Por Pablo Carro

Sin embargo, buena parte de la discusión que propone La Libertad Avanza gira en torno a algunos lugares comunes que resulta imprescindible desarticular si de verdad queremos tener un debate serio sobre el estado de la cultura en nuestro país. Podrían sintetizarse en cuatro argumentos combinados: 1) Que en los institutos de cultura hay control ideológico sobre lo que se produce y que por lo mismo hay falta de transparencia en la asignación (discrecional) de recursos; 2) Que los recursos asignados no llegan a sus destinatarios y se pierden en una maraña burocrática elefantiásica e ineficiente; 3) Que en un país con los niveles de pobreza que tiene la Argentina es un despropósito destinar recursos a la cultura (no hay plata, reza el mantra); 4) Que es necesario centralizar los recursos para garantizar “libertad, transparencia, eficiencia y progreso”, según lo expresado por el secretario de cultura Leandro Cifelli en la defensa del proyecto en comisiones. Estos argumentos son falsos.

En primer lugar, contra el argumento de la manipulación política y la discrecionalidad vale decir lo siguiente.

El Instituto Nacional de Teatro (INT) y el Instituto Nacional de la Música (Inamu) tienen sus consejos o asambleas federales integrados por los responsables de cada una de las provincias y de CABA (es decir, expresan la diversidad federal de cada uno de sus gobiernos). En los últimos años sus planes de acción y balances económicos fueron aprobados por unanimidad y no existe una sola denuncia por mal funcionamiento o incorrecta distribución de los recursos. En el caso de Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), además de la representación jurisdiccional, incorpora distintos representantes sectoriales de la industria audiovisual. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) es una junta representativa compuesta por 24 miembros, fundamental para otorgar carácter federal a las actividades que desarrolla. Las bibliotecas son dirigidas por comisiones integradas por distintos agrupamientos sociales y forman parte de la vida comunitaria en cada localidad. Es decir, de conjunto, estos son organismos federales que definen sus propias políticas. El gobierno nacional no tiene ni voz ni voto. En todo caso, es el Congreso Nacional el que cada año aprueba las asignaciones que les corresponden por ley a cada organismo.

En segundo lugar, contra el argumento de la ineficiencia burocrática elijo tres ejemplos.

Ninguno de los 30 trabajadores del Inamu tiene relación de dependencia con el Estado. La inversión en fomento a la música demuestra ser altamente eficiente, ya que cada peso destinado a proyectos se multiplica por tres. En términos generales, el Inamu financia aproximadamente el 25 o 30% de un proyecto artístico, mientras que el resto es aportado por los propios artistas autogestionados. Ni la Asamblea Federal, ni los Consejos Regionales (80 representantes de Asociaciones de todo el país) cobran por su colaboración. Existe un amplio consenso entre los referentes musicales más importantes del país, aún sin ser beneficiarios, de que el Inamu es la herramienta más adecuada para fomentar la actividad musical independiente en el país. Es lo que hubieran querido para sí al inicio de sus carreras profesionales.

Con el INT ocurre algo similar. El proyecto de ley es un ataque directo al Teatro Independiente. Al eliminar el instituto, elimina sus atribuciones. Por ejemplo, otorgar beneficios a la actividad teatral, administrar recursos, aplicar sanciones, representar al teatro en el ámbito internacional, financiar el mantenimiento de salas de teatro, crear delegaciones regionales, entre otras. También implica la eliminación del descuento del 50% en pasajes para actores, artistas y técnicos de compañías de teatro y de variedades argentinas, vía empresas estatales de transporte. Pero no sólo se elimina el INT, sino que se deroga la ley nacional de teatro, lo que afecta las regulaciones laborales que establece, indicando que no se impondrán cupos o condiciones específicas de trabajo para las actividades respaldadas por la misma. El proyecto nos priva de la posibilidad de contar con más de 500 salas de teatro distribuidas en todo el territorio nacional, del fomento a la producción y exhibición del teatro como expresión de nuestra cultura. Especialmente en aquellas regiones donde resulta dificultoso generar eventos artísticos con fines comerciales.

En el caso del Incaa, se trata del fomento a una de las industrias audiovisuales más importantes de Latinoamérica. La contribución del sector audiovisual alcanza al 3,1 % del empleo de la economía nacional. Si se consideran sus efectos directos, indirectos e inducidos, el sector audiovisual representa el 5,2 % del total de la economía argentina. Y acá el dato central, cada peso del fomento a esta industria se multiplica por siete. Esto tiene que ver con el encadenamiento productivo (hotelería, gastronomía, etc.) y la multiplicación de puestos de trabajo que genera. Decir, que el Incaa está sobredimensionado es una burrada, si tomamos en cuenta las tareas que realiza. Dentro de este instituto funciona una de las escuelas de cine más importantes de Latinoamérica, la Enerc. El Incaa tiene un papel clave en el ordenamiento del mercado de trabajo. No entrega subsidios sin previa certificación del cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo de cada sector; es decir, garantiza trabajo registrado y de calidad. Sin hablar de las tareas de inspección que permiten controlar que en las pantallas argentinas exista producción nacional, estrenos, etc. Y todavía no hemos dicho una sola palabra sobre la importancia simbólica de esta industria para la reafirmación de nuestra identidad nacional. En el cine nos vemos y reconocemos. Allí están nuestras historias, contadas por nuestros directores, interpretadas por nuestros artistas, en nuestros entornos naturales. El aporte a la memoria regional y nacional es insustituible y clave desde el punto de vista de nuestra soberanía. El cine argentino es marca país.

En tercer lugar, contra el argumento que dice no hay plata es importante resaltar que los fondos para la cultura en nuestro país no salen de las arcas del estado ni de los impuestos nacionales que pagan todos los que habitan nuestro suelo. Los institutos culturales se financian con lo que se conoce como “asignaciones específicas” para la cultura.

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (o ley de medios), esa que nos quieren hacer creer que derogó por decreto Mauricio Macri, esa que también se ve impactada por el DNU de Javier Milei, distribuye por artículo 97 lo recaudado por gravámenes pagados por las empresas licenciatarias de radio y televisión (abiertas o por suscripción, sea por cable o satélite) de la siguiente manera: 25% para el Incaa; 10 % para el INT; 20 % para Radio y Televisión Argentina; 28 % para el actual Enacom, incluyendo los fondos el funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual; 5 % para la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; 10 % para proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios (Fomeca); 2 % para el Inamu.

La Conabip se financia con un impuesto a los juegos de azar. El proyecto de ley pretende derogar esa asignación presupuestaria y plantea que las bibliotecas populares dependerán de los subsidios otorgados por el Congreso Nacional. Para obtenerlos, deberán acreditar la necesidad social de los servicios en su zona, las necesidades específicas para el crecimiento de las bibliotecas más carenciadas y el esfuerzo realizado en la prestación de servicios. Vale destacar que en la actualidad son más de mil quinientas bibliotecas populares, todas constituidas como organizaciones no gubernamentales que funcionan en todo el país. No sólo promueven la lectura, sino que son ámbitos de apoyo escolar, acceso al uso de Internet, lugares de encuentro artístico, etc. Un sinsentido.

El caso del Fondo Nacional de las Artes (FNA) directamente no tiene ni pies ni cabeza. El FNA se financia con los recursos que vienen de lo que se conoce como “dominio público pagante”, es decir, los impuestos que se pagan en el mundo entero por los derechos de autor que generan las obras que tienen más de 70 años de antigüedad (que dejan de cobrar sus autores o herederos). El proyecto directamente elimina el FNA, lo que produce una intervención desregulatoria sobre un segmento clave de la cultura. Las artes promovidas y financiadas por el FNA son de gran interés comercial en la demanda internacional, por ende, constituyen una tentación de negocio para los privados, en detrimento del criterio federal de amplitud e inclusión que hasta hoy se ha sostenido. El FNA concede préstamos, otorga fondos de recuperación industrial y comercial, financia certámenes y exposiciones, subvenciona bibliotecas y museos, entre muchas otras actividades. El FNA es reconocido internacionalmente. Prestigiosos artistas e intelectuales de nuestro país han recibido premios y apoyo: Jorge Luis Borges (gran primer premio del FNA), Astor Piazzolla, Alejandra Pizarnik, Antonio Berni, Leopoldo Torre Nilsson, Leonardo Favio, Emilio Petoruti. Nada dice el proyecto sobre el capital cultural tangible e intangible que administra ni de las donaciones que se le realizaron con destinos específicas y a solo efecto de utilidad del FNA, como la ex casa de Victoria Ocampo, entre otros. Hay coincidencia en los principales gestores de políticas culturales y artísticas que el FNA es útil y valioso.

El cuarto argumento es directamente falaz y engañoso. La “centralización” propuesta en nombre de la libertad, la transparencia, la eficiencia y el progreso, no es más que un “corset político” para estrangular la diversidad y el federalismo cultural porque se desarticula la cultura tal como la conocemos en la actualidad. Si a esto le agregamos los cambios que el proyecto le impone a la ley del libro o a la ley que regula a las sociedades de gestión colectiva de derechos, tenemos el combo completo. Sólo a título ilustrativo.

El proyecto propone la desregulación económica de la actividad editorial. La ley 25.542 actual, protege la bibliodiversidad y a los diferentes eslabones de la cadena de valor de producción, distribución y venta de libros. La modificación de esta ley implica la eliminación de las disposiciones que fijan de manera obligatoria un Precio Uniforme de Venta (PUV) al público o consumidor final. Se derogan las limitaciones y condiciones para los descuentos al PVP, tanto en ventas realizadas durante ferias o días especiales como en compras realizadas por instituciones públicas. Se elimina la lista de exenciones al PVP, como libros editados en número limitado, libros artísticos, libros antiguos y de colección, libros usados, libros fuera de catálogo, libros importados a precio de saldo, y ventas previas para costear la edición de un libro. Se derogan las multas y clausuras establecidas para las infracciones a la Ley, así como el destino específico del producto de las multas a la promoción de la lectura por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). Con matices, todas las organizaciones de productores y vendedores de libros se manifestaron en contra de la derogación de la Ley del Libro 25.542. Dicha derogación haría colapsar a toda la cadena de valor del libro, sobre todo a los eslabones más débiles, como las editoriales y librerías independientes. Si se elimina el precio fijo, se beneficia directamente a las grandes superficies (librerías de cadena, supermercados, plataformas online), que pueden establecer precios por debajo del costo. Muchos de los países con las principales industrias editoriales tienen ley de precio fijo (España, Francia, Corea del Sur, entre otros).

Por su parte, el proyecto de ley ómnibus propone desregular la gestión colectiva de derechos de autores e intérpretes. Al desarmar el sistema actual, habilita a una descentralización desordenada que redundaría en una baja general de recaudación y distribución de los derechos de propiedad intelectual para el conjunto de creadores, artistas e intérpretes del país y sus provincias. Las negociaciones presuntamente individuales con grandes productoras y exhibidoras serían nefastas para los creadores e intérpretes, por las condiciones desiguales e impracticables, y dejarían desamparados al 99% de los autores e intérpretes argentinos. La afectación directa a las sociedades de gestión también jaquea a los servicios asistenciales que éstas brindan. Estos servicios funcionan como una redistribución de recursos y compensación para representados que usualmente no son los que más derechos generan, logrando así un ambiente más equitativo. El cobro y distribución de derechos de propiedad intelectual está reconocido como un derecho de propiedad y de carácter alimentario por la jurisprudencia argentina, no es un privilegio. Con este proyecto se perjudica a la persona natural, creadora o intérprete, la que genera el derecho en primer lugar y es el eslabón más débil de la cadena productiva.

Visto de conjunto, el proyecto en cuestión propone una suerte de genocidio cultural. Produce un desguace de los institutos de la cultura tal como han sido concebidos al calor de los consensos logrados a lo largo de los años en el Congreso Nacional por medio de normativas específicas. La Constitución Nacional establece en su art. 75 que es atribución del Congreso de la Nación “dictar leyes que protejan la identidad y la pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”. En este sentido, el proyecto de ley es abiertamente inconstitucional. Barre de un plumazo cuatro pilares sobre los que se asienta el desarrollo de nuestra cultura pública nacional: elimina su autonomía política, su autarquía financiera, su carácter federal y su prioridad puesta en la producción nacional frente a la creciente transnacionalización de las industrias culturales en el mundo entero.

No hay nada casual en este proyecto. Quienes lo redactaron saben muy bien lo que significa la cultura en tanto producción plural, abierta y libre de los condicionamientos que produce el mercado. Pero, por sobre todas las cosas, saben que en nuestra cultura están las herramientas que nos permitirán salir del laberinto en el que intentan encerrarnos la ultraderecha y sus políticas neoliberales.

* Diputado Nacional de UxP por la provincia de Córdoba. Autor del proyecto de ley que permitió prorrogar por 50 años las asignaciones específicas para la cultura