En medio de los fuertes cimbronazos políticos que se generaron el debate del aumento de tarifas en el Congreso y tras la embestida opositora que solo por una banca no alcanzó el quórum necesario para discutir el tema, el bloque de senadores, que preside Miguel Ángel Pichetto, se sumó a la arremetida, en sintonía con los espacios del PJ no kirchnerista.

Bajo el título "Razonabilidad de las tarifas de servicios públicos", el texto de los senadores del PJ "dialoguista", presentaron su iniciativa en la Cámara alta y, se sumaron así, a los reclamos al Poder Ejecutivo por los incrementos de las tarifas, un tema de alta sensibilidad que logró acercar posturas entre todos los sectores opositores.

El proyecto propone que los aumentos "no excedan el coeficiente de variación salarial" y sean aplicadas siguiendo "una revisión gradual".

En los fundamentos de la propuesta, los senadores peronistas ratifican que "era necesario un incremento tarifario" pero "nunca en el sentido recorrido que aumentó exponencialmente las ganancias de la empresas del sector y tornó impagables la facturas para una cantidad muy significativas de los hogares argentinos".

Según la propuesta, las tarifas deben ser "justas y razonables" y "tendrán una estabilidad mínima de 24 meses, período durante el cual no se podrá incrementar el monto por ningún mecanismo de actualización tarifaria".

Además, establece que para el caso de las pymes o cooperativas se aplicarán tarifas cuyo aumento anual sea gradual, sustentable y no exceda el Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el Instituto de Estadística y Censos (Indec).

En cuanto a la tarifa social, la iniciativa del PJ propone crear el Régimen Nacional y Universal de Beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos, cuyo objetivo será establecer un cuadro tarifario diferencial para los servicios de suministro eléctrico residencial, gas natural por redes, y agua corriente, para los sujetos comprendidos en el régimen".

En el proyecto se crea el Registro de Beneficiarios de la Tarifa Social y se dispone que a quienes integren ese registro se les bonificará el 80 por ciento del precio del suministro eléctrico, de gas y agua corriente.

Además, plantean crear en el ámbito del Congreso la Comisión Bicameral de Seguimiento de Acciones del Estado para el control del cumplimiento del plan de inversiones establecidos en el marco del proceso de Revisión Tarifaria Integral dentro de la órbita del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).