En 2010 se sancionó por unanimidad, tras un trabajado consenso. La normativa fue destacada como un ejemplo por organismos internacionales de Derechos Humanos. La reglamentación del macrismo es una virtual derogación. El gobierno provincial, la Defensa Pública y numerosas organizaciones hicieron la advertencia sobre lo que planea Nación.

Numerosas y diversas organizaciones especializadas, colegios profesionales, el gobierno provincial desde las áreas de Salud, Social y de Derechos Humanos y la Defensa Pública coincidieron en un contundente rechazo al avance del macrismo sobre la Ley de Salud Mental que había sido consensuada por múltiples sectores durante la anterior gestión de gobierno.

En una conferencia de prensa conjunta, los representantes aseveraron que la reglamentación que trama el gobierno nacional es “un gran retroceso”, que vuelve a contramano por el camino andado durante los últimos años, en que se dieron avances con el aval y respaldo de numerosas y representativas agrupaciones involucradas en la problemática.

La ley se sancionó en 2010, por unanimidad, y los organismos que plantearon las exigencias consideran que la reglamentación es poco menos que una “derogación”.

Uno de los aspectos que facilita la reglamentación es la vuelta al manicomio y al encierro, también para quienes tengan problemas de adicciones, que quedarían expuestos a internaciones compulsivas.

Una de las voces cantas en el encuentro con el periodismo fue el presidente del Colegio de Sicólogos, Lautaro García, quien lamentó que se pase por encima de una ley que se había logrado tras un trabajoso consenso.

La reglamentación por vía del decretazo afecta la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657), que hasta había sido señalada como ejemplar por organismos internacionales de Derechos Humanos.

Eduardo Aguirre, desde la Defensa Pública, ratificó los conceptos que el organismo había difundido en un documento (que fue publicado por El Diario), el subsecretario de Salud Mental y Adicciones Manuel Pizarro respaldó los reclamos con su presencia e hicieron lo propio el secretario de Derechos Humanos Antonio Curciarello, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes a cargo de Juan Pablo Meaca, el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado Federico Ignaszewski y Juan Pablo Bonino como subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia.

Esos diversos sectores plantearon que la reglamentación entra en contradicción con el nuevo Código Civil. Pizarro no anduvo con medias tintas: aseveró que la reglamentación que está a la firma del presidente Mauricio Macri es una virtual “derogación” de la ley que se sancionó en el año 2010, por unanimidad.

También firmaron el documento el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, Profesionales de Salud Mental del Hospital Centeno, Talleres de Arte Recreativo de ese mismo espacio y el Observatorio de Derechos Humanos de la UNLPam, entre otros.

Encuentro en la Facultad

Se estima que en el país hay unas 25.000 personas alojadas en establecimientos “con condiciones verdaderamente graves de los derechos civiles y políticos más elementales”. El viernes a las 19 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, habrá una movilización “para establecer un espacio abierto de discusión democrática”, se anunció.

Pizarro dijo que “no se han reglamentado puntos que estaban para reglamentar, que eran esenciales a la reforma del sistema sanitario, a la atención en comunidad y en el territorio y sí, en cambio, reforman puntos reglamentados, que significan retrocesos en los usuarios, en el volver a nombrarlos como pacientes. El retroceso es grande, se vuelve a instalar un modelo médico hegemónico. Se instala la figura del médico experto y desaparece la palabra interdisciplina de los equipos”, aseveró Pizarro.

Aguirre afirmó que la reglamentación “plantea que se aceptarán como dispositivos alternativos, hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, que son los manicomios, cuando la ley planteaba esencialmente que en el 2020 no se podían construir más. Implica un retroceso enorme”.

Curciarello recordó que la ley ya tuvo una reglamentación en 2013, “también producto de un largo debate y participación, pero ahora no se convocó a nadie de los ámbitos de quienes habían trabajado en la ley y el decreto reglamentario”.

Destacó “los elevados estándares de esta ley”. La Secretaría hará una presentación en conjunto con secretarios de otras provincias, en el próximo encuentro del Consejo Federal de Derechos Humanos.

Avance de la

industria farmacéutica

En conferencia de prensa, Pizarro apuntó detalles que se vulneran. Indicó que el anterior decreto de reglamentación consideraba como padecimiento mental “cualquier tipo de sufrimiento psíquico, individual y o colectivo” y ahora “se vuelve a centrar en los individuos y en los trastornos mentales y del comportamiento y lo reconduce a la clasificación mental de enfermedades, es decir que el padecimiento mental es solo lo que está clasificado en esa lista”.

“Se dejan de atender construcciones y dispositivos alternativos. Lamentablemente el kirchnerismo hizo una muy buena ley pero no puso las fichas en la construcción de esos dispositivos alternativos”, hizo notar el funcionario del área de Salud.

En el segundo artículo de la ley se define Salud Mental enumerando principios internacionales, aludiendo a una reforma siquiátrica y sanitaria, pero la nueva gestión “reemplaza esas declaraciones y principios por convenciones relacionadas con la discapacidad y eso es achicar el campo”, cuestionaron las organizaciones.

“Ahora el diagnóstico no estará determinado por equipos interdisciplinarios, sino estará en arreglos a la medicina basada en la evidencia, que es la de la industria farmacéutica. La evidencia está producida en un 97% por la industria farmacéutica, es claramente un avance del complejo tecno hospitalario y la industria farmacéutica sobre el campo de la salud mental, que es un campo social y donde debemos estar involucrados todos”, completó el médico.