Secretario de Ramas y del Interior del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBaC).
La justicia federal de Córdoba resolvió elevar a juicio una investigación que involucra a la conducción del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), por los presuntos delitos de «asociación ilícita agravada, usura agravada y lavado de dinero agravado» en perjuicio de los afiliados y de la entidad sindical.
El fiscal federal Enrique Senestrari elevó a juicio la causa contra los máximos representantes del Surbacc. Los considera líderes de una supuesta “asociación ilícita” dedicada a la usura, lavado de activos y administración fraudulenta.
Enrique Senestrari, fiscal federal N° 1 de Córdoba, solicitó elevar a juicio a Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, líderes del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), acusados de liderar una asociación ilícita dedicada a la usura, lavado de activos y administración fraudulenta.
Los acuerdos hechos al amparo de las necesidades políticas –esas que determinan que los enemigos de otros concluyan como amigos propios– no deberían incluir cláusulas de impunidad para nadie
La comisión directiva, conforme al estatuto del gremio de los recolectores, designó al hijo menor de Mauricio Saillen en el cargo de Pro Secretario General y detentará el poder formal hasta las elecciones internas de 2022.
Bustos Fierro negó la solicitud del gremialista para volver a manejar el sindicato, que sigue intervenido por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
La aprobación del fiscal Senestrari llega luego del pedido del sindicalista para retormar sus funciones políticas y completar su mandato hasta el 2022. La querella que lo denunció se opondrá
Acordaron con la víctima y también irán a un tratamiento de control de ira.
En su lugar se designó a un abogado tributarista. El gremio de recolectores de basura de Córdoba está intervenido desde fines de 2019.
El Ministerio de Trabajo designó a Iván Bruno Vaccaro en el gremio de los recolectores cordobeses, que tiene a sus principales líderes investigados por la Justicia. Reemplazará a Alberto Ricardo Ramón Simón.
La Crese se transformó en los últimos ocho años, en un nicho de corrupción que enriqueció a unos pocos con el dinero de todos.
Lo dispuso el presidente Alberto Fernández. El juez Bustos Fierro investiga una presunta defraudación.
Ricardo Bustos Fierro solicitó que se termine la investigación judicial que involucra a los líderes del sindicato de recolectores de residuos, acusados de lavado de activos y asociación ilícita.
El peritaje confirmó que es el sindicalista Mauricio Saillén quien habla en una asamblea gremial realizada en el parque Sarmiento. Tenía prohibida toda actividad gremial si pretendía permanecer en libertad bajo fianza.
Diecisiete personas armadas y enmascaradas grabaron un video en el que amenazan con matar a los agresores del guardaespaldas del sindicalista Mauricio Saillén. Preocupación política y judicial.
La brutal agresión al Toro Aguilera recuerda los desafíos pendientes en torno a la basura. Además, expone una situación inadmisible en una cárcel cordobesa.
A pedido del juez Bustos Fierro, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación designó un administrador provisorio de la entidad. El paso siguiente es la intervención. Antes, corrieron la misma suerte el gremio de los recolectores y la mutual sindical. El médico Jorge Antonio Remigio estará a cargo de la administración.
Pese a la pandemia y el ajuste, continúan las designaciones en el ente municipal y las empresas concesionarias. La mayoría relacionada con la conducción del Surrbac. Gestos de Llaryora hacia los procesados sindicalistas.
El gremialista deja el penal de Bouwer y cumplirá la detención en su domicilio. La decisión la tomó el juez federal Ricardo Bustos Fierro. El pedido de excarcelación, por su parte, fue denegado.
La Cámara Federal aplica un criterio restrictivo para casaciones que se encuentra contenido en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
El Ministerio de Salud debe designar al interventor de la obra social. Franco Saillén se defiende en las redes y niega que haya un vaciamiento de las entidades sindicales.
El juez Ricardo Bustos Fierro hizo lugar al pedido del fiscal Enrique Senestrari. También solicitó al Ministerio de Salud que se designe un interventor. La cúpula del sindicato está procesada.
El juez federal Bustos Fierro procesó a cinco directivos de la empresa de recolección, entre ellos a su titular, Horacio Busso. Una escucha realizada durante la investigación comprobaría el presunto movimiento de dinero en negro vinculado a Pascual Catrambone.
Entre los empresarios a punto de ir a juicio está el titular de Cotreco y de la Cámara de Comercio de Córdoba, Horacio Busso, quien también fue embargado por cuatro millones de pesos. En total son 16 las personas procesadas por el juez federal número 1 Ricardo Bustos Fierro por apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social. El dictamen revela movimiento de dinero presuntamente irregular entre la empresa y el secretario adjunto del Sindicato de Recolectores, Pascual Catrambone.
Por unanimidad, la Cámara Federal de Córdoba decidió procesar a Mauricio y Franco Saillén y a Pascual Catrambone, acusados de múltiples delitos desde la mutual del gremio de recolectores.
Alfredo Sapp afirmó que esos salarios "son habituales en el sector público y en el rubro de la basura en Córdoba". También habló Victoria Flores, actual titular del organismo.
Se trata de al menos 23 autoridades del sindicato quienes cobraron salarios de los entes municipales con licencia gremial. Solo en agosto del año pasado fueron $3,7 millones.
Un hecho de violencia de género desencadenó su regreso a la cárcel. El juez federal Bustos Fierros denegó el pedido de excarcelación por riesgo en la investigación.
Uno de los líderes del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) fue detenido acusado de agredir a su pareja, y volvió a prisión, donde ya estuvo entre agosto y marzo pasados por un caso de lavado de activos en el gremio, informaron fuentes judiciales.
El ESOP ya logró el 15 % de la reducción de su gasto operativo con los recortes en la prolongación de jornada, horas extra y aplicación del incremento salarial no remunerativo. El Ejecutivo analiza la posibilidad de modificar de servicios en las concesionarias priva- das para buscar un ahorro mensual aproximado de $35 millones.