La petrolera estatal YPF afronta un nuevo conflicto en la Justicia de losEstados Unidos, donde buscan que se haga cargo de los daños ambientales que provocó la firma Maxus en las décadas del 50 y del 60 en ese país y le reclaman la colosal cifra de 14.000 millones de dólares, más del doble de su valor bursátil. 

“La causa no es por un daño ambiental que generó YPF. Cuando compramos Maxus, la empresa que había contaminado no era más de Maxus”, advirtieron desde la petrolera estatal ante la consulta de este diario.  

 

El reclamo fue iniciado ante la Corte de Quiebras del Distrito de Delaware de los Estados Unidos, en el marco de la disolución de la firma Maxus Energy Corporation, que YPF compró en 1995 (por 762 millones de dólares) y que arrastra una histórica demanda por daño ambiental. 

 

Para entender cómo llega la demanda hasta YPF, se debe desglosar el complejo entramado corporativo: todo se originó a mediados del siglo pasado, en la planta de pesticidas Diamond Alkali en la ciudad Newark, en Nueva Jersey. Allí, según la denuncia civil que impulsó el Estado local, se vertieron en el río Passaic productos cancerígenos entre las décadas del 50 y del 60. 

 

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Puntualmente se habla de Dioxin, uno de los mayores contaminantes del mundo, que en las instalaciones de Diamond Alkali utilizaban para elaborar el defoliante Agente Naranja, químico que las tropas de los Estados Unidosarrojaron en la Guerra de Vietnam. 

Con el tiempo, Diamond Alkali pasó a llamarse Diamond Shamrock y fue adquirida por Tierra Solutions, una subsidiaria de Maxus. En los 80, Maxus se la vendió a Occidental Petroleum Corporation (Oxy). La denuncia por contaminación se resolvió en 2012, cuando la Justicia falló en contra de Maxus y Tierra.  

Y la historia sumó un nuevo capítulo cuando Oxy le reclamó la quebrada Maxus que se haga cargo de la multa que aplicó la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para sanear el río Passaic. El costo de limpieza se calculó oficialmente en alrededor de 261 millones de dólares por kilómetro. 

Finalmente, el Fideicomiso de Liquidación de Maxus Energy Corporation (a cargo del proceso de quiebra que iniciaron las autoridades de YPF en junio de 2016) decidió transmitirle la responsabilidad a la petrolera estatal argentina.  

A través de un comunicado que enviaron a la Bolsa, desde YPF aseguraron “no han causado contaminación ambiental alguna asociada al río Passaic ubicado en Nueva Jersey ni en ningún otro sitio relacionado con dicha adquisición”. 

En YPF, las novedades se conocieron el pasado miércoles, cuando llegaron las notificaciones a dos de sus subsidiarias, YPF Holdings y CLH Holdings. El reclamo ahora asciende hasta los 14.000 millones de dólares y especialistas del sector advirtieron que la cifra es “irrisoria”, teniendo en cuenta que el valor financiero de la empresa estatal no supera los 6.000 millones de dólares.  

Ahora, la compañía argentina adelantó que, en caso de ser notificada válidamente, se defenderá “de cualquier acusación de que las operaciones corporativas referidas en el reclamo, las cuales se realizaron de acuerdo a las normas de gobierno corporativo y demás normativa aplicable, hagan responsable a YPF ante Maxus o sus acreedores”. 

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Esta multimillonaria demanda que afronta YPF, se suma a la del fondo Burford, que le reclama unos 3.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera. 

Un tribunal de Nueva York resolvió a principios de julio de este año que este proceso debe continuar en Estados Unidos y no en la Argentina. De esta manera, se quedaron sin efectos las gestiones del gobierno para importar la causa y definirla en la Justicia local.

Bolivia reclama deuda por compra de gas 

Una polémica se desató entre Bolivia y Argentina por una deuda de 256 millones de dólares del gobierno de Buenos Aires por el gas boliviano y por nuevos volúmenes que solicitó el gobierno de Buenos Aires.

El presidente de la petrolera boliviana YPFB, Oscar Barriga, afirmó que Argentina “incumple los compromisos de pago estipulados” en un contrato de compra-venta de gas y que la estatal argentina Enarsa le adeuda más 256 millones de dólares.

En un comunicado precisó, que la deuda corresponde a los pasados meses de abril y mayo. Bolivia suministra un promedio de 17 a 18 millones de metros cúbicos diarios de gas natural (mmcd).

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“Considerando que Argentina no está cumpliendo con sus obligaciones y de continuar esta situación, como YPFB evaluaremos las acciones a seguir, porque como empresa estatal tenemos la obligación de precautelar el cumplimiento de todas las responsabilidades contractuales”, afirmó Barriga.

El embajador argentino, Normando Alvarez, señaló que su país pagará la deuda, aunque dijo que el retraso se debió por el cambio de la razón social de Enarsa, la estatal de energía argentina, a Integración Energética Argentina SA (Ieasa).

“Entonces alguien tiene, aunque parezca mentira, hacer todos los cambios formales de la razón social y esa es la causa principal del no pago del gas de estos meses”, dijo el diplomático, entrevistado en el diario La Razón de La Paz.

El embajador también confirmó que su país solicitó aumentar los volúmenes de gas en invierno, la época de mayor demanda, aunque no tuvo una respuesta oficial de Bolivia.