El derecho a la vivienda digna impone la integración de villas y asentamientos a la trama urbana. Pero las leyes no se cumplen. Por eso, los vecinos se organizan para que casillas de chapa y pasillos de tierra dejen de dominar el paisaje.
Miles y miles de hombres, mujeres y chicos viven en villas y asentamientos porteños. Donde el acceso a los servicios públicos es deficiente o nulo. Donde el hacinamiento y las construcciones precarias forman parte del paisaje. Son miles y miles de hombres, mujeres y chicos que tienen derecho a una vivienda digna. Así lo establece la Constitución argentina. Y así lo exigen ellos, organizados, dispuestos a dar pelea por la urbanización.
Cuando la ley no alcanza
La Villa 31 se llama en realidad barrio Carlos Mugica. Así la bautizaron sus habitantes, en honor al cura tercermundista que luchó por los derechos de los villeros hasta que fue asesinado por la Triple A en 1974. Hoy, los vecinos de este barrio que se ve por las ventanillas de los micros que arriban y parten de la terminal de Retiro no piden un reconocimiento legal. Esa pelea ya la dieron, y con éxito. Lo que los vecinos del Carlos Mugica exigen con petitorios y movilizaciones es que se cumpla con la Ley 3.343, sancionada en 2009. El texto es claro: “Dispónese la urbanización del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 bis”.
“La aprobación de la ley le dio un marco muy general a la situación. Porque la ley no dice ni cómo se va a urbanizar ni por dónde se va a empezar ni cuándo se va a empezar, ni cómo se va a financiar”, explica Sebastián Zubizarreta, miembro de Los Invisibles. Para definir los 34 pasos a seguir a partir de esa disposición legal, una mesa, integrada por vecinos, profesionales y organizaciones sociales elaboró un proyecto concreto de urbanización, impulsado en la Legislatura por la diputada de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía.
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