La Legislatura aprobó nuevas regulaciones sobre el sistema de cámaras de vigilancia de la Ciudad, sobre todo del reconocimiento facial. La iniciativa fue aprobada con los votos del oficialismo y sus aliados radicales y las principales ONGs objetaron la ley.

 

La normativa regula el uso de las cámaras que están instaladas en territorio capitalino y prohibe cuestiones como la incorporación de datos biométricos de las personas no tengan orden de captura.

 

"El proyecto fue trabajado en comisiones y nos reunimos con varias ONGs. El proyecto propone una distribución equitativa de las cámaras en toda la Ciudad", explicó Claudio Cinglolani, de la Coalición Cívica. "No se pueden modificar las imágenes para distribuirlas en medios, se debe especificar la autoridad, se crea una comisión de seguimiento de videovigilancia que es diferente a la comisión de seguridad", enumeró sobre los cambios que se hicieron a la actual normativa.

El sistema sirve para espiar a la oposición. Son sistemas altamente manipulables y es algo que se está denunciando en todo el mundo. Le estamos dando el control de las imágenes al fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, que está denunciado por integrar la mesa judicial del macrismo.

 

El proyecto tuvo la oposición de varias de ONGs como Amnistía Internacional, el CELS y la Fundación Vía Libre. Desde esas organizaciones aseguran que la tecnología "presenta múltiples afectaciones para el ejercicio de derechos humanos". Entre los cuestionamientos explicaron que, por ejemplo, la tecnología tiene dificultades para distinguir personas "de tez oscura. Lo cual deriva en un sinnúmero de falsos positivos y afecta en forma desproporcionada a los grupos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad".

 

Para Gabriel Solano, del Partido Obrero con la ley "se están violando derechos muy importantes, como el de privacidad de las personas. Es falaz decir que si ‘nadie tiene nada que ocultar no le importa', todos tenemos algo que ocultar y está bien. Hacemos responsables a los que votan a favor, pero también presentaron el proyecto", dijo sobre el Frente de Todos.

 

El proyecto había sido presentado por la diputada peronista Claudia Neira y buscaba llenar vacíos que existían en la Ley de Seguridad que la Legislatura votó en 2016. "La Ley de Seguridad pública ya existía, no la presentamos nosotros. No estamos instalando ni proponiendo el tema, sino intentamos un equilibrio entre la seguridad y la libertad. Es una ley que pone algunos controles en algo que existe hace mucho tiempo", se defendió.

Los legisladores radicales Nosiglia y Halperín.

 

"Nadie puede plantear que no haya más video cámaras, pero el estado debe garantizar controles para que no sucedan cosas como las que le sucedieron a nuestro espacio. Cuánto estamos dispuestos a ceder es pos de la seguridad es el debate, votamos en contra porque queremos seguir discutiendo", agregó.

 

"En ocasiones hay conflictos entre derechos individuales como libertad y seguridad, el Estado debe dar previsibilidad sobre cómo se va a resolver ese conflicto", dijo el diputado radical Leandro Halperín.

 

Myriam Bregman, del PTS, aseguró que "el sistema sirve para espiar a la oposición. Son sistemas altamente manipulables y es algo que se está denunciando en todo el mundo. Le estamos dando el control de las imágenes al fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, que está denunciado por integrar la mesa judicial del macrismo", señaló.