El secretario general de UTHGRA Mendoza habló sobre la realidad del sector y sobre las capacitaciones que brindan para generar una bolsa de trabajo con los empresarios gastronómicos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) de La Rioja designó a sus nuevas autoridades, marcando un hito con la conducción de un triunvirato integrado por Sebastián Di Fiori, titular de UOCRA; Daniel Mercado, de UPCN; y Eduardo Peña, de SETIA. Este nuevo liderazgo busca abordar los desafíos actuales del movimiento obrero con una visión renovada.
Se trata de Juan Carlos Solalinde, conocido por haber sido el Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de la filial de Villa Mercedes. Es por el femicidio de Johana Galdeano, su ex pareja. El fallo llegó tres años más tarde.
La Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) Seccional Mendoza realizó el curso “Oratoria, Liderazgo y Resolución de Conflictos”, al que asistieron delegados y dirigentes del sindicato.
Ante la crisis que atraviesa un peronismo sin un liderazgo indiscutido, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recibió a una delegación de las 62 Organizaciones Peronistas, encabezada por el dirigente Julio Estévez (h), coincidiendo en la necesidad de “dejar de lado los personalismos y encarar un proyecto basado en la producción, el empleo y la industria nacional”.
Se trata de Sandra Andrea Cardella, designada por el Ministerio de Trabajo para normalizar el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la provincia de San Luis. Ahora la denunciaron ante Capital Humano porque resultó ser Revisora de cuentas del sindicato químico de Cinco Saltos. La acusan de direccionar la elección para que el gremio se lo quede la Federación de Químicos FATIQyP.
El Gobierno busca desprenderse de la acciones de IMPSA y cedería el control de la firma. Mientras tanto, sus actuales empleados que no cobraron su salario ni el aguinaldo. Desde la empresa aseguraron a medios locales que esto se debe a «dificultades a la hora de cobrar certificados de obras», que el Gobierno como principal accionista no está cubriendo para evitar el malestar entre los trabajadores.
