El traspaso de Aysa, las distribuidoras Edenor y Edesur, y los subsidios a las tarifas del transporte significan unos 100.000 millones de pesos, un 25 por ciento del ajuste que impuso el organismo internacional.

Martín Insaurralde contra el traspaso de AYSA a la provincia de Buenos Aires: "Es una irresponsabilidad absoluta" https://t.co/U2JcVpbnVa pic.twitter.com/vin1Hus3lN

— infobae (@infobae) 9 de junio de 2018

La polémica la abrió el cordobés Juan Schiaretti: el gobernador postuló que las empresas eléctricas y AySA prestan servicios al Conurbano y a la Ciudad de Buenos Aires, y que su presupuesto y subsidios surgen de las arcas nacionales. Asimismo, elaboró un estudio en el que muestra que, a través de la SUBE, los porteños y bonaerenses reciben del Estado nacional el 96,4 por ciento del beneficio, mientras que el resto de las provincias recibe el 3,51 por ciento.

El traslado de Aysa, en tanto, representaría para la provincia un costo de 15 mil millones y para la Ciudad de alrededor de la mitad de esa suma. En rigor, lo que analiza la Casa Rosada es mantener la empresa en la esfera nacional pero recibiendo esos aportes de la provincia y la Ciudad.

"Sería una locura que el mismo Gobierno que nos prometió 40 mil millones, ahora nos pasen un déficit incluso superior a esa cifra", se quejan en el gabinete bonaerense en referencia a sus pares de la Nación.

En ese marco, Vidal eligió por ahora una vía indirecta para enfrentar a la Casa Rosada. Le pidió a los intendentes que salgan a defender a la provincia y se planten frente al traspaso de los servicios. "Es una irresponsabilidad absoluta generar esta transición sin un esquema de recursos claros para hacer frente a las inversiones que requiere el servicio", dijo el lomense, al recoger el guante.