La provincia interviene en el conflicto de Naranpol

En un intento por acercar las partes y destrabar el conflicto en la empresa Naranpol —que ya lleva varios meses— el ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a los trabajadores y a los representantes de la firma santafesina...

En un intento por acercar las partes y destrabar el conflicto en la empresa Naranpol —que ya lleva varios meses— el ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a los trabajadores y a los representantes de la firma santafesina a una audiencia de conciliación para el próximo jueves, a las 11, en la sede local de Trabajo.

Desde la cartera laboral de la provincia se mostraron muy preocupados por la situación que afecta a 500 trabajadores santafesinos, aunque la problemática involucra a 800 si se toma en cuenta todo el país.

Es que ayer el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Industria de Agua Gaseosas y Afines (Sutiaga), junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (Fataga), presentó una denuncia penal por lock out patronal, donde se advierte sobre el cierre de la productora de gaseosa por la decisión de los dueños de la empresa y tras el vaciamiento de la firma.

Si bien actualmente los trabajadores llevan adelante un bloqueo en las plantas de Naranpol y en los centros de distribución de todo el país, desde el gremio expresaron que esta medida de fuerza se tomó recién después de vencido el plazo de una intimación a la compañía para que efectué el pago total de los salarios adeudados.

Desde el martes pasado, en Rosario los trabajadores están apostados frente a los galpones que la empresa Productora Alimentaria SA tiene en la zona oeste de la ciudad.

Naranpol —que está en convocatoria de acreedores— emitió ayer un comunicado en donde asegura que tiene que cerrar sus plantas como consecuencia de los "daños irreparables que le provocaron los sucesivos bloqueos sindicales y a la falta de seguridad jurídica" pero desde el gremio aseguran que el funcionamiento de la empresa es viable.

Es viable. Gustavo Carranza, delegado de los trabajadores de Naranpol, dejó en claro que buscan defender la fuente laboral pero indicó que desde la empresa "no se quieren sentar a charlar". Tras recordar que desde mayo no están cobrando el salario correspondiente al convenio colectivo sino el salario mínimo vital y móvil, que hoy se ubica en los 1.800 pesos, indicó: "Queremos cuidar la fuente laboral y que la empresa continué, haremos lo que esté a nuestro alcance para apoyar a la empresa pero queremos que pague lo que nos corresponde".

El conflicto en la empresa propiedad de la familia Galán se desató con el retraso del pago de los haberes de mayo, se agudizó con la entrada en convocatoria de acreedores y un recorte salarial avalado en un primer momento por la Justicia. Ante esta situación, en junio los trabajadores agremiados en los sindicatos Sutiaga y Fataga llevaron medidas de fuerza que derivaron en la respuesta empresarial de cerrar la planta y despedir a 180 empleados, aunque luego esta decisión fue revertida y tras una conciliación obligatoria —que rigió hasta fines de julio— los trabajadores volvieron a sus puestos bajo la promesa de saldar los montos adeudados en el corto plazo. Sin embargo, con el correr de los meses los incumplimientos por parte de la empresa se mantuvieron.

Se había acordado que se respetarían los actuales convenios colectivos donde el salario inicial es de unos 5 mil pesos. Carranza mencionó que como muestra de buena voluntad y ante la manifestación de la empresa de estar pasando por un momento crítico los trabajadores aceptaron diferir los aumentos salariales y que esas subas sean registradas como cifras no remunerativas para que la empresa enfrente una menor carga impositiva, al no tener que realizar los aportes sociales correspondientes.

En tanto, Naranpol emitió ayer un comunicado donde informa que cierra sus plantas. "Con mucho dolor e impotencia, lamentamos tener que comunicar la difícil decisión de cerrar en forma indefinida los establecimientos de nuestra empresa. No tenemos otra alternativa ante las medidas de fuerzas sindicales en la provincia de Santa Fe".

Reclamo jerárquico. A su vez, los directivos señalaron que "la resolución momentánea es por la necesidad de preservar la seguridad del personal que no está adherido y que viene dando muestras de apoyo a la empresa, como por ejemplo la manifestación masiva y autoconvocada realizada hoy (por ayer) por más de 250 empleados de todo el país frente a la casa de Gobierno de Santa Fe expresando su disconformidad con los gremios".

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