La Procuraduría General de la Nación, tomó primera instancia, la decisión de inhabilitar por el término de 18 años al exgerente general de la Triple A, Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de la ciudad de Barranquilla, Ramón Navarro Pereira, por cobros irregulares en su gestión.

De acuerdo con la información oficial emitida por la entidad estatal, Navarro también tendrá que pagar una multa de $722.430.308, tras encontrar documentos en los que él bajo su cargo dio aprobación y certificación de recibido a órdenes de servicios que nunca fueron prestadas o realizadas, y por consiguiente dispuso de los pagos correspondientes.

Según la Procuraduría, en medio de las investigaciones se logró demostrar que las órdenes de pedido realizadas a la empresa para el transporte de carga y de residuos sólidos carecían de una necesidad real y por lo que nunca existió evidencia alguna que dichos servicios se hubieran prestado.

Uno de los casos que dio a conocer el entre de control, fue el de la empresa Larco Limitada, la cual, Naravarro Pereiro, permitió que se apropiara de $361.215.154 provenientes de la empresa Triple A, dinero el cual dejó de recibir el Distrito de Barranquilla por concepto de utilidades y regalías en la vigencia 2015.

Asimismo, indicó que Navarro durante su trabajo como gerente no obedeció los requerimientos originados de las gerencias Administrativa, de Operaciones, Comercial, la Dirección de Procesos Administrativos, ni la Subgerencia de Aseo, que eran las directamente relacionadas con el objeto.

Pese a la decisión del fallo tomado por el Ministerio Público, el apoderado del disciplinado, Ramón Navarro Pereira, presentó un recurso de apelación el cual será resuelto por la Sala Disciplinaria de la Entidad.

Cabe recordar que en marzo del año 2018 Ramón Navarro aceptó su responsabilidad por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado, lo que tiene que ver con la apropiación ilícita de más de $27.000 millones, en hechos ocurridos entre los años 2012 y 2015. De esta forma, de acuerdo con la Procuraduría, la aceptación de los cargos sería considerada como prueba de los pagos irregulares.

Por otro lado, la entidad también dio a conocer la captura del funcionario Jesús Alejandro Garzón, quien le pedía 300 millones de pesos para ayudarle a un Senador con temas judiciales dentro de la Procuraduría.

De acuerdo con la Fiscalía, entidad que realizó al aprensión, Garzón es acusado de hacer uso de sus facultades como servidor público para exigir dadivas a un senador de la República que, al parecer, se trata Richard Aguilar del partido Cambio Radical, para resolver a su favor un proceso disciplinario por el que ya fue sancionado en primera instancia.

El director especializado contra la corrupción, Eduard Alirio Calderón Muñoz, explicó que el funcionario habría cometido los hechos en diciembre de 2019 mientras el ahora senador ejercía otro cargo público en 2012. El delito por el que se le acusa es de concusión. “Además, la investigación estableció que, con particulares, esta persona asesoraba para obtener tutelas en contra de la Procuraduría General de la Nación”, afirmó Calderón.