En el año 2009, el gobierno de Cristina Fernández presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley de rimbombante título: “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”. La nueva Ley, junto con otras reformas, introdujo la modalidad de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para seleccionar las candidaturas a cargos nacionales.

Que sea ahora la ex presidenta Cristina Fernández la que eluda participar en una interna en el partido político al que está afiliada, muestra la dificultad práctica de imponer como una obligación legal lo que, tal vez, debiera ser una opción voluntaria.

El sistema de las PASO es un mecanismo que obliga a todas las agrupaciones políticas a seleccionar a los candidatos a ocupar cargos públicos electivos nacionales mediante elecciones primarias que se deben celebrar en forma simultánea en todo el territorio nacional, en un solo acto electoral, con voto secreto y obligatorio, aún en el caso en que en un partido se presentara con una sola lista.

Son “abiertas” porque cualquier ciudadano, con independencia de que esté o no afiliado, debe participar. Son “simultáneas” porque la elección tiene lugar un mismo día para impedir que los partidarios de una opción participen en la interna de otro partido. Y finalmente son “obligatorias” tanto para los partidos políticos que pretendan competir en las elecciones como para todos los ciudadanos empadronados.

Esta última característica, es decir su carácter compulsivo, es lo que ha sido más discutido y diferencia a las primarias argentinas de algunos países latinoamericanos donde se celebran estas primarias pero bajo participación voluntaria.

La reforma de 2009 no fue una novedad. En el año 2002 ya se había sancionado una Ley de internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos (aunque con voto optativo para los ciudadanos), aunque su aplicación había quedado suspendida en las elecciones de 2003 y en 2006 la norma fue derogada.

La Ley de 2009 pretende evitar situaciones de atomización de los partidos, tal como había acontecido en el año 2003 cuando se presentaron 18 frentes electorales. En esa elección el candidato que recibió más votos en la primera vuelta fue Carlos Menem, con apenas 24,45% y renunció a favor de la segunda fuerza liderada por Néstor Kirchner, quien obtuvo 22,25%.

También, supuestamente, la Ley de las PASO perseguía objetivos más ambiciosos. Según los fundamentos de la norma, se pretendía “consolidar la democracia en el interior de los partidos políticos”, dado que “estas organizaciones siempre corren el riesgo de generar y perpetuar cúpulas poco representativas de sus bases por lo que la renovación en el seno de los partidos políticos y en la selección de sus candidatos debe ser una tarea activamente buscada por toda la sociedad y por la legislación electoral y partidaria”.

Cuando se dictó la Ley 26.571 que estableció las PASO, la discusión versó sobre si era razonable la participación de cualquier ciudadano en la elección del candidato de un partido al que no estaba afiliado y, junto con ello, si esta participación debía ser obligatoria.  Entre los defensores de la obligatoriedad del sistema se argumentó que ello iba en consonancia con la obligatoriedad del sufragio universal establecido en la Constitución Argentina para las elecciones generales. En el fondo, se introducía una dosis de paternalismo gubernamental, para reforzar la institucionalidad ante la eventual reticencia de los ciudadanos a participar.  Como refieren los fundamentos de la Ley, “la condición de obligatoriedad del voto posibilita que una proporción importante del electorado se involucre y, por otra, imprime de representatividad y legitimidad a los precandidatos electos por cada agrupación política”. Este aspecto es precisamente el que diferencia a las PASO del modelo uruguayo, donde la participación es voluntaria.