A partir de las 11.30 comenzará a sonar el timbre que llama a los diputados de la Nación para que a las 12 comience la sesión en la que el Gobierno nacional buscará obtener hoy media sanción para la ley de Presupuesto 2021, el primer programa de ingresos y egresos que tendrá la presidencia de Alberto Fernández en su segundo año de gestión ya que durante el 2020 prorrogó el votado el año anterior.

El proyecto, que obtuvo dictamen del oficialismo y de los bloques provinciales que lo apoyaron con disidencias, estipula que el dólar llegará a los $102,40 para diciembre del año próximo, la inflación retrocede hasta el 29%, el Producto Bruto Interno pasa de una caída de más de 12% para este año a crecer 5,5% y la administración nacional tendrá un déficit de 4,5 por ciento del PBI.

Buena parte de estas proyecciones quedaron desdibujadas al día siguiente de que se presentaron por las medidas para proteger las menguantes reservas del Banco Central, y será uno de los ejes de la discusión que planteará la oposición encarnada en el bloque de Juntos por el Cambio que ya adelantó que no lo apoyará y que sólo le resta definir si vota en contra o se abstiene. Ese el caso del ex gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, que adelantó que tiene previsto abstenerse para que se lo cuestione por obstruir al gobierno.

El ministro Guzmán presenta el Presupuesto 2021 en Diputados

Esto no afectaría la obtención de la media sanción porque el bloque de Frente de Todos cuenta con 116 diputados a los que le sumaría los bloques provinciales Federal y de Unidad y Equidad para el Desarrollo, con los que sumaría 20 diputados más y con ellos obtendría los votos necesarios. Lo que no lograría es el anhelo del ministro de Economía, Martín Guzmán, de poder mostrar al Fondo Monetario Internacional que cuenta con un amplio consenso.

La novedad de la sesión es que en el último acuerdo respecto del protocolo se hizo lugar a que algunas discusiones puedan tener la presencia de mayor cantidad de diputados, por lo que Juntos por el Cambio bajará masivamente a la sesión y lo hará de manera presencial.

Además de los lineamientos macroeconómicos, el proyecto de ley tiene una fuerte impronta respecto de la obra pública, sector al que apunta el Gobierno nacional para comenzar a generar trabajo y crecimiento económico. Pero, además, tiene un recorte del gasto vía el congelamiento de los subsidios, lo que significa que prevé un alza en las tarifas de los servicios públicos para el año que viene.

Las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto 2021

La idea original era que fuese tratado la semana pasada pero en lo que iba a ser la última reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda el oficialismo introdujo 40 cambios que retrasaron el despacho.

Entre las modificaciones principales que se introdujeron se encuentra un aumento en los impuestos al juego, el reconocimiento de una deuda con las empresas productoras de gas así como el pago de los juicios por coparticipación que ganaron en la Corte las provincias de Santa Fe y La Pampa.

En lo que se refiere al impuesto a las apuestas o los juegos de azar, la norma señala que será del 5% por cada apuesta realizada a través de cualquier plataforma digital. Asimismo, la alícuota sube a 10% si el que realiza la apuesta es una persona desde el exterior.

Respecto del transporte, el Ministerio de Economía aceptó el pedido de los diputados del interior del país para incrementar los fondos para subsidiar las tarifas –hubo reclamos respecto de lo que se destina al AMBA– y se habilitó un aumento de 7.000 millones de pesos.

La obra pública es un eje central del Presupuesto 2021

Un punto no menor en los cambios introducidos es que se modifica el artículo 93 en lo que se refiere a la reforma la ley de Responsabilidad Fiscal para los endeudamientos de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora se establece que las provincias tienen que elevar el pedido de autorización para tomar deuda al Ministerio del Interior.

Quizás como consecuencia de los incendios que arreciaron en 14 provincias y que tuvieron su epicentro en Córdoba, se definió aumentar la cantidad de dinero destinado al Fondo Nacional del Manejo del Fuego. En este caso, para incrementar los ingresos, se estableció en el artículo 102 una contribución obligatoria del 3 por mil de las primas de seguros excepto las de vida, a cargo de las aseguradoras.

También se establece en el artículo 104 que el Fondo del Tabaco será transferido a las provincias productoras en forma mensual sin que el Banco Nación perciba retribución de ninguna especie por los servicios que preste para hacerlo.

El proyecto de ley tiene una fuerte impronta respecto de la obra pública, sector al que apunta el Gobierno nacional para comenzar a generar trabajo y crecimiento económico. Pero, además, tiene un recorte del gasto vía el congelamiento de los subsidios, lo que significa que prevé un alza en las tarifas

En lo que se refiere a las provincias también se fija en el artículo 110 que el Estado nacional acordará el pago a las provincias de Santa Fe y de La Pampa de los fallos de la Corte Suprema que son de 2016 y que habían quedado afuera del Pacto Fiscal.

Respecto de las empresas tecnológicas, en las modificaciones se establece en los artículos 106, 107 y 108 la asignación al Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento de un monto de $230 millones. Asimismo, en los artículos 113 y 106, se establece la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Mipymes Tecnológicas (PyME-Tech), que tendrá como finalidad financiar al sector.

En el mundo energético también se presentaron modificaciones. Primero, se reconoce una deuda con los productores y distribuidores de gas que Cambiemos había aceptado por el salto en el tipo de cambio de 29.500 millones de pesos. También hay modificaciones referidas a las versiones anteriores del Plan Gas en donde hay deudas contraídas con certificado de crédito fiscal y en moneda extranjera.

Además, se agrega en el artículo 87 un régimen especial de créditos para las distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su organización jurídica, que al 30 de septiembre de 2020 no tengan deudas o las deudas sean “razonables” con Cammesa y/o mercado el eléctrico mayorista.