El Gobierno provincial lleva la cuenta de los meses y también pone cifra a la suspensión del aumento de la tarifa de energía eléctrica dispuesto por la Justicia Federal tucumana en febrero 2009.

Tres años y casi un mes implican para el Poder Ejecutivo y la empresa distribuidora, EDET, unos $ 45 millones de "pérdida" debido a la inaplicabilidad de la resolución 1169/08 de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Planificación de la Nación, que establecía la quita parcial de subsidios a la red eléctrica en el país y, en consecuencia, un ajuste en las boletas de luz.

El 19 de febrero de ese año, el entonces juez subrogante, Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal Nº2, ordenó a la Nación y a la distribuidora se abstengan de aplicar variaciones en la boleta correspondiente a la disposición oficial. El magistrado había dado lugar a una acción de amparo impulsada por el legislador provincial por el radicalismo, José Cano, junto con la organización de Usuarios Autoconvocados, encabezada por Carlos Petersen y el fallecido Edmundo Romano.

El régimen oficial iba a entrar en vigencia en la provincia a través de la resolución 475/08 del Ente Regulador de Energía (Epret) y eliminaría un 25% del subsidio sobre los que consumieran más de 1.000 kilovatios (Kw), el 50% a los que superen los 1.200 Kw de consumo residencial y el 100% a los que superen los 2.800 (Kw).

Ahora, el propio Sergio Sánchez, titular del Epret (ya fusionado a Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán -Ersept-), enfatizó: "el ajuste está pendiente hasta que se resuelva el planteo de fondo, pero una vez resuelta esa demanda se debe afrontar una pérdida de $ 45 millones" (casi $ 1,2 millones por mes) . "¿Qué se hará? ¿Quién pagará el detrimento? Se pueden presentar amparos, pero deben medirse también los efectos", recalcó el funcionario.

El juez Racedo, mediante el fallo, ordenó en ese momento la refacturación de las boletas ya emitidas y la devolución en las próximas facturas de los importes que se hubieran abonado. Luego, el Estado nacional apeló la medida cautelar, acción que fue rechazada por la Cámara de Apelaciones Federal, confirmando la decisión inicial.

"El Estado interpuso un recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia de Cámara. Contestamos el recurso como establece el proceso", comentó la patrocinante de la parte demandante, Vanessa Lucero.

La causa permanece en el fuero Federal y sin sentencia definitiva.

Cano, quien en la actualidad es senador nacional, replicó que los usuarios no deben hacerse cargo de ese remanente y argumentó que la demanda judicial tuvo argumentos razonables. "Si no hubiese salido esa cautelar, muchos negocios pequeños tendrían que haber cerrado", remarcó el senador.

Lucero también contrarrestó la consideración de Sánchez sobre la "pérdida" monetaria a raíz de la sentencia judicial, al afirmar que "las garantías constitucionales no se miden en perjuicios o daños. "El juez aplica la Constitución Nacional, que está por encima de una resolución", dijo la letrada.

La quita de subsidios

La demanda se centraba en que el reajuste del servicio eléctrico, provocado por la quita de subsidios, no tenía en cuenta en ese tiempo "la capacidad de pago de los usuarios", lo que infringía derechos constitucionales. En medio del proceso judicial, el Estado suspendió la aplicación de la resolución 1169/08 con otro texto administrativo, el 652/09.

La eliminación de la subvención, que reduce la facturación del servicio, vuelve a estar en el tapete legal en estos momentos con la presentación judicial por "inconstitucionalidad" contra la resolución conjunta 693/2011 y 1900/2011 de los ministerios de Economía y de Planificación Federal, respectivamente" y las resoluciones 572/11 y 44/12 del Epret, por parte del diputado nacional, Luis Sacca (UCR).

La restricción del beneficio se extiende por ahora a unos 8.000 usuarios de countries y barrios privados de la provincia, con la intención de alcanzar a más consumidores residentes. Esta vez, la resolución contempla que la quita se efectuará sobre aquellos usuarios "con capacidad de pago", incluyendo como variables el valor del inmueble, el consumo y el ingreso económico, lo que implicaría subas de entre 150% y 170% de la tarifa, según el ente de control provincial.