Con el objetivo central de bajar el gasto político, la administración de María Eugenia Vidal envió una serie de proyectos a la Legislatura provincial para que sean tratados en las sesiones extraordinarias. Una de las iniciativas será la reforma previsional, que apunta a poner un límite a las jubilaciones de privilegio que cobran el gobernador, el vicegobernador y los legisladores bonaerenses.

El expediente, que lleva el número PE 7/17-18 y ya se encuentra en la Cámara de Diputados, establece que en el caso de las mujeres la edad mínima de jubilación para gobernador pase de los 55 a los 60 años, mientras que en los hombres pasará de los 60 a los 65 años.

Otro cambio será incrementar los años de servicio para poder jubilarse, que pasará de los 30 a los 35 años de prestación. Además, la tasa de sustitución, que es la fórmula con la cual se calculan los haberes, se reducirá del 82 al 70%, lo que provocará un “ahorro sustancial” a las finanzas de la Provincia.

Desde el Ejecutivo se dejó trascender que “la tasa de sustitución sería efectiva una vez aprobada la ley, y que en cuanto a lo que es edad jubilatoria, se haría gradualmente entre 2020 y 2028”. A su vez, se dijo que “no hay ninguna medida para disponer cambios en el régimen de jubilación del resto de los estatales”.

Modificaciones varias

Otro de los proyectos que el Ejecutivo mandó a la Cámara baja busca acabar con el alto déficit de la caja previsional del Banco Provincia, que solo para 2018 tendrá un pasivo de 6.700 millones de pesos. Esta reforma al régimen jubilatorio del Bapro tiene por objetivo igualar las condiciones de retiro de los trabajadores de la entidad con las del resto de los empleados estatales. 

Hasta el día de hoy, la edad de jubilación para las mujeres era de 57 años y para los hombres de 60 años, pero con los nuevos cambios dispuestos por la administración provincial, pasarán a los 62 y 65 años respectivamente.

En la caja previsional del Bapro existen 16.000 jubilados con asignaciones que oscilan entre los 40.000 y los 170.000 pesos, que deben ser financiadas con los aportes de aproximadamente 8.000 trabajadores, lo que hace que haya 0,7 activo por cada pasivo, algo que para el gobierno se hace “inviable”, por lo que se evitará ahora que “los bonaerenses sigan solventando el pasivo de la Caja del Banco Provincia”.

Además, el gobierno buscará que los municipios adhieran a la norma de reducir las jubilaciones de privilegio e impulsen en los Concejos Deliberantes iniciativas similares para reducir el gasto político local.

Los números de la iniciativa oficial

- 60 y 65 años, la edad para que los gobernadores se jubilen, en mujeres y hombres respectivamente

- 65 años, la edad estipulada para la jubilación en el Bapro

- 35, los años de servicio que se deberán tener para retirarse

- $6.700 millones, el déficit de la caja del Banco Provincia en 2018

- $45.000, el haber promedio en el Banco Provincia

- 70%, la tasa de sustitución que calcula la fórmula con la que se perciben los haberes

Críticas de los trabajadores del banco

El proyecto oficial que busca modificar el régimen de jubilaciones de los empleados del Banco Provincia levantó la temperatura de los trabajadores, quienes ya han planteado públicamente serios reparos a la intención del gobierno de María Eugenia Vidal.

Desde la Asociación Bancaria, que reúne a la mayoría de los empleados del Bapro, se acordó ayer la realización de un paro y cese de actividades en todas las sucursales de la entidad el día en que se trate dicha reforma en la Legislatura provincial.

A través de un comunicado, desde la asociación gremial se adujo que no existe “ningún canal de diálogo y debate con el Ejecutivo”, a la vez que criticaron las “intrigas palaciegas” desatadas en el gobierno que ponen en riesgo para ellos “el pago del medio aguinaldo y los sueldos del mes de diciembre”.

 

Además, expresaron que en el día de hoy se reunirá la comisión de Defensa de la Caja donde, junto al resto de las comisiones gremiales del Bapro, se charlará con directores, representantes de los activos y jubilados, así como de las entidades de los servicios sociales. En ese marco, llevarán su postura de comenzar en forma inmediata con acciones de rechazo a este atropello.