El presidente Alberto Fernández le cerró la puerta a la posibilidad de utilizar la herramienta del decreto de necesidad y urgencia (DNU) para reformar el Consejo de la Magistratura y ampliar la Corte Suprema de Justicia, como había reclamado este martes el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner.

“No se está evaluando esa posibilidad”, respondieron a Letra P fuentes cercanas al Presidente ante la consulta sobre la sugerencia que Capitanich hizo durante una entrevista con El Destape. Según explicaron en el Ejecutivo, cualquiera de las dos posibilidades no solo tendría un “enorme costo político” para la Casa Rosada, sino que chocaría rápidamente con la declaración de inconstitucionalidad del propio Poder Judicial y trabaría la decisión en cuestión de horas. “Las derrotas épicas no tienen ningún sentido”, analizaron en el entorno de Fernández.

Este martes por la mañana, Capitanich había hecho referencia a los 27 proyectos que el Ejecutivo incluyó en el temario del llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, y que la oposición anunció que no tratará hasta tanto el oficialismo retire pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema. El temario incluye el proyecto de ampliación del máximo tribunal – que ya fue aprobado por el Senado – y la ley de reforma del Consejo de la Magistratura.

“Hay que buscar el máximo nivel de consenso. Pero si no hay consenso, por el consenso social y ciudadano que esto tiene, hay que ir y trabajar en materia de instrumentación por decreto de necesidad y urgencia", opinó el chaqueño. Y explicó que en ninguno de los dos casos el Presidente violaría la Constitución ya que la Carta Magna solo le prohíbe expresamente dictar decretos en materia tributaria, penal, electoral y de partidos políticos. En Balcarce 50 se leyó como un gesto de Capitanich hacia Cristina y el electorado más duro del kirchnerismo.

A comienzos de enero, el titular de Justicia, Martín Soria, había planteado la misma idea. “Hay posibilidad de reformar el Consejo de la Magistratura por decreto”, dijo entonces el rionegrino al referirse a la situación de parálisis que sufre el organismo. Fue entonces Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, la encargada de relativizar las declaraciones. “Entiendo que lo que dijo el ministro es que, por supuesto, existen los mecanismos constitucionales, los DNU y otros mecanismos. Le preguntaron si era posible o no una reforma de ese modo y él dijo que sí”, explicó Cerruti, y dio a entender que Fernández ni siquiera analizaba la posibilidad del decreto.

En tanto, Fernández recibió en las últimas horas otro reclamo por parte de un sector del kirchnerismo, relacionado con el caso de Milagro Sala. Este lunes, el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, la representación de ATE Capital y dirigentes derechos humanos le pidieron al Presidente que indulte a la dirigente social, al cumplirse siete años de su detención en Jujuy. "Quiero sumarme al abrazo a Milagro y al pedido para que sea sea definitivamente el camino del indulto el que abra las puertas de la libertad", dijo Yasky. A su pedido se sumaron la presidenta a Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Madres de Plaza de Mayo, y el dirigente sindical Daniel Catalano, entre otros. La propia Sala le pidió a Fernández “que use la lapicera”, parafraseando la famosa carta de la vicepresidenta.

El Presidente ya dijo públicamente que, si bien cree que la dirigente está injustamente condenada, no tiene facultades para avanzar con esa medida. En efecto, el artículo 99 inciso 5 de la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo a “indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal”. Pero Sala fue juzgada por la justicia provincial de Jujuy y condenada a 13 años de prisión.

El mandatario manifestó en varias oportunidades que cree el proceso judicial alrededor de la dirigente jujeña “estuvo plagado de un tinte político inadmisible y recibió fuertes críticas en junio del año pasado, cuando viajó a Jujuy a visitar a Sala, internada a causa de una trombosis. El 31 de diciembre 2016, cuando todavía no había sellado su reconciliación con Cristina Kirchner, Fernández también voló a la provincia para pasar fin de año con la dirigente social en el penal donde estaba detenida. Por eso en su entorno dicen que hizo todo lo que estuvo a su alcance para ayudarla, pero descartan la posibilidad del indulto.