La Justicia ordena a la Municipalidad que inhiba chapas de taxis al Surrbac

La Justicia ordena a la Municipalidad que inhiba chapas de taxis al Surrbac

El juez federal N°1, Ricardo Bustos Fierro, envió ayer un informe a la Secretaría de Transporte de la Municipalidad para que inhibiera las chapas de taxis que tienen los dirigentes y parientes del gremio de los recolectores de residuos (Surrbac), detenidos e imputados por supuesta defraudación fraudulenta y asociación ilícita.

 

Varios de los 19 imputados tienen chapas de taxis. Ahora la Justicia Federal le pide al municipio capitalino el “bloqueo e indisponibilidad” del uso de esas chapas, informaron fuentes judiciales a este medio.

Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, las dos cabezas del gremio de recolectores de Córdoba, se encuentran detenidos en el penal de Bouwer.

Catrambone posee dos chapas de taxi de la Municipalidad de Córdoba. Una de ellas es para un Renault Logan; otra, para un Chevrolet Classic.

También aparecen otros imputados con posesión de chapas, según un informe que dio a conocer este medio en forma exclusiva semanas atrás.

Hasta allí, las chapas que pertenecen a los imputados. Pero hay más. Consiguió asimismo una de estas Roberto Franco Catrambone, quien sería hermano de Pascual, según diversas fuentes, aunque desde el Surrbac no respondieron las consultas que realizó en su momento La Voz sobre la cuestión.

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Otro dirigente del Surrbac también goza de esta licencia: Ernesto Fortunato López, prosecretario gremial, quien tiene una chapa, pero de remise.

También aparecen, con dos licencias cada uno, Héctor Gabriel Blanes y Jorge Vicente Blanes, dos de los imputados. El primero es familiar de la esposa de Catrambone y dirige la concesionaria GB Automotores.

La figura penal que pesa sobre él es la de “circulación de bienes provenientes de ilícitos penales”, la misma de la que se acusa a Vicente, también pariente de la esposa de Catrambone.

En otra causa que se tramita en la Justicia provincial, la defensa de Catrambone señaló que el acusado no era funcionario municipal, ya que sólo ocupaba su cargo en el directorio de Crese en representación de los recolectores.

Sin embargo, la Cámara de Acusación determinó que, al tratarse de una empresa del Estado que sólo maneja dineros públicos, sí correspondía encuadrar la acusación como “negociación incompatible con la función pública”.

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