En el primer día laborable de 2024, el Gobierno dio un nuevo paso en su política de revisión integral de los planes sociales. Tal como anticipó Infobae hace días, el ministerio de Capital Humano resolvió postergar por noventa días la transferencia de más de un millón de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a la órbita del ex ministerio de Trabajo, y oficializó la suspensión del pago a miles de personas que percibían irregularmente la ayuda social, tras detectarlo el fiscal Guillermo Marijuan.

El traspaso era una decisión que había tomado el gobierno anterior entre el presidente Alberto Fernández, la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y el ex ministro de Economía, Sergio Massa, con el objetivo de que el programa se convierta en un incentivo a la inserción laboral al empleo formal. Pero la administración libertaria tiene otras intenciones y prevé realizar en el verano una profunda auditoría de esta política, con el fin de reformularla.

El decreto 125/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, la ministra Sandra Pettovello y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, prorroga el 1 de enero y por 90 días el traspaso de los planes de la órbita de Desarrollo Social a la secretaría de Trabajo. Esa medida dispuesta por el gobierno anterior se tomó el 31 de octubre pasado, en medio de la campaña electoral rumbo al balotaje, y nunca había sido reglamentada.

Ese cambio implicaba que el Potenciar Trabajo sería reemplazado por el “Programa de Inserción Laboral (PIL)”, con el paradigma de contemplar incentivos para las empresas y una serie de derechos y obligaciones para los trabajadores beneficiarios. La idea tenía como objetivo promover la contratación de empleo formal en aquellas personas con mayores dificultades de empleabilidad.

En concreto, el decreto oficializado este martes modifica el artículo 2 del Decreto N° 565 firmado por Massa y establece un nuevo plazo para la transferencia del PIL hacia la órbita, que empezará a regir a partir del 1 de abril de 2024. Lo cierto es que está todo bajo revisión con la llegada de Javier Milei al poder. Es una de las tareas que llevará a cabo este verano el secretario de Niñez y Familia de Capital Humano, Pablo de la Torre, para continuar con la auditoría para implementar una auditoría en los más de 1,2 millones de planes a través de las bases de datos de la ANSES, en sintonía con la revisión que ya se había encarado en la anterior gestión y que también investiga la Justicia.

En la nueva estructura encabezada por Sandra Pettovello analizan descentralizar el programa Potenciar Trabajo en diferentes áreas de gobierno. Incluso, una parte pasaría a los gobernadores e intendentes que no verían mal esa decisión. La norma hace una referencia a la cuestión federal en sus considerandos, al afirmar que la medida está en sintonía con llevar a cabo “políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”, en los términos del artículo 75, inciso 19, segundo párrafo de la Constitución Nacional. “Deben considerarse las particularidades de cada región a efectos de formular las políticas públicas y también su contenido”, se agrega.

Otro detalle es que el actual decreto “complementa y fortalece el régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente regulado en el Decreto N° 444/23″, por lo que el esquema actual del Potenciar Trabajo estaría, al menos en un corto plazo, alejado del objetivo de reconvertirlo en un “puente” para que las empresas tengan como incentivo contratar bajo la modalidad asalariada.

En este marco, Pettovello también oficializó la suspensión del pago de beneficiarios del Potenciar Trabajo, a través de la Resolución 17/2023. En los últimos días se anunció que unos 4588 titulares del programa iban serían dados de baja preventivamente del cobro, ya que se tratarían de empleados públicos que perciben dicha asignación, lo que desnaturaliza el fin de esa política social que apunta a personas sin ingresos ni empleo formal.

La resolución suspende el pago del “salario social complementario” de ese conjunto de beneficiarios, cuyos nombres y apellidos fueron dados a conocer este martes en el Boletín Oficial. Se trata de un anexo de 418 páginas, que registra irregularidades en unas 14 provincias: Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.

Las incompatibilidades de este grupo fueron detectadas por el fiscal Marijuan, en conjunto con la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), que avanzó con un entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan y las nóminas de recursos humanos de las dependencias públicas provinciales.