Alberto Juan Scuncio Umana, argentino, empresario y radicado en la Región del Biobío, nació en la provincia de Buenos Aires el 18 de diciembre de 1965. Su descripción así, sin contexto y de golpe, no entrega muchas pistas de quién es. Su nombre hoy está asociado a otra descripción: el proveedor de cajas de alimentos durante la pandemia con nexos en Venezuela y que estaría siendo investigando por lavado de activos.

Distribuidora Llacolén es una de las siete sociedades de Scuncio -un contador que reside en San Pedro de La Paz desde 2001-, y se convirtió en la mayor proveedora para la primera entrega de cajas de alimentos del gobierno durante la pandemia, con la venta de 250 mil unidades a la Intendencia Metropolitana, por un total de $ 8.750 millones. Su caso se hizo conocido luego de que trascendiera que sus dueños estarían acusados de supuestas irregularidades en el envío de insumos a Venezuela y la Fiscalía Regional de Concepción lo estaría investigando por lavado de activos.

Scuncio, sin embargo, ha negado todo tipo de negocio ilícito. Lo hizo ante los tribunales de garantía y el Ministerio Público, a quienes les pidió saber por qué se le investigaba. Por lo mismo, para enero se fijó una audiencia de cautela de garantía donde se le informará formalmente si es que existe una causa penal en su contra y cuáles son los motivos, si es que así fuera.

En paralelo, Scuncio reclamó ante la Corte Suprema la cancelación de sus cuentas bancarias, una de ellas en el banco Scotiabank. En ese contexto, el 3 de noviembre envió un escrito al máximo tribunal donde su defensa -los abogados Gonzalo Cisternas y Josefa Bejarano- relatan los orígenes y negocios del empresario.

Allí se relata que el empresario “se instala en Chile el año 2000, a sus 32 años, tramitando el ingreso de sus capitales mediante el D.L. 600, para continuar con la producción de bebidas gaseosas cola de segunda línea. Mas económicas - que había iniciado en argentina, después de haber sido distribuidor de Coca Cola y Pepsi Cola para Mendoza y alrededores”. Con los años tendría una ayuda clave.

Según el escrito, “los primeros años de producción, distribución y comercialización de las bebidas alternativas tuvieron gran éxito, y en la búsqueda de más y mejores clientes, partió a Santiago con un par de botellas de Point Cola en la mano a entrevistarse con el encargado de compras de ADELCO, controlada en ese momento por el destacado empresario Jurgen Paulmann, hermano del controlador de Cencosud (Horst Paulmann). El señor Paulmann, lo ayudó comercialmente, sobre todo en un momento muy duro de su vida. El año 2008, producto de un accidente de tránsito, falleció su hijo mayor de 18 años, lo que lo dejó sumido en una pena muy profunda y lo hizo pasar un tiempo relevante fuera de los negocios. No obstante, con la ayuda de la familia y de amigos empresarios, particularmente el señor Pablo Ludueña - quien lo ha acompañado en el negocio de la embotelladora desde el año 2000 hasta la fecha - es que logró salir adelante”.

Luego, emprendió un camino nuevo para importar a Chile “Urea”, un fertilizante para mejorar la productividad de los campos, del cual Venezuela produce una de buena calidad. Para ello, explicó su defensa, tomó contacto con los directivos de las empresas productoras de Urea. Sin embargo, la importación de este producto se detuvo debido al fin de la planta fabricante y se vio en la necesidad de empezar a buscar nuevas alternativas.

En medio de estos negocios, Venezuela, que se encontraba sumida en una crisis social y política, dice el escrito, “estaba comprando millones de cajas de alimentos para la población, denominadas cajas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Se importaban a ese país, alrededor de 10 millones de cajas mensuales. En ese contexto, le refirió a uno de sus contactos en dicho país que podía armar y exportar cajas a Venezuela, propuesta que al cabo de algunos meses de negociación fue acogida (...). Lejos de vender a un sobre precio -como se ha comentado en la prensa- las exportaciones muestran que ha llevado 2.564.400 cajas durante los años 2017 y 2019, - de un universo de al menos 30 millones”.

Luego de esa descripción, la defensa de Scuncio entra en lo que se le imputa a su representado: “A partir de ello, algunos medios de comunicación tomaron la noticia de manera insidiosa, implicando e imputándole una serie de ilícitos que a juicio de esta parte son de una total injusticia, ya que todos sus negocios se encuentran documentados y regulados. Asimismo, el señor Scuncio siempre ha estado en total disposición de entregar todos los documentos financieros, tributarios y contables de las empresas. De hecho, concurrió personalmente a la fiscalía Local de Concepción para preguntar si estaba siendo investigado para aclarar cualquier cuestionamiento -que por cierto sólo puede ser infundado- y, además, ante la negativa de la fiscalía en orden a confirmar si lleva una investigación en su contra, ofreció al Ministerio Público a través del Juzgado de Garantía de Concepción toda la documentación contable de las empresas, la bancaria, el acceso a su computador y teléfono personales, de modo de facilitar una eventual investigación y demostrar, lo antes posible, que no hay irregularidad alguna en sus operaciones comerciales”.

Las sociedades

Además de Llancolén, la empresa que vendió las cajas al gobierno, Scuncio tiene participación en otras seis sociedades, de acuerdo a lo descrito por sus abogados ante la Corte Suprema.

Estas firmas, según el escrito, tiene distintos rubros comerciales: Embotelladora Dos Banderas SPA, Inversiones e Inmobiliaria Mos Limitada, Inversiones Ramaja S.A., Elíptica S.A., Antawara SPA y Sky Airlines S.A. En esta última, su participación como accionista es menor, con 0,55% de la sociedad.

Sobre el contrato que suscribió entre la Corporación Venezolana de Comercio Exterior S.A. (CORPOVEX), como comprador, e Inversiones Ramaja Limitada, también hay una exposición. En el documento se señala que “el objeto del contrato es suministrar un millón de combos de alimento, señalando detalladamente lo que compone cada combo”

En los mismos términos que el contrato anterior, se pactó otro negocio entre las partes señaladas a fin de suministrar dos millones de combos de alimento. En esta oportunidad se pactó el precio del suministro en 52 millones novecientos veinte mil euros.

“Todas se hicieron desde el puerto de embarque en Valparaíso y hasta los puertos de desembarque La Guaira o Caracas, en Venezuela y cuentan con sus Documentos Único de Salida expedidos por el Servicio Nacional de Aduanas. Los productos despachados fueron: pastas, arroz, arveja azúcar, salsa de tomate, poroto hallado, harina de trigo, leche en polvo, mayonesa y atún en conserva”, dice el escrito.

En el escrito, además, indica que está dispuesto a entregar sus cuentas bancarias, teléfonos, documentos y toda su vida comercial.