Mauricio Caminos

Como en un primer round de una larga pelea de box, oficialismo y oposición se midieron el jueves pasado en el inicio del debate por el juicio político a la Corte Suprema. Se dieron golpes bajos, con chicanas verbales y acusaciones cruzadas, pero ningún contrincante logró desestabilizar a su rival.

Es probable que la disputa alcance otro nivel el jueves próximo, cuando en la comisión de Diputados se expongan la totalidad de los argumentos de las 14 denuncias vigentes contra los jueces. Hay más de 60 imputaciones de supuestos delito. Será entonces cuando el Frente de Todos busque profundizar su “plan desgaste” contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. 

En ese operativo contará con la presencia de más de diez expositores, autores de los distintos proyectos de jury: diputados, senadores y particulares. La carta “especial” será poner también en ese lugar a legisladores de Juntos por el Cambio, principalmente de la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, que acusan solo al juez Lorenzetti por sus años como titular del máximo tribunal.

El saldo del primer round

La primera jornada del juicio político dejó en el oficialismo cierta sensación de satisfacción. “Fue un buen comienzo. Estamos bien, llevando adelante el proceso con seriedad”, aseguró a elDiarioAR una de las espadas legislativas más importantes de la comisión. 

La “fortaleza” que intenta mostrar el kirchnerismo es indirectamente proporcional con los votos que necesita para que el juicio avance en el recinto. Ante esa debilidad, aprovechará cualquier ventaja que le de la oposición para sacar rédito propio. “Nuestro bloque estuvo sólido, coordinado. Ellos –por Juntos por el Cambio– asistieron a la comisión y de esta forma legitimaron estas denuncias. El objetivo que seguimos en este proceso es preservar a la institución de sus funcionarios”, señaló otra voz en el kirchnerismo, Vanesa Siley, legisladora y miembro del Consejo de la Magistratura, en AM750.

La 'fortaleza' que intenta mostrar el kirchnerismo es indirectamente proporcional a los votos que necesita para que el juicio avance en el recinto

El oficialismo espera que el calendario juegue a su favor, porque el expediente de juicio político con despacho de comisión tiene un plazo de tres años para ser tratado en el recinto. El tema será si las elecciones estarán de su lado, porque el FdT necesita acumular la mayoría absoluta en el Congreso en los comicios de este año y en las legislativas de 2025. Con la crisis interna, parece una misión imposible. El jefe del bloque, Germán Martínez, recordó los tiempos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner: “En 2002 no había consenso. En 2003 sí lo hubo. Estoy convencido de que a medida que vayamos avanzando con fundamentos y pruebas, el consenso va a estar mucho más claro que ahora”, dijo en radio Con Vos.

El flanco débil de la estrategia sin fecha de vencimiento podría ser la parálisis del Congreso, que de alguna manera ya se siente. “Esto los va a perjudicar más que beneficiar, porque a la gente no le importa este tema. Alejan al votante no politizado que toda fuerza necesita para ganar en primera vuelta o en la segunda”, entendió una diputada de JxC, bloque que se propuso vaciar todos los debates. La situación obligó a que hasta Máximo Kirchner –poco habitué a mostrarse en los pasillos parlamentarios– se presentase esta semana a la comisión de Recursos Naturales para que el FdT tuviera quórum para crear un nuevo parque nacional en Chaco. 

El miércoles próximo podría haber otra postal de la división política: el oficialismo buscará reabrir la Comisión de Previsión y Seguridad Social para debatir la moratoria previsional –que beneficiará a unas 800.000 personas–, pese a que la ley tiene dictamen: figuró en el temario de la última sesión que se frustró por falta de quórum. A su vez, el bloque del FdT ya emitió dos solicitudes para que se reabran las comisiones que presiden opositores y que tienen en agenda parte del temario de las sesiones extraordinarias.

Nuestro bloque estuvo sólido, coordinado. Ellos –por Juntos por el Cambio– asistieron a la comisión y de esta forma legitimaron estas denuncias. El objetivo que seguimos en este proceso es preservar a la institución de sus funcionarios

Vanesa Siley — Diputada del FdTLas acusaciones y los acusados

La comisión de Juicio Político volverá a la actividad el próximo jueves desde las 11. Será el momento en que expongan algunos de los autores de los 14 expedientes que se analizan en el marco del proceso a los cuatro miembros de la Corte. El FdT tendrá como portavoces a los diputados Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés, y a la senadora Juliana Di Tullio.

Bajo la denuncia general de “mal desempeño en sus funciones”, válido por la Constitución Nacional, las acusaciones apuntan a distintas acciones de los magistrados en los últimos años. Cargan las tintas de los expedientes el fallo de la Corte de diciembre, en el que ordenó a la Nación devolverle a CABA el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.

El impulso que le dio el Gobierno a la embestida a los cortesanos ganó volumen después de que se revelaran chats entre Silvio Robles –vocero de Rosatti– y Marcelo D’Alessandro –ministro de Justicia y Seguridad porteño en licencia–, justamente anticipando la medida que benefició a Horacio Rodríguez Larreta. Esos son algunos de los argumentos en el pedido de jury que firmaron un grupo de diputados, tomando como base el reclamo del presidente Alberto Fernández y distintos gobernadores. 

Otro hecho del año pasado también se ventilará en el jury: la declaración de inconstitucionalidad de una reforma del Consejo de la Magistratura –el órgano que nombra y remueve jueces– que impulsó Cristina Fernández de Kirchner hace 15 años. Finalmente se retrotrajo su composición a 20 miembros, con el titular del máximo tribunal a la cabeza –hoy Rosatti–, tal como disponía una ley ya derogada. 

El fallo por la coparticipación en favor de CABA, el freno a la reforma de la Magistratura, el beneficio del '2x1' a un represor y el manejo de la obra social de los judiciales son parte de los argumentos del oficialismo para buscar enjuiciar a la Corte

El beneficio del “2x1” que Rosenkrantz y Rosatti le otorgaron al represor Luis Muiña en 2017 –Lorenzetti y Maqueda votaron en disidencia– está en varios de los expedientes de pedido de juicio. Los jueces –junto a la ex ministra Elena Highton de Nolasco– declararon en su momento aplicable la ley 24.390, vigente entre 1994 y 2001, pero que entonces estaba derogada. La sentencia fue revertida gracias a una movilización popular y tras una ley del Congreso que restringió la aplicación de aquel beneficio.

En ese plano también hay una denuncia contra Rosatti por supuesto encubrimiento al represor Eduardo Alberto Ramos Campagnolo cuando era intendente de Santa Fe. La denunciante, ex detenida-desaparecida Patricia Isasa, también expondrá el jueves. Además, al presidente de la Corte lo apuntan por frenar la llamada Comisión Interpoderes, un espacio que se encarga de apurar los procesos a los genocidas. Por ese expediente el abogado Pablo Llonto dará su testimonio. 

A Rosatti desde el oficialismo también le achacan violar la división de poderes. Aseguran que buscó “condicionar” al Ejecutivo y Legislativo, cuando en declaraciones públicas –luego de que el Senado votó ampliar la Corte a quince jueces– pidió que se tenga en cuenta la opinión de la Justicia. Y Rosenkrantz está señalado por “conflicto de intereses” al fallar sobre grandes empresas que fueron clientes suyas, como YPF, Claro, supermercado Día, Grupo América y Pan American Energy.

El supuesto desmanejo por parte de la Corte de la Obra Social del Poder Judicial es motivo de varios pedidos de jury. La base es un informe de una Comisión de Auditoría, que desde 2008 señaló contrataciones irregulares y gastos sin control.

Carrió, contra Lorenzetti y el FdT

“Vamos a exponer con los ejes de nuestro juicio político”, avisaron a elDiarioAR en el bloque que responde a Carrió, que mantiene firme sus denuncias contra Lorenzetti, y que el FdT incorporó en el tratamiento del juicio a la Corte para hacer mella en JxC. “No somos tontos y tenemos oficio”, respondieron ante la posibilidad de quedar “expuestos” a la jugada kirchnerista. 

Juan Manuel López, de la CC; Mario Negri, de la UCR, y Omar de Marchi, del PRO, el tridente opositor que forma parte de la comisión de Juicio Político. La fuerza de Carrió tiene vigente dos denuncias contra el juez Lorenzetti. NA

“Habla mal de ellos poner como ejemplo nuestro juicio político porque es de hace más de cinco años y a ellos nunca les interesó. Deberían estudiar más, pero son vagos”, chicaneó la voz opositora. Por la fuerza de Carrió expondrá la diputada Paula Oliveto.

La CC señala a Lorenzetti por sus años al frente del tribunal. Lo acusan por supuestos negociados en la administración de la Corte y con hacer la vista gorda a reclamos de algunos jueces que denunciaban narcotráfico. También por crear una red de espionaje ilegal.

En la comisión el jueves expondrán además representantes de la Asociación Argentina de Juristas, de la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, y los particulares Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Diego Sánchez. Será una larga jornada cargada de tensión, que calentará aún más el clima para la audiencia de la semana siguiente, en la que se prevé votar la viabilidad de los pedidos de juicio político. Nuevos cruces entre el oficialismo y la oposición estarán a la orden del día.