Y es que, llegadas las pascuas, lejos podría decirse que en la Provincia la casa está en orden, ya que, debajo de su curtida y extensa alfombra, esta semana emergieron con fuerza y en cadena una serie de reclamos de trabajadores de organismos estatales, muchos de ellos de larga data, pero que tuvieron una marcada visibilidad por estos días en la capital bonaerense.

Incrementos salariales, pases a planta permanente, mejoras en las condiciones laborales y, en algunos casos, denuncias por maltrato, son planteos que golpean fuerte las puertas de muchas oficinas de la administración pública provincial, donde en algunos estamentos se están llevando medidas de fuerza y en otros se empezarían a contemplar en asambleas a partir del próximo lunes de no hallarse respuesta satisfactoria a estas exigencias.

Paro e inconvenientes

Uno de los conflictos más extensos se presenta en el Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires. Allí, a lo largo del último mes la situación se agudizó, pasándose de la retención parcial de tareas hasta la paralización total de las actividades. En desacuerdo con el cierre de las paritarias que selló un aumento que consideran insuficiente, los trabajadores de este organismo también exigen una mejora en sus condiciones laborales.

Viéndolo desde el otro lado del mostrador, con esta situación se mantienen todos los trámites inmobiliarios frenados: “En este momento nadie se puede mudar, escriturar una casa o pagar un inmueble porque los certificados no son expedidos y si hay un crédito pendiente el banco no puede entregar el dinero”, señaló el presidente del Colegio de Escribanos bonaerense, Jorge Mateo. Asimismo, se vieron afectados los beneficiarios del plan Procrear debido al atraso en las escrituras de terrenos, el otorgamiento de préstamos del Banco Hipotecario y la compra de los materiales necesarios para construir su vivienda.

Los Judiciales y el organismo imparcial

En lo que refiere a los judiciales bonaerenses, el pasado lunes rechazaron una nueva oferta del Ejecutivo provincial, la cual aumentó en cinco puntos la bonificación especial pero quitó parte de lo propuesto previamente para el básico. Aunque en esta oportunidad 4 de las 18 departamentales habían aceptado la propuesta, las diferencias en este sentido quedaron para discusiones internas y se mostró unidad en la movilización desarrollada el último martes hacia el Ministerio de Justicia y la Legislatura bonaerense en el marco del paro que se llevó a cabo tanto durante esa jornada como la del miércoles.

Desde la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB), su titular, Hugo Blasco, hizo hincapié en el rechazo al proyecto del Ejecutivo para la creación de un Tribunal imparcial que intermedie en conflictos entre el Estado y sus trabajadores, iniciativa que surgió al calor del paro docente y que tiene media sanción del Senado. Al respecto, Blasco comentó que el proyecto “es más de lo mismo”.

En este punto, desde ATE detallaron a NOVA que las objeciones a esa iniciativa surgen en aspectos como la permanencia de la conciliación obligatoria en manos del Ministerio de Trabajo, siguiendo como atribución de esa cartera el llamado a negociaciones. “El Estado sigue siendo juez y parte”, cuestionaron para remarcar que ese proyecto que pasó a Diputados para su tratamiento, fue confeccionado unilateralmente por el Ejecutivo, sin consulta ni consenso de las organizaciones gremiales.

Ante eso, desde diversos gremios se propone como contrapartida debatir un nuevo proyecto con la participación de los trabajadores para evitar “la creación de un organismo que lejos de significar un avance en la consagración de los derechos de los trabajadores sea una muestra de ‘gatopardismo’ que continúe con la conducta arbitraria de la patronal Estado provincial”, subrayaron desde la AJB.

Malestar de policías retirados

Pero los efervescentes reclamos no se quedaron ahí, sino que también alcanzaron al Ministerio de Seguridad. En ese lugar, un grupo de policías retirados se manifestaron en rechazo de la medida impuesta por el mandatario provincial que determina la reincorporación de efectivos al servicio activo con una carga laboral de 48 horas semanales, a cambio de una quita del 10% de su haber jubilatorio y el pago de una suma fija de $8500.

Mientras esta semana, y en el marco de la emergencia en seguridad pública, Scioli reincorporó a 300 efectivos (los 5000 anunciados en principio parecen quedar muy lejos), algunos retirados decidieron, en compañía del Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA), manifestar su descontento por esa determinación, considerando que el plus fijo a percibir sería alcanzado por el impuesto a las ganancias y que, por otro lado, no han sido incluidos en el aumento de diciembre pasado.

DAEO: Amenazas y persecución

También se registró un significativo foco de tensión durante la última semana en la Dirección Provincial de Automotores y Embarcaciones Oficiales (DAEO), donde los trabajadores cortaron una de las sedes de este organismo dependiente de la Secretaría General de Gobierno, denunciando maltrato, persecución y amenazas de despidos por parte de las autoridades.

IOMA: Reclamo y movilización

En tanto, otro de los organismos públicos provinciales que ha materializado en movilizaciones un extenso panorama de conflictividad ha sido el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Allí, trabajadores autoconvocados y nucleados en ATE realizaron una movilización exigiendo un aumento en las bonificaciones, el pase a planta permanente de 500 empleados y mejores condiciones de trabajo. Al parecer, en los próximos días los representantes gremiales tendrían una reunión con las autoridades para abordar estos planteos.

En este contexto, y mientras la ingeniería de campaña del gobernador se aboca a apuntalar políticas pensando en la Casa Rosada, las fisuras presentadas en distintos puntos de la estructura estatal provincial han confluido esta semana en una grieta que, de no repararse con respuestas concretas, puede tender a crecer en su dimensión.