En el plazo de dos semanas, el Gobierno de Córdoba planteará sus argumentos ante la Corte de Suprema de Justicia, que tiene en estudio una decisión de fuerte impacto financiero para todas las jurisdicciones: fallar sobre el reclamo de la provincia de Buenos Aires respecto del reparto de los recursos del Fondo del Conurbano Bonaerense.

La gobernadora macrista María Eugenia Vidal lleva adelante una demanda judicial que cuenta con la venia del presidente Mauricio Macri.

En juego hay unos 56 mil millones de pesos que podrían terminar en las arcas bonaerenses.

El resto de los gobernadores temen que si la Justicia termina dándole la razón a Buenos Aires, sus ingresos se vean reducidos significativamente. Córdoba calcula una poda anual de unos 7 mil millones.

Buenos Aires hoy sólo recibe 650 millones por un tope fijado por otra ley. La inconstitucionalidad de esa medida es la que denuncia Vidal.

Ante este escenario, el miércoles pasado, 18 gobernadores y tres vicegobernadores se reunieron en la Capital Federal para dar una señal contundente al Gobierno nacional y al máximo tribunal argentino de que el asunto está al tope de sus agendas de gestión.

El gobernador Juan Schiaretti volvió a tener un rol destacado entre sus pares. El próximo paso es que cada provincia deje sentada su postura ante la Corte.

Por eso, antes de fin de mes, todas las jurisdicciones presentarán sus posicionamientos en contra de perder recursos coparticipables si es que, como muchos mandatarios creen, la razón le será reconocida judicialmente a Vidal.