La Justicia Federal le puso una carátula provisoria a la causa por la obra de cloacas del Barrio Butaló que realizó la empresa Jubete. Las irregularidades aparecieron por los problemas que tenían los vecinos en sus domicilios y se detectó que no se habían realizado conexiones domiciliarias.

En esa carátula están mencionados el actual director general de Obras Públicas, Daniel Ucciardello (exsecretario de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano de Santa Rosa en la gestión de Luis Larrañaga) y el asesor Nicolás Echavarría (exdirector de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Santa Rosa).

Además están los nombres de Adolfo Bruno (inspector de la obra) y de Mario Giandón (el ingeniero de la empresa Jubete).

Precisamente, Echavarría es uno de los profesionales que están a cargo del asesoramiento al Gobierno Provincial para delinear las obras que se requieren para reparar la zona del Barrio Butaló.

El asesor legal de la Municipalidad de Santa Rosa, Claudio Pérez de la Prida, informó que “nos presentamos como querellantes. Creemos que hay un daño al patrimonio de la Municipalidad, más allá de lo que fue el pronunciamiento de la Justicia Civil. Ahora estamos esperando que nos acepten”.

La denuncia inicial se hizo en la Justicia ordinaria. La presentó el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola. El juez de Control Nicolás Casagrande declaró -después de tener la causa nueve meses- la incompetencia de la Justicia ordinaria provincial para investigar las irregularidades cometidas en la obra de cloacas del Barrio Butaló. Dijo que la competencia es de la Justicia Federal porque los fondos eran del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento).

La declaración de incompetencia se produjo en julio de 2017, después que la pidiera el fiscal Máximo Paulucci. La denuncia la realizó la FIA en el mes de noviembre de 2016.

La actual carátula adquiere importancia por los datos que contiene la causa de la Justicia ordinaria.

En esa declaración de incompetencia, el juez Casagrande admitió que la causa ya tenía delitos y personas que podían ser imputadas. “Llegado a este punto, delimitadas las conductas presuntamente ilícitas, su posible calificación legal y quienes serían aquí los sospechosos, el avance importaría necesariamente el sometimiento a proceso efectivo a través de declaraciones de imputados, formalización ante la Judicatura del pedido de prueba con carácter jurisdiccional y ante el convencimiento de esta parte de la incompetencia material propia y del Juzgado de Control se afectarían garantías de raigambre constitucional toda vez que se encontraría en juego la garantía del juez natural respecto de los sospechosos, no pudiendo por otro lado delimitarse conductas de funcionarios nacionales y provinciales a efectos de desdoblar la misa, toda vez que la afectación de las rentas nacionales resulta inescindible de la maniobras delictivas en su conjunto”, dijo.

Agregó el juez Casagrande: “La acción típica que encuadra de manera probable en la acción que debiera endilgarse en este caso es la prevista en el artículo 174 inc. 4 del Código Penal o alternativamente la del artículo 174 inc 5 del Código Penal”. Habla de “estafas y otras defraudaciones”.

El fiscal Máximo Paulucci, en su pedido de incompetencia, también señaló que estaban delimitados los delitos y que había sospechosos. “Surge de lo actuado y sustanciado incluso por el querellante, municipio de Santa Rosa, con abundantes informes y documentales que la empresa Jubete a cargo de la obra aludida no ejecutó o ejecutó parcialmente la obra pública, habiendo percibido la totalidad del pago estipulado, manipulando para ello las certificaciones de avance de obra, todo lo cual no habría sido posible si los responsables de los controles hubieran desarrollado las tareas a las que estaban obligados por su función”.

Además señaló: “El perjuicio económico resulta notorio, no solo de advertir ello, sino de las obras adicionales que esta acción provocó y seguramente provocará atento los daños ocasionados en los bienes (inmuebles particulares, incluso pudiendo afectar la salud de los habitantes”.

Con estos elementos, la Justicia Federal caratuló la causa. Ahora debe definir si acepta a la Municipalidad de Santa Rosa como querellante. La competencia aún no fue informada.