Tras la masiva movilización, Morales cede y convoca a paritarias a los gremios docentes

Tras la masiva movilización, Morales cede y convoca a paritarias a los gremios docentes

Persisten 17 cortes de rutas, al menos, mientras en el Penal de Alto Comedero siguen detenidos 43 hombres, 9 mujeres y 5 menores. La cuestionada Carta Magna fue publicada en el Boletín Oficial, por lo que ya entró en vigencia.

David Correa

Jujuy no descansa. Las calles céntricas de su capital volvieron al ser el escenario de una multitudinaria Marcha de las Antorchas, convocada por los principales sindicatos docentes, la Intergremial y la CGT. La movilización contó el apoyo de miembros de comunidades originarias, obreros de la Mina El Aguilar y movimientos sociales. “Arriba los salarios, abajo la reforma”, continúa siendo la consigna que une a los distintos sectores. Este nuevo capítulo de la protesta docente quebró el silencio del gobierno provincial, que convocó para este jueves a una paritaria con la dirigencia de los maestros, pese a que el fin de semana el gobernador Gerardo Morales había afirmado que “estaba cerrado ese capítulo”, cuando fue consultado en una conferencia de prensa sobre el pedido de aumento salarial de la docencia.

La invitación a dialogar se concretó pasadas las 21 y fue confirmada a elDiarioAR por Silvia Vélez, la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP). “Recibimos una notificación de la directora de Empleo Público del Ministerio de Trabajo, a través de la cual se nos invita a participar de una mesa paritaria mañana (por este jueves), a partir de las 16.30, en el Ministerio de Educación”, sostuvo. Este medio también se comunicó con Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), quien confirmó que también fueron convocados. “Iremos porque fue un logro de todos los sectores que entendieron que nuestra lucha es justa. Fueron días muy duros, repudiamos la brutal represión que se vivió en las calles”, expresó. Entre ambas centrales concentran la representación de la docencia primaria, media y superior, cuyas manifestaciones en las calles, desde hace tres semanas, generaron la adhesión de amplios sectores de la sociedad jujeña. Vélez y Sosa recordaron que previo al encuentro con los funcionarios provinciales, habrá una nueva marcha de la docencia, a las 11, también por las calles de San Salvador. Este escenario de continuidad de las protestas forma parte del paro de 48 horas, para miércoles y jueves, en el que coincidieron la CGT local y la Intergremial.

La segunda jornada del paro general se profundizará este jueves, porque se confirmó la adhesión de la Asociación Bancaria, el Centro de Empleados de Comercio, los judiciales provinciales y nacionales, quienes se sumarán a la huelga de los maestros y profesores de la actividad pública y privada. “Perdimos el miedo, vamos a terminar con el maltrato con el que se nos trata a los trabajadores estatales”, expresó Yolanda Canchi, la secretaria general del sindicato de la sanidad, ATSA.

Al caer la noche persistían, al menos, 17 cortes de rutas en distintos puntos de la provincia. En algunos casos, se daba paso cada hora para evitar enfrentamientos con turistas y con conductores de vehículos de actividades productivas. Igual, esto generó numerosos inconvenientes. Sobre la ruta nacional 9 continúan los bloqueos en El Carmen, Purmamarca, Tilcara, Uquía, Abra Pampa y en La Quiaca. Otros cortes se mantienen en Palma Sola, Caimancito, San Pedro, Caranzulí y El Pongo. En las últimas horas se supo que el Fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Ángel Rivas, denunció ante el Fiscal Federal de turno a las autoridades de Gendarmería Nacional por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, desobediencia judicial e inacción por garantizar la libre circulación por las rutas nacionales. El pasado martes, juez Federal subrogante Diego Martín Matteucci había autorizado a la Gendarmería para que se asegure el tránsito por las rutas nacionales 9, 34, 52 y 66. La medida no se cumplió porque, de acuerdo a declaraciones del Ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, “no había sido notificado”. Uno de los bloqueos más importantes es el de Tilcara aunque se permite la circulación cada dos horas. Sobre esa ruta se concretó la Marcha de las Antorchas, que fue encabezada por docentes, municipales y referentes de las asambleas de pueblos originarios.

Al cierre de esta nota persistía la presencia de familiares en la puerta del Penal de Alto Comedero, de abogados y abogadas de detenidos. Aún están privados de su libertad -desde la tarde de la represión en las afueras de la Legislatura y la persecución por barrios en la periferia de la capital- 43 hombres, 9 mujeres y 5 menores. “Todos están imputados pero no nos permiten el acceso al expediente. No sabemos cuál es la imputación y estamos esperando que nos notifiquen para presentar las defensas. A los que habían sido detenidos por el corte en Purmamarca los liberaron a las 24 horas, el sábado, pero ahora nada se dice”, detalló la abogada Alejandra Cejas a elDiarioAR.

Según pudo relevar este medio, el martes de las protestas por la jura de la nueva Constitución jujeña, hubo 180 heridos, entre ellos, 50 agentes de la Policía provincial. La mayor parte de las heridas de quienes no forman parte de la fuerza de seguridad, presentaron impactos de balas de goma de distintas consideraciones, en rostros, brazos, torso y en las piernas. Fueron atendidos en los hospitales San Roque, Pablo Soria, el Snopek de Alto Comedero, el Gallardo de Palpalá, en la Guardia del Centro de Especialidades Norte y en el hospital Materno Infantil. En el Pablo Soria permanece en terapia intensiva el hombre que tuvo una fractura de cráneo, grave, por el impacto de un proyectil de un gas lacrimógeno.

Pese a los cuestionamientos desde distintos sectores de la sociedad a la nueva Constitución, el Poder Ejecutivo jujeño dio un paso más para consumar el proceso de reforma. La Carta Magna se publicó en el Boletín Oficial, por lo que ya entró en vigencia. El documento mantuvo el polémico artículo 67 que reza sobre el “Derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, uno de los más rechazados. Ratifica “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia”, en relación a las protestas. Dos abogados de sindicatos consultados señalaron que se analiza su impugnación por la vía judicial.

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