a segura quiebra de Oil Combustibles S.A (OCSA) tendrá un devastador efecto para todo el Grupo Indalo y provocará un enorme agujero cercano a los $25.000 millones a modo de pasivo global acumulado por el holding creado por Cristóbal López durante los años de gobierno kirchnerista. La cifra surge de sumar los $21.000 millones que la justicia le reclama a la petrolera junto con otros $4.000 millones que se reparten varias de las otras empresas propiedad de Indalo y entre las que se destacan la constructora CPC, los medios de comunicación y la productora de soda caústica Alcaliz de La Patagonia.

Para tener una dimensión del monto que Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa acumulan en un 90% con la AFIP, el monto es sólo $5.000 millones inferior a los $30.000 millones de gastos en obra pública que el Gobierno reducirá este año para achicar el déficit fiscal y que fue anunciado la semana pasada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La cifra también es similar al dinero que se negocia en un día de cotizaciónde las acciones de las empresas que participan en la rueda de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

Ahora, la justicia deberá intentar la recuperación de la deuda, algo que luce complicado si se tiene en cuenta que el default de OCSA arrastrará al resto de las empresas debido a que la petrolera es el principal activo y a su vez accionista mayoritaria del grupo del cual también es socio Fabián De Sousa -hoy preso en la cárcel de Marcos Paz, mientras que Cristóbal López está detenido en el penal de Ezeiza-.

Con la "renuncia" del grupo holandés Trafigura al plan de salvataje de Oil que había presentado ante el Juzgado Comercial Nº 5, a cargo de Javier Cosentino, el futuro inevitable para la compañía petrolera es la quiebra. Se supone que el juez Cosentino anunciará oficialmente esta decisión en los próximos días y luego buscará poner en venta sus activos para poder recuperar parte de la deuda que acumula la compañía, mayormente con la AFIP.

Se trata de un pasivo que se divide entre pre concursal y post concursal. Es decir, entre el generado antes de que el juez Cosentino decretara la apertura de su concurso preventivo de acreedores, y el que siguió acumulando luego de esa decisión.  En ambos casos, el ente fiscal es el más perjudicado. Reclama $19.000 millones como deuda pre concursal, entre capital, intereses y punitorios, y otros $2.000 millones como pasivo post concursal. Es decir, en total $21.000 millones.

En realidad, la deuda original llegaba a los $8.000 millones y se generó debido a una maniobra llevada a cabo por López y De Sousa para usar los fondos del impuesto a la transferencia de combustibles para apalancar el crecimiento de Indalo. Si bien el dinero debía ser transferido por Oil a las arcas de la AFIP, los empresarios K lo usaron para financiar la compra de nuevas empresas que sumaron al paraguas de su grupo, en el cual también conviven medios de comunicación, compañías constructoras, fabricantes de alimentos, autopartistas y hasta la mayor productora de carbonato de sodio de América latina.

Al no haber recibido durante años el dinero, la AFIP radicó una denuncia contra los dueños de Indalo por defraudación y estafa, causa que es la que llevó a López y De Sousa a la cárcel. También provocó la crisis de Oil, que hoy se encuentra con su refinería de la localidad santafesina de San Lorenzo paralizada, su red de estaciones de servicio cambiando de marca y su puerto sin operaciones, además de 400 empleados con el futuro laboral incierto.

El largo camino a la quiebra

En el marco del concurso preventivo y luego de haber fracasado la gestión del fondo OP Investments y de haber designado interventores en la petrolera, el juez Cosentino apostó por la figura jurídica de cramdown para evitar la quiebra tanto del grupo como de la compañía petrolera. Al salvataje solamente se presentó la filial local del grupo holandés Trafigura que le acercó al magistrado un plan para recuperar Oil y saldar su deuda. Sin embargo, ante la inflexibilidad de la AFIP para permitir la cancelación del pasivo en cuotas, los dueños de la marca Puma Energy optaron por retirar su propuesta.

Esto abrió la puertas para que ahora Cosentino pueda decretar la quiebrade Oil y permita el desguace de sus bienes y activos para que sean ofrecidos en el mercado con el fin de recaudar la mayor cantidad de fondos que serán usados para saldar toda o parte de esa deuda por $21.000 millones. Sin embargo, la petrolera no es la única empresa de Indalo al borde del default, además de ser la dueña de la mayor parte del capital del holding.

En el mismo camino se encuentra CPC, la constructora de Indalo que la semana pasada también entró en concurso preventivo de acreedores, con un pasivo mayor a los $750 millones que le reclama el Estado por haber cometido una maniobra similar a la de Oil con el impuesto a los combustibles. Está denunciada en su carácter de accionista mayoritaria de la sociedad que operaba la concesión de la autopista Ezeiza- Cañuelas. 

Según Vialidad Nacional, nunca hizo los aportes en recursos de asignación específica (RAE), instrumento que se nutre con pagos de los concesionarios a través de una porción de la recaudación de los peajes, y que se transfiere al organismo estatal.

La empresa deja además en el camino una gran cantidad de importantes obras de infraesctura que se había adjudicado tanto en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, como durante la gestión de Mauricio Macri. Pero luego de las denuncias, la actual administración decidió rescindirle todos los contratos que suman otros $500 millones.

Del mismo modo, la empresa Alcalis de la Patagonia (ALPAT), la única de Sudamérica productora de carbonato de sodio y también propiedad de Indalo, está al borde del cierre. La firma, controlada desde el 2006 por López y De Sousa, es proveedora de una materia prima clave para la fabricación de una amplia gama de artículos usados en la vida diaria, desde vidrio (vasos, botellas, ventanas), hasta la potabilizacióndel agua, pasando por jabón en polvo y papel. Incluso llegó a exportar sus productos a Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Pero terminó arrastrada por la crisis de Indalo y viene perdiendo negocios, su personal no cobra a tiempo y su producción es cada vez menor. También fue afectada por la suba de la tarifa del gas y su personal busca una alternativa política para evitar su cierre, con un pasivo abultado que ronda los $450 millones.

Hace un par de semanas, representantes de los trabajadores de esta compañía a Buenos Aires para exponer la crisis ante las comisiones de Industria y de Energía de la Cámara de Diputados, aunque regresaron a su provincia sin mayores soluciones dejando abierta la posibilidad de un eventual cierre de ALPAT.

En el caso de los medios de comunicación bajo el paraguas de Indalo, se encuentran con el concurso preventivo abierto desde hace ya un par de meses, con un pasivo superior a los $2.200 millones. 

El juez Cosentino fue abriendo los procesos concursales de a uno. El primero fue para la productora Ideas del Sur, que Indalo compró a Marcelo Tinelli en 2014 por u$s40 millones. Luego fue el turno de la sociedad a cargo de lasradios 10, Mega y POP, y el canal de noticias C5N. Es decir, Telepiu S.A. (C5N); Votionis S.A. (Radio 10 y Mega), Imagen Radial S.A. (Radio One), Dh Com S.A. (Radio Pop), Radio Productora 2000 S.A. (Radio Vale); Pensado para Televisión (PPT) e IGD S.A. (Diario El Patagónico).

Todavía lograron evitar el concurso preventivo Editorial Amfin S.A. (Ambito Financiero), Nefir S.A. (Ambito.com), Real Time Solutions S.A. (Diarioregistrado.com). Hasta ahora, los medios siguen operando aunque abonando los sueldos de su personal de manera interrumpida y con imporantes deudas a sus acreedores.  

En este negocio, el Grupo America, de Daniel Vila, José Luiz Manzano y Claudio Belocoppit, le presentó al juez Cosentino una oferta para adquirir las radios y el canal de noticias, prometiendo aportar hasta $300 millones para dotarlo de liquidez y recuperar su situación económico-financiera. Sin embargo, hasta ahora, el magistrado evitó dar una respuesta.