Que las empresas de medicina privada se han opuesto a la incorporación de nuevas prestaciones en favor de sus asociados, no es novedad. Pero en un reciente congreso expresaron sus puntos de vista con una crudeza sin precedentes. Reunidos en Bariloche por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) dos semanas atrás, las intervenciones de los representantes de las empresas de medicina privada giraron en torno de los supuestos males económicos que les generan las distintas regulaciones y leyes que han avanzado sobre su negocio desde 2006 a esta parte, todo ello sazonado con alusiones despectivas dirigidas hacia los pacientes que sufren esas enfermedades incorporadas a la Prestación Médica Obligatoria (PMO) o que son beneficiarios de programas específicos, como el de fertilización asistida.

Varias de las exposiciones dirigidas a los 200 ejecutivos de la salud privada reunidos en la ciudad rionegrina hablaron de "una fiesta" de regulaciones entre 2006 y la actualidad, dentro de las cuales la recientemente sancionada de fertilización asistida fue calificada como "la frutilla del postre", según consignó la agencia Télam.

Los reclamos apuntaron contra resoluciones y leyes que agregaron a la PMO medicamentos para hepatitis crónica; la ligadura de trompas; la anticoncepción hormonal de emergencia; la drogadependencia; los trastornos de conducta alimentaria; los tratamientos de la obesidad, celiaquía y alcoholismo; la presencia de un asistente domiciliario; y la fertilización asistida.

Entre los asociados de Acami se encuentran los hospitales Alemán, Británico e Italiano; la Fundación Favaloro, y las prepagas OSDE y Cemic. Según la crónica de Télam, las críticas apuntaron tanto al Poder Ejecutivo, como al Legislativo y el Judicial y a las asociaciones de defensa de los consumidores. "También hubo declaraciones discriminatorias contra celíacos y parejas de homosexuales", expresó la agencia. El caso explícito en ese sentido fue el de Luis Fontana, gerente médico de gestión de OSDE, quien empleó tonos irónicos al referirse a las nuevas prestaciones, que calificó de "fiesta" porque según su criterio muchas de las prestaciones "no tienen razón de ser" o son "una aberración científica", como calificó a la ley de fertilización asistida.

Detrás de todo este despliegue de ataques a la regulación se encuentra un problema concreto: la ganancia empresaria. De hecho, en su presentación, Fontana explicó que el gasto de cobertura de la ley de fertilización asistida pasó de 4 millones de pesos anuales a casi 25 millones de pesos, pasando de representar el 6,2% del gasto total en salud de esa prepaga al 8,35 por ciento. Fontana no estuvo disponible para esta nota.

Tiempo Argentino consultó a Daniel Maceira, investigador del Cedes y docente de la UBA especializado en economía de la salud, quien indicó que "la ampliación de derechos debe ir de la mano de una correcta instrumentalización vía la reglamentación de las leyes. Creo que falta avanzar en ese terreno". Para Pedro Bussetti, de la asociación de defensa del consumidor Deuco, "si no se prevé cómo van a financiar el nuevo gasto que van a tener, vamos a ir hacia una concentración de la medicina privada porque las más grandes van a soportar mejor los nuevos costos mientras que las pequeñas y medianas pueden volverse vulnerables a la adquisición". En definitiva, la incorporación de más derechos de salud para segmentos de la población no debe ser una excusa para la concentración y los tarifazos.