Treinta personas detenidas en la Comisaría 42 de Tartagal estaban “en condiciones infrahumanas en los calabozos” de esa dependencia, donde “no contaban con suministro de agua potable y se hallaban sometidas a una situación de hacinamiento y de falta de higiene extrema”.
En un comunicado de prensa la Procuración General informó que la Fiscalía de turno inició actuaciones “para establecer posibles la responsabilidades penales y con el objeto de que se arbitren los medios para el inmediato traslado de estos detenidos a un ámbito adecuado, en el que se brinde un tratamiento acorde con los derechos humanos”.
Esta última medida fue requerida ante el Juzgado Correccional y de Garantías de 2º Nominación, a cargo de la jueza Sandra Sánchez.
Se informó que se inició una causa penal contra los responsables de la Comisaría 42 por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En este proceso el fiscal Correccional Julio Mendía Campos, planteó como medida cautelar que los detenidos en la Comisaría fueran trasladados a la Unidad Carcelaria Nº 5, con el fin de que “cese de inmediato lo que se concibe como una actividad delictiva en curso en perjuicio de los encarcelados.”
El traslado se inició el miércoles pasado y hasta el viernes habían sido llevados 20 detenidos. La Procuración indicó ayer que se “están tratando de superar los inconvenientes de recepción del resto de los detenidos” en la cárcel tartagalense.
La Procuración añadió que se detectaron “otras graves irregularidades” en la Comisaría 41 y en los Destacamentos de Villa Saavedra y de Villa Güemes, de Tartagal, donde “se verificaron situaciones insólitas tales como el extremo hacinamiento que obliga a los presos a acordar turnos para poder descansar sobre colchones por las escasas dimensiones de los recintos en que son alojados”.
También en estos casos se iniciaron actuaciones penales y se requirieron medidas cautelares con el fin de corregir de manera inmediata estas situaciones.
Encerrados en la oscuridad
En la Unidad de Protección del Menor de Tartagal la comisión de la Procuración “estableció el tratamiento completamente inadecuado que allí se dispensaba a menores, que permanecían encerrados durante todo el día en un ámbito oscuro, sin condiciones sanitarias elementales y alimentándose en circunstancias riesgosas para su salud”.
Además, comprobaron que la entrega de “colchones se continúa efectuando sin tomar en cuenta los riesgos para la integridad física de los menores, ya que la mayoría no eran de los denominados ignífugos”.
También en este caso se abrió una causa penal contra los responsables de la Comisaría del Menor por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y se pidió que se concreten todas las medidas de higiene y seguridad necesarias, provisión de luminarias, baños, alimentación correcta, colchones ignífugos.
Prevenir el dengue en el penal
La Defensora General, Adriana Arellano, solicitó “con carácter de urgente” al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que se tomen “medidas preventivas necesarias para evitar la propagación del dengue entre los internos” de la Unidad Carcelaria Nº 5 de Tartagal.
La Defensora hizo este pedido tras una recorrida por el Penal junto a las Defensoras de Tartagal, Lorena Babicz y Alicia Luna. Arellano pidió también “la reparación de los baños del Pabellón A y el destinado al sector de visitas, como la provisión de colchones suficientes”.
Si bien el alud de barro que afectó la ciudad llegó sólo hasta el perímetro del penal, está rodeado de malezas, consideradas favorables a la proliferación de insectos.
El penal tiene actualmente 192 internos y sólo cuatro de ellos tienen familias que fueron afectadas por el alud en los barrios Santa María, Nueva Esperanza y Villa Saavedra.
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