Los legisladores provinciales Walter Abarca, Eva Ramírez, Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos, Marcelo Feliú, Manuel Elías, Mauricio Barrientos, Alicia Sánchez yRicardo Moccero,

En los fundamentos del escrito, indicaron que “estas resoluciones han sido sancionadas de una manera totalmente inconsulta, sin la realización de una audiencia pública previa que asegure al menos un elemental nivel de información y participación de los usuarios y las usuarias, que se verán afectados por la modificación de las tarifas eléctricas”.

Los diputados señalaron que la interposición legal fue efectuada “tras la concreción de un daño cierto que lesiona, restringe, altera y amenaza a los usuarios y consumidores del servicio de energía eléctrica del territorio bonaerense”.

Al mismo tiempo, en el recurso solicitaron la intervención del defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires tal como lo ha exhortado dicho organismo ante el ENRE y el Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren.

En relación a la actividad económica, expresaron que “la medida es sumamente negativa para los sectores comerciales e industriales y los diversos actores de la economía social, los cuales padecerán incrementos alarmantes. Esta situación, provocaría un aumento directo en el costo de operación que se trasladaría a los precios, desencadenando una reducción de la demanda global, entre otros problemas”.

Con respecto al beneficio de Tarifa Social por consumo de energía de hasta 150 kwh por mes, los diputados y las diputadas manifestaron su preocupación por las personas “Electrodependientes por cuestiones de salud”, que presentan consumos extraordinarios de electricidad, y por la personas en situación de vulnerabilidad social, que habitan en viviendas sin acceso al gas natural por redes.