El pasado lunes, los consejeros de la Magistratura de la Ciudad Gisela Candarle, Laura Grindetti, Horacio Corti, Daniel Fábregas, Juan Manuel Olmos y Sebastián De Stéfano, presentaron una propuesta en respuesta a las demandas de los delegados gremiales de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación Seccional 2 (UEJN) y de la Asociación de Empleados Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (AEJBA), y también, de los representantes de los magistrados y funcionarios porteños nucleados en el Colegio de Magistrados y la Asociación MAFUCABA.

A los numerosos reclamos de los trabajadores judiciales, los consejeros respondieron con una propuesta concreta de eliminación del Adicional Incentivo al Personal (10%) y su incorporación al básico salarial, y la incorporación a la planta permanente de los contratados que se encuentren en condiciones de ser efectivizados, especialmente los que se encuentran amparados bajo el régimen vigente de discapacidad (a tal fin, accedieron a la creación de una comisión conjunta, integrada por representantes gremiales y del Consejo de la Magistratura que, este año, comenzará a trabajar en el estudio de los casos a resolver).

Ante la propuesta realizada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad a los empleados de la justicia porteña, los dos gremios que agrupan a los judiciales respondieron con posiciones antagónicas.

La organización adherida a la Federación Judicial Argentina (FJA) y a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), se declaró en estado de asamblea permanente y convocó a realizar este viernes el noveno paro desde el inicio del conflicto, “como consecuencia de la insuficiente propuesta salarial formulada por el Consejo de la Magistratura tras dos meses de silencio, la cual ha sido calificada como ‘insultante’ por la AEJBA ya que la misma sólo satisface a los intereses de los funcionarios y jueces, provocando indignación en los trabajadores judiciales”.

“Se pudo constatar que la propuesta del Consejo de la Magistratura hacia los gremios y los representantes de los magistrados y funcionarios fue la siguiente: incorporación del adicional ‘Incentivo al Personal’ al sueldo básico lo cual implica un aumento de bolsillo de entre el 1,9% y el 3,5%, comprendiendo esta medida a todas las categorías; mientras que también para los funcionarios y magistrados se propone una reducción de 4 a 3 años en el requisito para el cobro del adicional ‘Permanencia en el Cargo’, lo cual representa una mejora del 10% en los ya altos salarios de esas categorías, que incluso en el caso de los Secretarios de 1era. Instancia llegaría al 21% de incremento por un reajuste salarial que les otorgaron a espaldas de los trabajadores en el mes de septiembre. Dicha propuesta, los Consejeros la condicionaron no sólo a la suspensión de las medidas de fuerza, sino también a obtener las partidas presupuestarias necesarias ante la Legislatura Porteña y a que la Administración conjunta del Ministerio Publico de la Ciudad también la acepte”, expresa un comunicado firmado por el secretario General de AEJBA, Gustavo Sacco.

Diferente fue la respuesta desde el gremio que integra la CGT, ya que si bien la UEJN Seccional 2 anunció la celebración de asambleas la semana próxima, informó que “existe consenso en la Comisión Directiva de la Seccional de acceder a la tregua propuesta hasta el 24 de noviembre”, fecha que los consejeros pidieron como plazo ya que hasta entonces se estará negociando el presupuesto.

El gremio encabezado por Vanesa Siley y Juan Manuel Rotta, sostuvo también que, más allá de la tregua, se insistirá en el “planteo relativo a que la reducción en un año del cómputo de la permanencia en el cargo de magistrados y funcionarios se refleje en idéntica reducción para el caso de los empleados, esto es, de 3 a 2 años pero, en este caso, manteniendo el actual tope del 100%”.

“Consideramos que, esta vez, la respuesta recibida de parte del órgano administrador del Poder Judicial, si bien no cubre todas nuestras expectativas, ha sido razonable y acorde con la realidad política de un fin de 2011 en que prácticamente ningún sector se encuentra negociando aumentos salariales de naturaleza alguna y, mucho menos, logrando el visto bueno de los sectores patronales para la incorporación a planta permanente de personal contratado. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que este gremio no levanta las medidas de fuerza en curso, sino que, frente a un planteo racional de parte del poder administrador, acepta suspenderlas por el transcurso de ocho días hábiles con la finalidad de facilitar una negociación presupuestaria que es condición de posibilidad para la obtención de nuestros reclamos”, detalla la Unión de Empleados Judiciales.

Los reclamos, los mismos. La propuesta, una sola. La respuesta gremial, bien diferente.