Por unanimidad, la Legislatura de Córdoba sancionó ayer una ley que establece un sistema de descontaminación y compactación de los vehículos que hayan sido secuestrados por procedimientos judiciales, por causas administrativas o los que sean abandonados en la vía pública.

Quedan exceptuadas las motos que sean retenidas por la ley N° 10.138, que establece las condiciones de circulación de las motocicletas.

El Poder Judicial de Córdoba no contaba hasta ahora con un instrumento legal que le permitiera compactar los rodados, por lo que los predios donde se alojan se convirtieron en verdaderos cementerios de chatarra, que producen contaminación ambiental y a la vez son tierra fértil para delitos, como hurtos y comercialización ilegal de autopartes.

La nueva norma dispone que se descontaminen y compacten aquellos vehículos que, a partir de la vigencia de la ley, se encuentren depositados por un período no menor a cinco años desde la fecha de su secuestro, salvo que un juez o autoridad administrativa ordene lo contrario. La autoridad de aplicación será el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Para el resto de los casos, según de dónde provengan (causas judiciales, administrativas, etc.) se establecen diferentes tipos de plazos.

También dispone que se llame a licitación pública para la contratación de los servicios de descontaminación y compactación.

Lo que el Estado recaude por la venta de la chatarra será utilizado durante los cinco primeros años a la remediación y acondicionamiento de los predios que sirven de depósitos. Este punto fue modificado ayer por el delasotismo a pedido del Frente Cívico. El texto original, disponía que el período fuera de 10 años.

Abandonados

En los casos en que se confirme de manera oficial que un vehículo fue abandonado en la vía pública, se intimará al propietario para que en 15 días lo retire. Caso contrario se procederá a la remoción y compactación.

La ley también prevé la entrega voluntaria de vehículos por parte de propietarios que quieran compactarlos.

En la actualidad, la Provincia tiene depósitos en Río Cuarto, San Francisco, Villa María y dos en Bouwer, según explicó Luis Sosa, secretario de la Sala Penal del TSJ. En el resto de los casos, están en predios municipales o en las inmediaciones de las comisarías. Sólo en Bouwer, se calcula que hay más de 10 mil rodados acumulados.

Crítica a la Defensoría de los Niños

Frente Cívico. En la sesión de la Unicameral, ayer, Liliana Montero, presidenta del bloque juecista, hizo una dura crítica al informe de la Defensoría de los Niños de la Provincia sobre su actividad durante 2013.

Labor. “De las 470 páginas, con suerte 70 hablan de la labor del defensor. El resto son copias de expedientes judiciales, folletines y fotos”, sostuvo. El actual defensor es Reynaldo Rittatore.

Competencias. Montero sostuvo que, según la ley provincial Nº 9.396, que le dio origen, una de las competencias de la Defensoría es supervisar las instituciones que contengan a niños y adolescentes. Para la legisladora, esa tarea no se lleva a cabo como corresponde.

Pedido. El oficialismo no aprobó un pedido del Frente Cívico para que la Defensoría brinde más información sobre su actuación.