Un juez de primera Instancia hizo lugar a un amparo del gremio judicial "3 de Julio" de Santa Cruz, contra el gobierno de Alicia Kirchner, y le ordenó que envíe al Poder Judicial las partidas para el pago a sus empleados de los sueldos de marzo.

El Juez de Primera Instancia, Francisco Marinkovic, hizo lugar a un amparo del gremio judicial "3 de Julio" de Santa Cruz, contra el gobierno de Alicia Kirchner, y le ordenó que envíe al Poder Judicial las partidas correspondientes para el pago a sus empleados de los sueldos de marzo y que realice los aportes correspondientes, se informó este jueves.

 

El Juez considera que "no se ha exteriorizado una situación de emergencia" o que "transparentado el movimiento de las cuentas públicas y establezca una modalidad distinta en el reparto de los fondos", según surge del fallo notificado el miércoles a las partes y al que tuvo acceso Télam.

 

El pronunciamiento judicial apunta también a la falta de información pública sobre las cuentas del Estado y considera que ello "atenta directamente contra el derecho de los ciudadanos de conocer los actos de gobierno y su causa, de modo de poder ejercer efectivamente su derecho a reclamar o peticionar a las autoridades".

 

Marinkovic advirtió al Poder Ejecutivo que "en caso de no adecuar su actuación a lo ordenado, a partir del día siguiente de su notificación, aplicará una sanción pecuniaria y acumulativa, por cada día de demora, de 25.000 pesos.

 

El Gremio Judiciales "3 de Julio" de Santa Cruz, que presentó el amparo, consideró que la decisión judicial representa "un gran avance en el camino de reconocer, respetar y cumplir con derechos tutelados por la Constitución Nacional como el derecho al salario", además de sentar "un precedente" a favor de los trabajadores.

 

"El fallo no significa que mañana va a salir la plata, pero que un Juez legitime nuestro reclamo y jurídicamente nos dé la razón, aclara toda duda respecto de por qué insistimos y reclamamos", dijo a Télam María José Butterfield, secretaria de prensa de la entidad gremial.

 

Los judiciales realizan retención de tareas desde el año pasado, en demanda del pago de sueldos atrasados y actualmente continúan sin cobrar los haberes del mes de marzo, por lo que desde mediados de ese mes la medida se transformó en un paro por tiempo indeterminado.

 

Los judiciales mantienen desde el 29 de marzo último una carpa ante el Tribunal Superior de Justicia, en reclamo de la vigencia del régimen salarial fijado en la paritaria de 2009 e interrumpido en febrero "en forma unilateral" por ese Cuerpo.

 

Un reclamo similar realizan los jubilados que se consideran damnificados por la decisión de pagarles hasta un tope de 40.000 pesos, quienes esta semana radicaron una denuncia ante el INADI, donde acusan a la gobernadora de discriminación, y mantienen una carpa instalada frente a la Caja de Previsión Social.

 

Del resto de los empleados públicos hasta ahora han percibido sus salarios de marzo los de las categorías más bajas del escalafón.