigentes sociales, contados sindicalistas y algún empresario. Hablaron, en ese orden, el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández.

Los anuncios son: un pago por única vez de 18.000 pesos a sectores de bajos recursos e ingresos que se detallan en notas aparte (en adelante “el bono”). Y la preparación de un impuesto a las rentas inesperadas consecuencias de los cisnes negros que azotaron al mundo recientemente (en adelante “el impuesto”).

Los anuncios mostraron marcadas diferencias: en precisión, en la urgencia con que se cumplirán, en la importancia que les atribuyeron los dos oradores en los discursos. En criollo: la política de ingresos, el bono, la plata que llegará velozmente al bolsillo de millones de argentinos es prioridad, lejos… aunque eso no se diga a voz en cuello y se presenten las dos movidas en conjunto. Paliar los efectos de la inflación en el cortísimo plazo es el objetivo central.

El impuesto es política a largo plazo, supeditada a tratativas con las corporaciones. Y a la difícil valla del Congreso.

Esta nota se cierra un par de horas después del acto. Complementa a otras en esta misma edición que tienen mayores precisiones técnicas.

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El bono agrega un refuerzo sustantivo al bolsillo de mucha gente común. Será simple y expeditivo pagarlo a un conjunto ya empadronado. Los jubilados y pensionados, los monotributistas “A” y ”B” y las empleadas de casas particulares. A los jubilados se les depositarán $ 12.000 que sumados a los $ 6.000 (que ya empezaron a pagarse) les sumará 18.000. Serán los únicos que cobrarán en un sola cuota. El resto percibirá dividido en dos mensualidades.

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El Impuesto Familiar de Emergencia (IFE) implantado en 2020 abrió inscripciones en su momento, con requisitos sencillos. Fue un plan social amplio, armado en pocos días, abierto. La cantidad de personas anotadas sorprendió a muchos funcionarios. Más allá de alguna exclusión, la respuesta fue ayudar masivamente a los que pidieron ayuda al Estado. Se orillaron los nueve millones de personas.

Hay un aire de familia entre este bono y aquel IFE aunque los funcionarios concernidos, en cauto off the record, propenden a señalar que “esta vez habrá muchos menos”.

El colectivo más complejo para completar son los "trabajadores sin ingresos formales de entre 18 y 65 años" , por motivos evidentes. Los registros del IFE, comentan funcionarios avezados, serán un tesoro informativo para completar las bases de datos de los beneficiarios del bono. Por cierto, algunas personas pueden haber cambiado su posición laboral o impositiva. Pero la mayoría está. La información cruzada con otros registros oficiales: el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) en particular posiblemente sean apoyo para engrosar los padrones. Como en cualquier política social inclusiva deberá abrirse alguna ventanilla para reclamos o para inscribir personas dejadas de lado que entiendan tener derecho a cobrar el bono.

El esfuerzo fiscal para cubrir la inversión social será elevado, posiblemente la masa de jubilados se llevará la parte del león. Su impacto, como subrayó Fernández se agrega al del 50 por ciento de aumento de la Tarjeta Alimentar. No son todos los mismos beneficiarios pero sí el mismo estrato social.

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Guzmán afirmó que hay recursos genuinos para cubrir el bono. Se puede poner de otra forma: el bono no depende ni está ligado al impuesto a crear (“atado” en jerga). El impuesto tiene que recorrer un largo camino, pintó el ministro: “Vamos a convocar en las próximas semanas a las fuerzas laborales y productivas para construir un mecanismo que nos permita capturar parte de la renta inesperada producto del shock que implica la guerra (…) para que el Estado pueda tener un rol de desarrollo equitativo”. Cónclaves en semanas, elaboración de un proyecto de ley que cuenta con escasas chances de ser aprobado en el Congreso. Todo indica que el tributo si se legisla con éxito sería pagado el año próximo.

La famosa letra chica está en preparación o verde por ahora. Guzmán señaló ciertos requisitos del virtual proyecto de ley, no todos. Fernández lo completó usando un modismo poco feliz para referirse a la puja distributiva, referido a los grandes empresarios que ganaron en 2021 más de mil millones de pesos. “Necesitamos pedirles a las grandes empresas que han tenido ganancias extraordinarias que contribuyan a generar más equidad e igualdad”. La alegación, el verbo "pedir", pueden sonar demasiado “moderados” conociendo la dureza de corazón y bolsillo de las grandes corporaciones. Para muestra, basta un botón: la opulenta Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) manifestó alta preocupación por la medida. De volea, antes de arrancar la ronda de reuniones.

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La  buena nueva atañe al corto plazo. Un alivio que abre desde ya la incógnita de lo que pasará en junio cuando llegue el invierno. La apuesta oficial es seguir piloteando la crisis y pulseando con la inflación sin innovar en políticas sociales, confiando en la dinámica de las convenciones colectivas y en refuerzos a prestaciones sociales.

No se anunció, quedó de lado, el plus salarial para trabajadores en relación de dependencia pedido por dirigentes sindicales y buena parte del oficialismo.

Guzmán fue claro y didáctico, como es usual. Se lo notaba más nervioso que de costumbre, es atendible porque le sobran motivos. Fernández habló distendido sin leer, franquicia que desde hace rato lo induce a ser impreciso o cometer errores o a abrir flancos para sus críticos internos o externos. La  aludida excesiva confianza en las corporaciones es ya tradicional. Ayer agregó cierta confusión entre la economía popular y la informal, en la que suele incurrir. La implementación del bono tendrá que ser más certera para cumplir con el principal objetivo del acto en el Salón Blanco.