Girona: Ambos han registrado preguntas al respecto y Boada ha recordado que este tipo de actividad se rige por una Ley de Minas de 1973, "preconstitucional y que está desfasada".

Unidas Podemos presentó el año pasado una Proposición de Ley para reformarla y que, según ha señalado la diputada al Congreso, "no incorpore las aguas minerales".

Júlia Boada entiende que, en el contexto de sequía actual, se deberían contemplar "restricciones a las empresas embotelladoras y que, en casos de excepcionalidad, se replantee que se está lucrando de un bien público mientras se imponen restricciones a la ciudadanía".

Su compañero de formación en el Parlament ha sido especialmente crítico con el gobierno de la Generalitat en la situación actual y lo ha acusado de adoptar medidas para paliar la sequía que ha calificado de "contradictorias, erráticas e injustas".

Enric Bárcena ha apuntado a esa extracción en la comarca gerundense de La Selva y también ha registrado una pregunta en el Parlament para que se aclare si hay "constancia de su afectación en los acuíferos".

Bárcena se ha preguntado en Girona si las concesiones a estas empresas para explotar ese recurso tienen sentido y si están previstas "limitaciones".

En su análisis de la situación, ha subrayado que hay compañías "con barra libre" y ve "contradictorio" que, mientras se acabará "en los próximos meses trayendo agua del extranjero en barco" paralelamente se exporte por la AP-7 "a beneficio de unas pocas empresas privadas".

Boada y Bárcena han estado acompañados por un representante de la plataforma medioambientalista Llémena Espai Natural, Josep Anguera, quien ha puesto el foco en la compañía Aigua de Sant Aniol, con sede en la comarca gerundense de La Garrotxa.

Anguera ha asegurado que "esta embotelladora ha cuadruplicado las extracciones" en los últimos años, que desarrolla un "plan expansionista" y ha reclamado que este tipo de actividad se integre a la normativa europea con un tratamiento específico para el agua mineral.