El Poder Judicial está en alerta. Las promesas de Alberto Fernández de hacer cambios en la Justicia llegaron este jueves a la Cámara de Diputados, donde los legisladores le dieron media sanción al proyecto de ley para modificar el sistema previsional de los jueces y diplomáticos.

El oficialismo consiguió el quórum para el debate luego de que la oposición anticipara que no lo daría, y no estuvo libre de polémica, ya que desde Juntos por el Cambio denunciaron que se logró con la presencia de Daniel Scioli, flamante embajador designado en Brasil, quien ya presentó su renuncia a la Cámara baja. Por ese motivo, desde la oposición abandonaron el recinto en protesta.

Más temprano, Pablo Tonelli, diputado de Juntos por el Cambio-PRO y Consejero de la Magistratura, había adelantado que desde el bloque opositor no darían quórum, y que si el oficialismo lo conseguía bajarían para votar en contra, ya que “el proyecto representaría un éxodo de jueces”, dijo en radio La Red.

Foto NA: JUAN VARGAS

Tonelli reconoció que la reforma es “necesaria”, aunque sostuvo que esa situación no implica que deban “resolverla en 24 horas”. “Esto no nos gusta ni nos parece adecuado, por la falta de información que tiene el oficialismo”, expresó.

Pablo Tonelli. Foto NA: JUAN VARGAS.

La tensión viene en aumento. En la previa al debate en el recinto, el Gobierno estimó que la jubilación promedio de los jueces es de $272.000. Aunque la cifra está lejos del máximo valor de los haberes ($770.128), hay 486 ex magistrados que cobran más de medio millón de pesos por mes. Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), cuestionó las cifras y rechazó el proyecto del oficialismo. “Hay falacias en el discurso oficial”, sostuvo en diálogo con Continental.

Marcha

Desde temprano, hubo paro y marcha de judiciales al Palacio de Tribunales, donde manifestar su rechazo al proyecto del oficialismo. Por su parte, Piumato presentó una propuesta de reforma que incluye a todos los empleados judiciales. El diputado nacional José Ramón llevó el proyecto hasta el Congreso.

Piumato -de espalda- y los judiciales en la marcha.

La movilización fue pactada la semana pasada por el Confederal del gremio, que sesionó en Buenos Aires con la participación de delegados judiciales de todo el país. Pero no será la única. La convocatoria fue compartida entre los magistrados bajo el lema: “El proyecto de ley que cercena derechos adquiridos”.

Declaraciones

En un comunicado, funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal sostienen que el aporte de los jueces “es mayor (12%) al que realiza el común de los trabajadores, sin tope alguno, y sobre el bruto de nuestros haberes”. Y aclara que “desde tiempo inmemorial aportamos significativamente más que el resto de los ciudadanos”. 

Y advierte que “aceptar la sanción de una ley de estas características, no sólo vaciará el Poder Judicial de funcionarios probos, sino que echará por tierra la carrera judicial y servirá para que muchas vacantes queden a disposición de las autoridades de turno”.

Los jueces de la Cámara Nacional en lo Comercial  manifestaron su disgusto este miércoles a través de una acordada. Basándose en la inamovilidad y la intangibilidad de las compensaciones dispuestas en la Constitución Nacional, “objetaron” el proyecto.

“El Régimen Previsional especial de la ley 24.018 no establece un sistema jubilatorio de privilegio, propio de cargos políticos, sino que, a diferencia de éstos, cumple con las exigencias del principio de solidaridad”, sostiene el documento remitido a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y las Presidencias de ambas Cámaras del Congreso.

Los jueces de la Cámara del Crimen también hicieron una declaración al respecto, donde destacan la “profunda preocupación” que tienen y apuntan contra el proyecto. “Parece poner seriamente en crisis principios cardinales de nuestra carta magna enderezados a garantizar el correcto funcionamiento del Poder Judicial y la independencia de los jueces”.

La mayoría de los magistrados, sin embargo, prefiere guardar silencio. “Mi opinión haría que la mayoría de mis colegas no vuelvan a dirigirme la palabra”, sostiene un juez de CABA. En la vereda opuesta un funcionario de la Defensoría General porteña explica que su opinión no es la más objetiva, ya que “tiene intereses creados”. Otro funcionario de Santa Fe sostiene que “nadie está analizando el daño colateral en todas las provincias, solo focalizan en Comodoro Py y las causas de corrupción”.

“Paulatinamente hay que trabajar para que el Poder Judicial sea cada vez más compatible con un modelo de república y no con un modelo monárquico. En ese sentido deben ir achicándose los privilegios que aún hoy gozamos en materia impositiva, jubilatoria y en otros aspectos”, dice por su parte el magistrado del Tribunal en lo Criminal N°1 de Necochea, Mario Juliano.

Aunque el juez aclara que no conoce en detalle el proyecto, afirma estar “absolutamente de acuerdo en que debe aumentarse la edad de jubilación como el resto de los trabajadores y trabajadoras”. Y agrega: “Habría que ver con detenimiento cuál es el haber que se debe tomar para hacer el cálculo jubilatorio”.