“Es conocido que el trabajo de los profesionales de la salud en particular en lo vinculado a la atención que los mismos hacen de afiliados a las obras sociales, es pagado con retraso circunstancia atribuible muchas veces a los propios procesos administrativos expresó el concejal Carlos Suarez (UCR-Cambiemos), autor de la declaración.

Suarez menciono que “Esta circunstancia es conocida por los profesionales a los cuales, por ejemplo a los prestadores de servicios para discapacidad domiciliarios que mencionamos en el proyecto, la obra social del estado le plantea el pago a 60 días desde la presentación de la correspondiente factura”.

“Esta razón que ya de por si presenta márgenes de injusticia, es incluso, si se quiere entendida como parte de la dinámica del trabajo, pero la cosa tomo otro color cuando los retrasos son de 5, 6 o más meses (en algunos casos 9 meses), ya que así los montos a percibir no solo sufren las consecuencias de los procesos inflacionarios, sino que además no estaría entrando en la categoría de salario u honorario sino que es casi un ahorro forzoso”, dijo.

Por último Suárez remarcó que “Capítulo aparte es la atención que reciben estos profesionales en la obra social, en su peregrinar por lograr el pago, donde nos expresan que muchas veces son objeto de malos tratos o falta de información por parte del personal de la obra social, esta circunstancia por supuesto deben ser puestas de manifiesto a los fines de avanzar en mecanismos que las resuelvan, para estos profesionales pero para todos en general”.