Santa Victoria Este: Denuncian al intendente Nerón por desobediencia judicial

Santa Victoria Este: Denuncian al intendente Nerón por desobediencia judicial

Desde 2022 incumple con la asistencia alimentaria ordenada en favor de tres hijos.

El intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, fue denunciado por desobedecer resoluciones judiciales con las que se lo intimó a cumplir los deberes de asistencia alimentaria negados a tres de sus hijos de 7, 10 y 11 años. En la presentación, que su expareja y madre de los niños acaba de realizar por sistema ante la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Tartagal con la asistencia de la abogada Sarah Esper, Teudosia Pérez también pidió que el jefe comunal sea imputado por violación de la ley 13944, que contempla penas de prisión de hasta dos años para padres que se substraen a prestar los medios indispensables para la subsistencia de hijos menores, y por amenazas.

La mujer, con la que Nerón convivió por largo tiempo y de la que actualmente está separado, vive en Alto la Sierra y solo domina la lengua wichí, por lo que la acompaña en sus acciones un hermano que oficia de intérprete.

Los reclamos judiciales de Teudosia se remontan hasta octubre de 2022, cuando la madre de los hijos de Nerón, cuya filiación fue acreditada con las respectivas actas de nacimiento, interpuso una demanda por alimentos. El 17 de noviembre de ese año, el Juzgado de Personas y Familia de Primera Nominación de Tartagal fijó los alimentos provisorios en favor de los tres hijos menores del intendente (una niña de 10 y dos niños de 7 y 11 años). Ese mismo mes el jefe comunal fue notificado del auto resolutivo, sin dar cumplimiento al oficio.

En forma posterior, el Juzgado de Familia intimó al entonces secretario de Hacienda de Santa Victoria Este a descontar por planilla el 45% de la remuneración neta percibida por Nerón como intendente, embargo que debía depositarse en una judicial habilitada para tal fin, pero tampoco se dio cumplimiento a la medida. El Juzgado reiteró la orden el 30 de octubre de 2023, pero los responsables del organismo municipal volvieron a hacer caso omiso, por lo que ahora se pidió a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial del Norte que extienda las imputaciones por desobediencia judicial a ellos.

Una vista de la comunidad de Alto la Sierra, en el extremo noreste de Rivadavia.

Teudosia remarcó que Nerón no concurrió a la audiencia de rigor y que con posterioridad le manifestó a su madre que, si ella le retiraba la acción judicial, le entregaría dos millones para que "deje de molestar". La demandante agregó que en los primeros días de octubre de 2023, el intendente le dijo a su hermano, Justiniano Pérez, que lo único que recibirían de él serían "chapas y ladrillos", siempre y cuando ella desistiera de insistir en el embargo del 45% de su sueldo de intendente. Teudosia manifestó que el jefe comunal aprovecha su posición política para asirse de los medios para incumplir las disposiciones judiciales. Denunció, asimismo, que cada vez que ella se traslada desde Alto la Sierra a Tartagal, Nerón amedrenta a sus hijos, incluso a los mayores, con amenazas.

"Ningún progenitor puede ni debe abstenerse de cumplir sus deberes de asistencia alimentaria. Mucho menos un intendente que, desde la función pública, hace uso del poder político que ostenta", subrayó la abogada que asiste a Teudosia. "Es urgente que la Justicia haga uso de todos y cada uno de los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su alcance para preservar a los niños, tal y como lo establecen los convenios internacionales y las leyes nacionales vigentes", acotó Sarah Esper.

El primer jefe comunal originario

En diciembre de 2019 Rogelio Nerón fue noticia a nivel nacional por ser el primer intendente del pueblo wichí. Se definió entonces como un jefe comunal empeñado en recuperar los derechos de la comunidad originaria de Santa Victoria Este. A fines de 2020, en su primer año de mandato, el Concejo Deliberante de ese municipio de Rivadavia lo acusó de desmanejos administrativos y resolvió su destitución con el acuerdo de cinco de los siete ediles. Nerón apeló la decisión y la Corte salteña falló a su favor, en noviembre de 2022, al considerar que se vulneró el principio de imparcialidad en el juicio político. En mayo de 2023 fue reelecto con un amplio margen de votos.

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