Aclaró que «por respeto y a ver si salía del entendimiento de las personas apelamos al diálogo, pero paso el tiempo y llegamos a este punto donde estamos con denuncias. Por las notas no fue suficiente para el gobierno que piensa que estamos mintiendo».

Suárez manifestó al ser consultado por la prensa que los perjuicios vienen desde hace casi 12 años. «Desde que empezó a funcionar la planta me vi perjudicado en el campo por el vuelo de nylon y cartones. Todo lo que es basura vuelva y viene para el predio que ocupan los animales que tenemos. Es a donde acuden los animales a pastar. Desde el 2009 hasta hoy el perjuicio es la pérdida de animales, el corte de alambre, tener que pagar alambradores para hacer alambre nuevo. Se acumulan los nylon en el alambre y no hay alambre que aguante».

Asimismo, confió que cuenta con elementos para que la justicia avance en la investigación. «Tengo pruebas suficientes del veterinario que revisó los animales que se murieron, quien les sacó el polietileno a los animales. Me mataron vacunos, ovejas, algunos caballos. Hasta ahora no hay otra enfermedad para los animales».

Cabe recordar que en el marco de la denuncia presentada por integrantes de la comunidad Nahuelpán el Juzgado Federal de Esquel a cargo del Dr. Guido Otranto llevó a cabo un allanamiento para determinar los alcances de la voladura de bolsas de nylon y basura que va a los pozos del relleno sanitario que existen en la planta de tratamiento de Esquel. La Brigada Especial de la Policía Federal dedicada a la investigación de delitos ambientales vino directamente desde Buenos Aires para llevar adelante el procedimiento, con apoyatura del personal de la subdelegación Esquel, tomando registro de la situación en general de la planta de residuos, luego en la zona de módulos de enterramiento y en los campos de Nahuelpán. 

Vale tener en cuenta que la denuncia por contaminación ambiental está dirigida a los municipios de Esquel, Trevelin y el Parque Los Alerces por el uso compartido de la Planta de Residuos.

En la denuncia, la abogada Sonia Ivanoff solicitó al juez que ordene «el cese inmediato de la disposición final de residuos a cielo abierto y el venteo de gases a la atmósfera sin gestión ni control», como así también se termine «con la compactación de los residuos y recolección indiscriminada sin realizar la tarea de separación». Planteando una violación a las Leyes Nº 24.051 y 25.612 y al artículo 200 del Código Penal referido a delitos de contaminación ambiental, los que estarían siendo producidos por la Planta de Tratamiento de Residuos, «generando residuos peligrosos que ponen en peligro la salud pública y a los habitantes de la Comunidad mapuche tehuelche Nahuelpán, y en particular la familia de Felipe Segura, que vive lindante a dicha Planta».