En declaraciones a radio América, Costa recordó que en mayo se habían dispuesto subas "desproporcionadas e injustificadas" en los precios de medicamentos, por lo cual el gobierno ordenó que se retrotraigan.

"Lamentablemente los laboratorios decidieron romper el esquema que se había establecido en marzo, de seguimiento de los valores en conjunto con la Secretaría de Comercio", dijo el funcionario.

Destacó que se trata de "una industria muy poderosa, que tiene gran capacidad de presión e incluso se jacta de haber volteado gobiernos, como el caso de (el ex presidente Arturo) Illia".

El secretario señaló que con el sector farmacéutico se trabaja ahora "para que tenga una rentabilidad razonable".

El 24 de junio, la Secretaría de Comercio dispuso retrotraer los precios de venta de todos los medicamentos a los valores vigentes al día 7 de mayo de 2014 mediante la Resolución 90/2014, y determinó su mantenimiento durante un período de 60 días corridos.

Asimismo, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dispuso remitir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) los antecedentes de la norma, a fin de que proceda a investigar si esas subas "podrían configurar una práctica restrictiva y/o distorsiva de la competencia".

La medida tuvo desde un principio el apoyo del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos que considera que "los medicamentos son bienes esenciales y tienen que estar disponibles para el pueblo, y no con los precios abusivos que aplican los laboratorios".

El titular del sindicato, Marcelo Peretta, dijo que "los laboratorios son muy poderosos, están acostumbrados a hacer lo que quieren. Por eso tienen que hacer instrumentos resolutivos, porque después se cartelizan a la hora de aumentar los precios".

En cambio, las tres cámaras que agrupan a los principales laboratorios del país resistieron la medida y anunciaron la decisión de "recurrir" la medida ante la justicia.

"Estas medidas, además de sorpresivas, arbitrarias e ilegales, esconden las verdaderas raíces del problema, que ciertamente no residen en la industria farmacéutica. Las actuales circunstancias nos obligan a recurrir ante la Justicia para defender nuestros derechos, las fuentes de trabajo y el sistema de salud", dijeron en un comunicado conjunto CAEME, COOPERALA y CILFA, las principales cámaras del sector.

Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que se aplicarían "todas las sanciones" que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto.

En tanto, el 25 de junio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de su cuenta en la red social Twitter, se preguntó si el aumento de precios significaba "libre competencia o maniobra formadora de precios (cartelización)? Perjudicando, como siempre, a usuarios y consumidores".

"Apelando a la Ley de Abastecimiento ordenamos retrotraer precios de todos los medicamentos de venta con receta a valores del 7 de mayo por 60 días", agregó la Presidenta.

En esos primeros días de vigencia de la regulación, la Secretaría de Comercio constató una serie de incumplimientos por parte de laboratorios y farmacias y advirtió que se aplicarían multas de hasta 1 millón de pesos a esta industria que facturó por 27.000 millones de pesos el año pasado.

Una semana después de dispuesta la medida, Costa dijo que los laboratorios habían adherido en su mayoría a la decisión de retrotraer los precios de los medicamentos y que por lo tanto ya se registraba "una baja en los valores respecto de los anteriores al acuerdo".

En esa ocasión, recordó además que "la ley establece que los médicos deben recetar la droga y no la marca comercial, para que en la farmacia (el consumidor) tenga diferentes alternativas".