En diciembre del 2015, por medio de la Ley 5464, se creó el Consejo de la Propiedad Horizontal de la Ciudad, un organismo cuyo objetivo es regular la vida de los consorcios y controlar y sancionar a los administradores de edificios, por medio de un tribunal de ética.

La creación de ese Consejo le confirió al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), el gremio que representa a los encargados de edificios y porteros, que lidera Víctor Santa María, una representación desproporcionada, que generó la seguridad de que los encargados y empleados de los administradores y los consorcistas terminarían controlando a sus patrones.

Efectivamente, la controvertida ley ha determinado que el citado consejo esté conformado por tres representantes de la asociación sindical que agrupa a los trabajadores de los edificios; tres en nombre de las asociaciones de administradores; uno por el gremio de empleados de las administraciones de consorcios -entidad creada muy recientemente-; uno por el gobierno porteño; uno por el defensor de inquilinos de la Defensoría del Pueblo; uno por las asociaciones civiles que tengan por objeto la defensa de los derechos de usuarios y consumidores en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y apenas uno por los consorcistas y copropietarios.

La bancada oficialista se plantea escuchar a los que apoyen o se opongan a la ley, por lo que este lunes 23 de mayo se reunieron en la Legislatura con algunos vecinos que tenían opinión sobre una ley que se aprobó pero recibió cientos de cuestionamientos.

El ingeniero Osvaldo Buscaya, Andrés Zulberti, Gustavo Gallego y Alberto Aguilera se hicieron presentes en la reunión con el legislador Daniel del Sol (Pro), que ni bien se inició se sintió aquejado por un síndrome repentino de parálisis labial, que le impidió articular palabra por el resto del cónclave.

Los cuatro coincidieron en que uno de los problemas la existencia de diferentes asociaciones que intervienen en la vida de los consorcios, pero que responden con distintos nombres a la misma persona. “Es sabido -dice uno de ellos- que tanto a la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH)  como a la Unión de Administradores de Inmuebles (UADI) las maneja el SUTERH, por lo que las negociaciones incluyen a gente que está de ambos lados del mostrador”.

Otro problema que detectaron es la propia existencia del Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal (SERACARH), que percibe el 0,5 por ciento de los salarios de los encargados de edificios de todo el país, que tiene un poder económico enorme por el volumen de su recaudación. El SERACARH dicta cursos obligatorios para todos los empleados de los edificios, que cuestan entre $1000 y $1500 por un día de enseñanza.

En cuanto a la intención del PRO, se puede decir que su propósito esencial pasa por quitarle poder al poderoso jefe sindical de los encargados, Víctor Santa María, por lo que busca de bajar de tres a dos miembros a los representantes de la asociación sindical que agrupa a los trabajadores.

Por su parte, Confianza Pública, la bancada que preside Graciela Ocaña, reclama un lugar en el Consejo de la Propiedad Horizontal y propuso modificaciones a su composición, que aumentaría a cuatro a los representantes de las Cámaras oficiales y/o asociaciones civiles sin fines de lucro; tres representantes por el sector de las organizaciones y/o asociaciones civiles que nucleen a los consorcios y copropietarios; un representante de las asociaciones sindicales y gremiales con personería jurídica y gremial; un representante por el sector de las Asociaciones civiles y organizaciones que tengan por objeto la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores; un representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la defensa de los derechos de los inquilinos de inmuebles y bajaría a un representante al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ello sucede luego de que las organizaciones de consorcistas advirtieron que el Consejo podría tomar determinaciones (como imponer nuevos costos o el propio cobro de las matrículas) que aumentaran los gastos de los edificios y así impactarían en las expensas. A su vez, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHAI) denunció ante la Justicia que el SUTERH no podía tener injerencia en el control disciplinario de los administradores, porque en realidad son empleados. Es decir, que con esta ley, paradójicamente, los encargados y los empleados de los administradores y los consorcistas terminarían controlando a sus patrones.

Finalmente, de primar el criterio del Pro, la composición del Consejo de la Propiedad Horizontal quedaría conformado por tres representantes de las cámaras de la actividad; por dos representantes de los consorcistas; uno del SUTERH; uno por la Defensoría del Pueblo; tres por el Poder Ejecutivo y uno por el Sindicato de Empleados de Administradores de Consorcios de la República Argentina (SEARA).

La incursión de Gallego, Buscaya, Zulberti y Aguilera por los pasillos legislativos fue para rentar balcones. Por un lado, Buscaya le mandó tres cartas documento al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la última de las cuales le fue rechazada porque el funcionario se mudó de vivienda. Ya en la primera misiva, Buscaya le planteó al mandatario que “la ley es ilegítima e ilegal” y que debía vetarla, por lo que “si ahora propone modificarla parcialmente, esto configura un delito”. Por supuesto, no recibió respuesta de parte del mandatario porteño, ni tampoco obtuvo contestación del presidente de la Nación, más que para comunicarle que su amable misiva-documento había sido transferida a las manos elegantes del ministro de Justicia, Germán Garavano, que se tomará, posiblemente, unos cuatro años más para responderla.

Por otra parte, los integrantes del cuarteto fueron convocados a varias reuniones en el parlamento porteño. El 11 de mayo, los asesores de los legisladores intentaron convencerlos para que aceptaran sin protestas algunas modificaciones en la ley, que todos ellos quieren que sea directamente vetada sin más. En la segunda reunión, que se produjo el 16 de mayo, directamente no los dejaron hablar. Ese mismo día, reunidos con Gustavo Vera, ante quien plantearon esta situación, éste llamó a la vicepresidente primera de la Legislatura, Carmen Polledo, que los envió a hablar con el atildado legislador Daniel del Sol. En la primera reunión, éste, abrumado por los planteos del cuarteto, se acogió a la mudez. Ese día, al salir de la reunión, Buscaya fue seguido en la calle por un hombre, que lo amenazó con “hacerlo desaparecer”, situación que denunció en la reunión del 18 de mayo.

En el ínterin, cuando Buscaya tuiteó su oposición a la ley, una cuenta denominada #JóvenesPro le retrucó, sin mayores conocimientos de la gramática castellana, que debía introdujerse su apéndice lingual en medio de sus posaderas. Además, un diputado de la izquierda dura les reconoció a los  que “voté positivamente la ley sin conocer su contenido”. Reprochado que fue en su actitud por los cuatro vecinos, les contestó, luego de pedirles disculpas, que si volviera a encontrarse en la misma disyuntiva, votaría en contra (?).