Desde el organismo consideran que la decisión del ejecutivo podría afectar las fuentes laborales de los trabajadores cooperativistas y las actividades que allí se realizan.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el veto del Poder Ejecutivo bonaerense sobre las leyes que declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación diferentes inmuebles en los cuales, en la actualidad, funcionan asociaciones civiles sin fines de lucro y cooperativas de trabajo.

Lorenzino consideró que los Decretos Nº 39/17, 40/17, 41/17, 42/17 y 43/17 “afectan infundadamente derechos de raigambre constitucional de los habitantes de la Provincia nucleados en las Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro”.

En ese sentido, Lorenzino reivindicó la función social de la propiedad basándose en la constitución argentina de 1949 y tal como lo destaca el Pacto de San José de Costa Rica.

Desde el organismo consideran que la decisión del ejecutivo podría afectar las fuentes laborales de los trabajadores cooperativistas y las actividades que allí se realizan.

El defensor le recomendó a la gobernadora que evalúe los vetos que se formulen a los proyectos de ley remitidos por la Legislatura en el marco de su razonabilidad, teniendo en consideración las previsiones de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), relativas al interés social de la propiedad.