Un veto para alimentar la interna

Un veto para alimentar la interna

El gobernador dejó sin efecto parcialmente la iniciativa para promover el desarrollo científico y tecnológico. Y advirtió a su antecesor: "Es menester resguardar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para asignar los recursos".

El veto 13 de  Miguel Lifschiz salió recién ayer en el Boletín Oficial de la provincia. Era el que faltaba de las trece leyes que vetó el gobernador en el cierre de 2017 y como era difícil publicar la serie completa, optó por hacerlo en tandas en cinco ediciones consecutivas: los días 4, 5, 8, 9 y 10 de enero, en un hecho sin precedentes. Se trata de un veto parcial que agitará la interna del Partido Socialista porque observa la ley 13.742 que había propuesto el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Bonfatti para promover el desarrollo científico y tecnológico en Santa Fe -y potenciar el desarrollo productivo‑ con un aumento de la inversión en el área en los próximos cuatro años hasta llegar al 0,50% del presupuesto provincial, en 2021. El veto de Lifschitz propone un texto alternativo que mantiene el tope presupuestario como objetivo, pero no dice cuándo lo cumplirá porque ‑a su juicio‑ hay otras prioridades como "educación, seguridad y salud". Y fundamenta el bochazo con una advertencia: "Es menester resguardar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para asignar los recursos con una mirada integral del presupuesto", dice el decreto. Lo que significa que quién define el destino de la inversión pública es Lifschitz y no su antecesor.  

 

Bonfatti propuso el aumento progresivo de la inversión pública en ciencia y técnica -como herramienta para el desarrollo económico‑ en noviembre de 2016. Lo acompañaron con su firma cinco legisladores de su partido, entre ellos el jefe del bloque del Frente Progresista Eduardo Di Pollina. El objetivo era fortalecer el área en cuatro años: llevar la inversión del 0,16% del presupuesto provincial en 2017 al 0,50% del total en 2021. "Algunos hablan de pobreza cero -planteaba Bonfatti en obvia referencia al imposible que le sirvió a Mauricio Macri para llegar a donde llegó‑, pero eso no se declama, sino que se construye a partir de la generación de nuevos puestos de trabajo".

El proyecto siguió su trámite en la Legislatura por un año, pero como se sancionó en el clearing entre las Cámaras el 30 de noviembre, junto con otras 50 normas, cayó en la volteada de la Casa Gris. En menos de 48 horas, Lifschitz vetó trece leyes: doce de ellas el 28 de diciembre y una el 29, que es la 13.742 que promovía Bonfatti. Es el veto 13 (decreto 4260) que se publicó ayer en el Boletín Oficial.

Lifschitz vetó dos artículos de la ley: el 2º que ordenaba el aumento en "forma sostenida" de la inversión en "ciencia, tecnología e innovación" para llegar "en 2021 al menos al 0,50% del presupuesto provincial". Y el 8º que era el plan de inversiones a cumplir en cuatro años: 0,16% en 2017, 021% en 2018, 0,28% en 2019, 0,38% en 2020 y 0,50% en 2021.      

El gobernador propuso un texto alternativo para el artículo 2º y directamente eliminó el 8º. La propuesta es que cada año la inversión en "ciencia, tecnología e innovación" sea "superior" al ejercicio anterior -no dice cuánto‑ y mantiene el 0,50% del presupuesto provincial como tope ("no lo podrá superar"), pero tampoco dice cuándo se cumplirá el objetivo. Las diferencias entre lo que decía la ley y sugiere el veto están a la vista.

Lo llamativo son los argumentos de Lifschitz para justificar el veto, hasta con cierto tono de queja: que el presupuesto provincial tiene una "estructura rígida" de gastos. Que las demandas en "educación, seguridad y salud" son "indelegables" e "imprescindibles" por su "alta sensibilidad social". Que ley auspiciada Bonfatti iba a tener un "alto impacto presupuestario". Y que "es menester resguardar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para asignar los recursos con una mirada integral del presupuesto en su totalidad", lo que significa que quien define el destino de las inversiones es Lifschitz y no Bonfatti.

"Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto deberá señalar sus fuentes de financiamiento" o "la autorización a utilizar el crédito. La ejecución del gasto autorizado por dicha ley sólo procede desde el momento en que se produzca la efectiva recaudación del recurso". Y este proyecto de Bonfatti, Di Pollina y los diputados socialistas "no cumple con dicho postulado", cerró el gobernador.

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