La aprobación de la iniciativa del Ejecutivo federal para reformar a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), suprimirá la estafa por parte de la Iniciativa Privada (IP) que se resguarda bajo el sistema de autoabasto; señaló la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con la empresa productiva del estado (EPE), con la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992, se permitió a nuevos generadores dentro de la figura de autoabastecimiento. Sin embargo, los nuevos participantes no generaron electricidad exclusivamente para su propio uso, sino para también vender a terceros el energético; por lo que se trata de una “invasión” en los espacios de generación de electricidad del servicio público.

Actualmente, los generadores que se amparan bajo la figura del autoabasto, producción independiente, cogeneración, exportación e importación; y pequeña producción, generan el 50% del consumo eléctrico nacional. Con al menos 225 empresas nacionales y extranjeras participando en el mercado eléctrico, de acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener).

A este respecto, la Secretaría de Economía (SE) detalla que desde 1999 y hasta el tercer trimestre de 2020, las compañías extranjeras han invertido más de 17 mil 674 millones de dólares; en donde las empresas de origen español ostentan el 45.6% de esta cifra, alrededor de 8 mil 059 mdd.

Por otra parte, datos del Instituto de Comercio Exterior de España revelan que entre Iberdrola y Naturgy (filial de Unión Fenosa) generan el 20% de la electricidad en México.

Empresas que resentirán la reforma a la LIE

De los permisos y contratos que se verán seriamente afectados por al reforma, sea una renegociación o cancelación definitiva, destacan los que tiene Grupo Bimbo; consorcio que cuenta con tres permisos de generación, para lograr una producción anual de 6.89 GWh.

Asimismo, otras empresas multinacionales son la española Iberdrola, Altos Hornos de México, Grupo Posadas (una de las mayores cadenas hoteleras en México); Femsa (propietario de franquicias Oxxo y embotelladora de Coca-Cola), Telmex, Palacio de Hierro; Grupo Modelo, además de empresas de minería y de cemento.

Por ende, no es casualidad que algunos de los empresarios que dirigen estas firmas fueran acusados de aportar recursos para generar campañas de desprestigio en contra de la presente administración.