El Municipio sale a controlar los acuerdos de precios, con faltantes en las góndolas

El Municipio sale a controlar los acuerdos de precios, con faltantes en las góndolas

Junto a la Provincia, releva el cumplimiento de los programas. Detectaron falta de abastecimiento por parte de grandes proveedores. Quieren que los municipios tengan poder para sancionar.

El Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires junto con distintos municipios, entre los que se cuenta Pilar, envió esta semana inspectores a fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos de precios en cadenas de supermercados, en el marco del Programa Bonaerense de Relevamiento y Fiscalización que anunció días atrás el gobernador Axel Kicillof.

A través de un comunicado, se precisó que el programa, articulado por la Provincia junto con la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Comercio Nacional y los municipios, apunta a relevar el cumplimiento de los acuerdos y políticas de administración de precios como +Precios Cuidados, las canastas de carnes, frutas y verduras.

En esta primera instancia, además de Pilar, se realizaron relevamientos en los partidos de Florencio Varela, Avellaneda, Lomas de Zamora, Hurlingham, La Matanza, La Plata, Merlo, Morón, San Fernando, San Miguel e Ituzaingó.

Los primeros datos revelaron que, en general, las cadenas cumplen con los precios acordados y la señalética correspondiente; así, los consumidores pueden encontrar en las cadenas relevadas los productos del programa, pero siempre y cuando se encuentren abastecidos, siendo éste el principal problema para las cadenas.

Abastecimiento

Los relevamientos realizados arrojaron que Coto, Día, Disco y Carrefour muestran niveles de abastecimiento menores a los normales, con gran cantidad de faltantes en góndolas.

Los grandes proveedores disminuyeron el abastecimiento a las grandes cadenas, en todo tipo de rubros, y, de acuerdo con lo relevado por la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, a las cadenas de supermercados les resulta difícil y casi imposible hacerse de ciertos productos, como por ejemplo el aceite.

Así, la falta de entrega alcanza un 60% en promedio de lo pedido por las cadenas; es decir, por cada 10 productos que los supermercados quieren comprar, los grandes proveedores sólo les entregan 4.

Entre los principales proveedores que limitaron el abastecimiento se encuentra Arcor, con toda su línea de mermeladas, enlatados y puré de tomate; Bagley, con sus líneas de galletitas y tostadas; Molinos Río de la Plata, con sus líneas de pastas secas y aceites; Cervecería y Maltería Quilmes, con sus líneas de aguas saborizadas y cervezas; Coca-Cola, con sus gaseosas; y Mastellone, con sus diversas variedades de leche fluida y en polvo.

La falta de abastecimiento no se limita a alimentos y bebidas sino que impacta en todo tipo de rubros, como por ejemplo limpieza, como son los casos de Clorox, con faltas de entrega en lavandinas; o de Colgate, con sus líneas de pastas para dientes.

Poder de policía

El miércoles, en tanto, se presentó el proyecto de Ley de Precios Justos para el territorio bonaerense, impulsado por el bloque del Senado del Frente de Todos, que contempla que cada municipio pueda llevar el control de precios en su distrito y sancionar en caso de detectar abusos o incumplimiento de acuerdos.

La iniciativa busca incorporar al Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios un artículo que faculta a los municipios de la provincia de Buenos Aires “a la inspección, el juzgamiento y sanción de las mismas, sin perjuicio de los mecanismos establecidos en cada caso por la Autoridad de Aplicación y en coordinación con los órganos que correspondan”.

Señala además que “si la resolución tiene por verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de sanciones” tales como apercibimientos; multas de diez mil a diez millones de pesos; y decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.

También contempla la clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta un mes; suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado; y la pérdida de concesiones, permiso, habilitación, licencia, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

El impulsor de la medida, el senador Francisco Durañona, señaló que “este proyecto tiene como clave el aporte y la ayuda de los municipios. El corazón de esta idea es que los municipios juegan un rol preponderante, tienen una participación protagónica”.

El intendente de Pilar, Federico Achával, participó de la presentación.

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