La política argentina tiene esas ironías: quién le iba a decir a Axel Kicillof, que en 2019 asumió su cargo con la promesa -por parte de Cristina Kirchner- de contar con recursos en abundancia para gestionar la provincia y hacer políticas de "inclusión social", que hoy tendría que estar en una situación similar a la que vivió Daniel Scioli, quien durante años sufrió la asfixia financiera en manos de la propia Cristina.

Y sin embargo, es así: con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada se terminó el trato privilegiado -ese que había hecho que la provincia fuera beneficiada con un punto de la coparticipación cortado a la Ciudad de Buenos Aires-. Y, sobre todo, llegaron a su fin los días felices en los que Buenos Aires, gracias a las transferencias discrecionales por parte del gobierno nacional, iba a ser el mayor receptor de fondos por fuera de la coparticipación.

El último año, solamente un 54% de lo que entra a las arcas bonaerenses provino de recursos propios, mientras que un 32% tuvo su origen en las transferencias automáticas, y un sustantivo 14% se explicó por las transferencias discrecionales decididas por el poder ejecutivo, que es lo que Milei se propone recortar a cero después del fracaso de la ley ómnibus en el Congreso.

Si bien no es la provincia que recibe mayores transferencias en términos per capita, su gran población hace que, naturalmente, sea la que ingrese la mayor porción en términos nominales: de todo lo que la Nación pagó en 2023 por repartos discrecionales, Buenos Aires recibió un 49% de las transferencias corrientes y un 63% de las de capital.

Preparativos para la economía de guerra

 

La perspectiva de perder semejante masa de dinero puso a Kicillof en alerta: ya había insinuado la posibilidad de seguir los pasos de La Rioja y emitir una cuasi-moneda, resucitando los Patacones de 2001. Se trata de una experiencia que los bonaerenses no recuerdan con agrado -por la pérdida de valor de esos títulos en el mercado- y que en esta ocasión podría ser peor, porque Milei ya adelantó que no serán aceptados para el pago de impuestos nacionales a la AFIP y que, a diferencia de lo ocurrido en aquella ocasión, no serán rescatados por el gobierno nacional.

Pero la situación se ha ido agravando con la pelea de Milei con los gobernadores provinciales, en quienes ve una traba para su agenda reformista, a tal punto que han sido caracterizados como los máximos exponentes de "la casta".

Milei con los gobernadores, cuando todavía había margen para la negociación: Kicillof se queja de discriminacion contra Buenos Aires

 

Es en ese contexto que las cajas provinciales están sufriendo ataques por varios frentes: a la virtual eliminación de las transferencias discrecionales se suma ahora el recorte de subsidios para el transporte, la prohibición de financiarse con aportes de los bancos provinciales y un retraso en la habilitación de partidas presupuestarias para gastos corrientes.

En casi todos esos rubros, Kicillof sufre más que el resto de sus colegas, al punto que acaba de avisar que pudo pagarles los salarios de enero a los docentes, pero que ya no podrá abonar el de febrero si el gobierno no regulariza los traspasos de fondos.

En simultáneo, los gremios de los maestros están reclamando aumentos para compensar la alta inflación, y crece el peligro de que no empiecen las clases en las fechas previstas por el programa escolar.

Kicillof en el espejo de Scioli

 

Para Kicillof no hay dudas sobre cómo interpretar esta situación: no solamente obedece a la emergencia fiscal en que se encuentra el país y a la meta de Milei y Toto Caputo por llegar a un déficit cero. Ve, además, un ensañamiento particular contra Buenos Aires por una cuestión ideológica y política.

Después de todo, Kicillof es el ahijado político de Cristina Kirchner, es el presidenciable con mayores chances hacia 2027. Y la provincia es el gran bastión de resistencia desde el cual el kirchnerismo quiere reorganizar su ofensiva política.

Por eso el gobernador bonaerense no duda en hablar de "discriminación" por parte de Milei hacia Buenos Aires. En un extraño espejo, es una situación con muchas coincidencias con la que vivía su antecesor Daniel Scioli en los tiempos en que Cristina era presidenta.

Cada vez que a Kicillof le recuerdan que reciba un alto porcentaje de transferencias discrecionales, el gobernador suele responder que no se trata de un privilegio, sino apenas de un atenuante para una situación desventajosa: Buenos Aires, con la mayor población del país, aporta un 37% de los recursos tributarios nacionales, pero sólo recibe un 22% de la coparticipación.

Algo parecido le pasaba a Scioli, con el agravante de que su porción en las transferencias discrecionales se achicaba cada vez más a medida que su relación política con Cristina se hacía más tensa.

Durante su segundo mandado, la parte de los recursos que se asignaban "a dedo" y no por coparticipación llegó a ser el 73% del ingreso tributario nacional. Eran los días en que Cristina sistemáticamente subestimaba el aumento de la recaudación, de manera de poder usar a discreción los recursos, generalmente con un criterio de premios y castigos a los gobernadores según su sintonía política.

Durante la gestión de Cristina Kirchner, con Scioli como gobernador, la provincia de Buenos Aires fue sometida a una progresiva asfixia financiera

 

Scioli fue la gran víctima de esa política. No sólo recibía la mitad de los recursos por transferencias que sus colegas de las otras provincias, sino que sufrió un recorte de 75% de los giros cuando en 2013 el gobernador blanqueó su intención de postularse a la presidencia.

Además, sufrió particulamente por la licuación del Fondo del Conurbano. Era una caja generosa, financiada con el 10% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias. El fondo tenía un tope de $650 millones, de manera que si la recaudación superaba ese monto, sería repartido entre el resto de las provincias.

Y en ese tope estuvo la trampa que vio Cristina para disciplinar a Scioli, que desde el inicio mostró sus ambiciones presidenciales. El método elegido por la ex mandataria fue simple y letal: congelar la cuota sin actualizarla por inflación. Eso llevó a que la porción correspondiente a la provincia se fuera diluyendo de tal forma que en 2015 –es decir, cuando Kicillof era ministro de economía- llegó a ser el 1% del total.

El ahogo financiero lo ponía en una situación de déficit crónico, por el cual siempre estaba en conflicto con los gremios docentes y en una ocasión hasta tuvo que pagar el aguinaldo de los estatales en cuatro cuotas.

Cristina, en ese entonces argumentaba que la provincia era privilegiada por sus recursos naturales. En 2012, luego de haber aportado sólo un tercio del dinero que pedía el gobernador, lo acusó de no gestionar correctamente. "Tuve un maestro que me enseño que no hay manera de poder sobrevivir si no se administra y gestiona como se debe", decía Cristina, en alusión a Néstor Kirchner. Impávido, Scioli se resignaba a seguir aumentando los impuestos provinciales.

Curiosamente, cuatro años después, cuando Kicillof llegó a la gobernación de Buenos Aires, Cristina cambió radicalmente su discurso y planteó que la mayor provincia del país sufría una discriminación en el reparto de recursos, que debía ser compensada por la vía del punto de coparticipación que se le retiró al entonces jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

El ajuste fiscal de Kicillof

 

Hoy Kicillof debe estar sintiendo, con retroactividad, un sentimiento de solidaridad con Scioli. Se enfrenta a eventuales conflictos gremiales por causa de decisiones presupuestarias tomadas desde el gobierno central, y no le queda más remedio que aumentar la presión impositiva provincial, poniendo así en juego su popularidad ante su electorado.

De hecho, ni bien reasumió en el cargo, el gobernador envió a la legislatura un proyecto de ley fiscal impositiva que, entre otros puntos, elevó las bases de cálculo para gravar a los bienes inmobiliarios, urbanos edificados y terrenos rurales.

Se estima que los aumentos, que empezarán a sentirse a partir de marzo, podrían llegar al 200%.

Roberto Baradel, principal dirigente del gremio docente de Buenos Aires, denunció que Milei quiere generarles una crisis a las provincias por recorte de fondos para los maestros

 

Kicillof tuvo más suerte que Milei: las bancadas opositoras en la legislatura no sólo le dieron los votos para aumentar el impuesto inmobiliario sino que le prorrogaron facultades especiales por emergencia y el permiso para tomar deuda por u$s1.800 millones. El propio Milei se encargo de destacar, en un tuit, el contraste entre el apoyo para el fiscalismo de Kicillof y las reticencias para su propio proyecto.

No es la única ventaja política de Kicillof. Cuenta también con cierto trato benevolente por parte de los sindicatos. Por caso, ante la negociación salarial de los docentes, el dirigente Roberto Baradel denunció que la falta de financiamiento es enteramente responsabilidad de Milei.

"Son transferencias que deberían haber llegado al Estado Nacional porque es un fondo específico. Quieren que la crisis le estalle a cada uno de los gobernadores en las provincias", dijo el controvertido dirigente gremial, que no solía mantener la misma actitud en los tiempos en que debía negociar con Scioli.

Pero claro, el hecho de que en los discursos no lo hagan responsable de la crisis no le garantiza a Kicillof que pueda vivir, como le pasó a Scioli durante todo su segundo mandato, un inicio de clases con huelga.

Persiguiendo a los evasores millonarios

 

Mientras tanto, Kicillof no descuida la comunicación política para justificar su necesidad de ajuste fiscal. Desde la agencia recaudatoria ARBA, suelen difundirse los casos de defraudación impositiva por parte de contribuyentes de altos ingresos.

Así, se repitieron en los últimos días informaciones como la de que 17 edificios y 215 casas de lujo en Pinamar estaban declaradas como terrenos baldíos, que un edificio "ultramoderno de oficinas corporativas" en Nordelta también figuraba como baldío, que hay 1.400 embarcaciones deportivas que podrían ser embargadas por deudas tributarias, que hay 120.000 metros cuadrados edificados y sin declarar en edificios y countries de Mar del Plata, y así sucesivamente.

También en este plano Kicillof se emparenta con Scioli, quien durante años se dedicó a operativos espectaculares para denunciar la evasión de deudores de altos ingresos que eran dueños de lanchas y camionetas 4x4.

Lo cierto es que si bien estos comunicados tienen impacto político, su incidencia en términos fiscales es más bien simbólica: todos los impuestos a bienes inmuebles que recauda la provincia apenas representan un 30% de los recursos de ARBA.

La caja provincial de Kicillof depende, en cambio del impuesto a los Ingresos Brutos, que representa el 80% de su ingreso. Y este año Kicillof logró no solamente preservarlo sino obtener un anticipo del cobro, gracias a un permiso especial de la legislatura.

Es uno de los tributos más odiados por los contribuyentes, que denuncian una doble imposición con Ganancias. Durante la gestión macrista se había firmado un "pacto fiscal" en el que los gobernadores se comprometían a eliminar gradualmente ese impuesto, pero al llegar Alberto Fernández aquella política se revirtió.

Aun así, ARBA tuvo en 2023 una caída, en términos reales, de 30% en su ingreso tributario.

Hoy, en una nueva vuelta de tuerca de la historia, Kicillof se encuentra en una situación curiosa: en soledad política, sufre el mismo ahogo financiero que Scioli, lo cual lo obliga a exacerbar el celo impositivo al mismo tiempo que critica la obsesión fiscalista del presidente.