Por EUGENIA RODRÍGUEZ

Una campaña publicitaria en las principales ciudades del país interroga: “¿Qué tan boludos impositivos somos?” La organización que la impulsa se dio a conocer este año y aseguró que busca “generar conciencia” en materia fiscal. A la par, ante los empresarios más importantes del país, los precandidatos presidenciales de la oposición prometieron una “fuerte baja de impuestos” y hablaron de que “la madre de todas las batallas es el déficit fiscal” y hasta de “recortar un 13% el gasto”. Los datos, sin embargo, dan cuenta que la presión fiscal en Argentina está unos cinco puntos por debajo del promedio de los países más ricos de la OCDE.

De los 165 impuestos que se difunden, apenas el 35% pueden considerarse como tal, y si bien en el período 2016-2019 se redujeron los impuestos a los que más tienen, la inversión lejos de aumentar cayó más de un punto. En paralelo, la incidencia de los impuestos en las 500 empresas más grandes del país apenas llega al 11%. A contramano, la mayor carga recae sobre las espaldas de los sectores populares por los impuestos al consumo. 

 

 

Desde la ONG Lógica, impulsora de la campaña en la vía pública, señalaron que buscan “educar” a la población sobre cómo los impuestos afectan su vida para luego poder impulsar una reforma impositiva ante los “impuestos asfixiantes” y un “gasto público ineficiente”. No es la primera vez que circulan estos argumentos. En el marco de la discusión por el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas y luego con el anuncio oficial del proyecto de "renta inesperada”, es decir no hace tanto, se escucharon planteos en similar sintonía.

 

Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “algunos mitos se replican en muchos países de América Latina, bloqueando incluso reformas tributarias fundamentales para promover la igualdad”. “La opacidad característica de las discusiones fiscales hace que los sectores de altas riquezas e ingresos logren mantener un patrón de recaudación con el que se ven beneficiados”, agregó.

Presión fiscal y 165 impuestos

“Estamos convencidos que la principal clave para la recuperación del país pasa por un serio y profundo replanteo de la cuestión fiscal. Cuando tengamos gastos lógicos e impuestos lógicos, tendremos un país lógico”, expresaron en su presentación desde la ONG Lógica. En la campaña pública lanzada este año sostienen que la presión fiscal del país es una de las más altas del mundo, y refieren a los datos del ranking “Doing Business” del Banco Mundial que califica a los países como más o menos positivos para hacer negocios, y donde Argentina estaría entre “los más gravosos”. El primer punto a destacar es que dicho ranking dejó de elaborarse desde 2021 por “denuncias internas sobre irregularidades en los datos de los informes Doing Business de 2018 y 2020”, de acuerdo a lo informado por el propio organismo internacional.

En este punto, el informe Mitos sobre el pago de impuestos en Argentina de ACIJ señaló que “si bien en Argentina la presión fiscal (que mide los ingresos tributarios como porcentaje del PBI) es más alta que la del promedio de la región, es significativamente menor a la del promedio de los 38 países de la OCDE, también conocida como 'el club de los países ricos'. En 2018, en Argentina fue de 28,8% y en la  OCDE el promedio fue de 34,3%, lo que representa una diferencia de casi seis puntos porcentuales”.

Se agregó que “el principal problema del sistema tributario argentino no es la presión fiscal, sino su complejidad e ineficiencia y su configuración predominantemente regresiva e inequitativa que exige poco a quienes más capacidad contributiva tienen y mucho a quienes menos tienen”. Y ejemplificaron que “en Argentina los impuestos directos (Bienes Personales, Inmobiliarios, Patentes y Transmisión gratuita de bienes) pasaron de representar el 1,67% en 2003 al 1,2% en 2016”. 

Por su parte, una investigación del CEPA sostuvo que “al comparar con el resto del mundo, Argentina no tiene niveles de presión tributaria altos. De hecho, según datos de OCDE a 2021, se encuentra en línea con el promedio de América del Sur y muy por debajo de países desarrollados como los europeos (Alemania: 38,3%; España: 36,6%; Italia: 42,9%, Francia: 45,4%, Dinamarca: 46,5%, el promedio de Europa: 40,4% y del promedio de OCDE: 33,8%). Si el análisis se realiza en relación a América Latina y el Caribe, los datos muestran que Argentina se encuentra por debajo de los valores de Brasil y Uruguay, y por encima de otros países cuya cobertura de salud o Seguridad Social resulta sensiblemente inferior a la de nuestro país”. 

 

Otro factor al que se hace referencia es a la fuerte carga tributaria local y a la existencia de 165 tributos, “de los cuales hay 11 que implican el 90% de la recaudación” y que por ende “podrían reducirse a 10”. La hoy pre candidata presidencial de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, difundió el año pasado dicho listado perteneciente al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) para cuestionar el impuesto a la renta inesperada, “se llama ganancias, dejen de tomarnos el pelo, ya lo pagamos junto con otros 164 impuesto más”, publicó.

Frente a ello, la investigación Los 164 impuestos que no son: análisis de los dichos de la oposición sobre el sistema tributario argentino, advirtió que “al menos el 65% de los conceptos incluidos no son impuestos, sino tasas, contribuciones, derechos, fondos, cánones y otras formas de cobro por parte del Estado (en sus diversos niveles) que suelen tener asociada una contraprestación y no cumplen la misma función que un impuesto cuyo cumplimiento no origina justamente por una contraprestación directa en favor del contribuyente”.

Se incorporan además “cánones por concesión de servicios públicos, el Aporte Extraordinario de Grandes Fortunas que se produjo por única vez y no forma parte del sistema tributario habitual, los aportes que realizan las y los trabajadores al sistema de seguridad social, y también las contribuciones patronales como parte de la carga tributaria, cuando se trata en realidad de la financiación del Sistema de Seguridad Social de carácter solidario e intergeneracional”.

Quiénes pagan más

Uno de los ejes de cara a una posible reforma tributaria tendría que ver con asegurar que la misma garantice una mayor inversión, frente a lo que se señala como actuales "barreras" impositivas. El planteo va en consonancia con lo señalado por la precandidata presidencial y titular del PRO, Patricia Bullrich, quien señaló ante los empresarios más poderosos del país: “Vamos a demoler el régimen económico de los últimos 20 años que redujo drásticamente los incentivos para invertir”. También con lo difundido en el informe Carga Fiscal sobre el sector formal 2023 de la UIA sobre que “Argentina lidera el ranking junto con Brasil cuando se observa la presión fiscal sobre el sector formal”.

“Uno de los mitos más repetidos en América Latina es que los impuestos a las corporaciones y a los más ricos son muy altos, lo cual desestimula la inversión porque disminuye sus beneficios y pone a los países en desventaja para recibir inversión privada”, analizaron desde ACIJ. No obstante, aseguraron que los números recientes muestran otra realidad.

“En 2016 se reformó el impuesto a los Bienes Personales con una alícuota única que se reducía en el tiempo y se elevó el MNI. Como consecuencia, en 4 años la recaudación se redujo a la mitad. En el mismo período, la inversión no sólo no aumentó sino que cayó: pasó de representar en promedio el 15.9% del PBI (2012-2015) al 14.4% (2016-2019). Es  decir que la baja del impuesto que en Argentina grava a las personas más ricas no se tradujo en un aumento de la inversión”, explicaron.

 

Del mismo modo desde el CEPA estudiaron la evolución de las ventas de las 500 empresas más grandes del país con un apartado sobre la incidencia que tienen los impuestos. “Si se analiza qué ocurre con las 500 empresas más grandes del país, se puede observar que el promedio de impuestos sobre ventas alcanza apenas el 11,2% entre 2012 y 2019, y si además se divide en cada subetapa de gobierno, se evidencia la reducción que se produce entre el promedio de 12,1% registrado en la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y el 10,2% del periodo encabezado por Mauricio Macri, con claro beneficio para los grandes grupos empresariales”, destacaron.

Se suma a lo anterior que “si se consideran específicamente un conjunto de empresas seleccionadas (Arcor, Molinos, Aluar, Ledesma y La Anónima) el promedio de impuestos sobre ventas se reduce aún más, ubicándose en un 5,3%”. 

En relación, suele plantearse que los impuestos no son una herramienta adecuada para lograr una mayor igualdad porque su función principal es recaudar ingresos sin generar distorsiones en la economía. “Mientras en los países de la  OCDE la desigualdad de ingreso cae un 36% después de la inversión pública y los impuestos directos, en los países latinoamericanos solo se reduce un 6%, porque la mayor parte de la recaudación proviene de impuestos indirectos, que pueden ser trasladados y terminar recayendo sobre los que menos tienen (como el IVA). En cambio, en la OCDE, los impuestos indirectos no superan un tercio de la recaudación”, agregaron desde ACIJ.

Gasto y distribución 

“Argentina ha dejado de ser para vos una oportunidad o un gran lugar para vivir, tu país se vive, todos los días, como 'un gran gasto'. Argentina puede cambiar esto. Pero solo lo va a cambiar si todos y cada uno entendemos que ser el país más gravoso es una desgracia colectiva y personal”, expresaron desde Lógica en su manifiesto institucional y ponen el foco en la política fiscal del país y el gasto público.

“El gasto público alto no es en sí mismo malo o ineficiente. De hecho, el alcance de los derechos depende en buena medida de la cantidad de recursos que los Estados pueden recaudar para financiar un nivel de gasto que les permita cumplir sus funciones. El gasto público es un componente fundamental para garantizar derechos y cerrar las brechas de desigualdad. En perspectiva histórica, resulta muy difícil, sino imposible, encontrar ejemplos de estrategias de desarrollo exitosas en las que los países no hayan ampliado su base tributaria y con ello las capacidades de sus Estados para cumplir mejor sus funciones”, señaló el informe Las ideas como campo de batalla: Desmontando la austeridad y otros mitos contra la justicia fiscal, de la organización internacional Center For Economic & Social Rights (CESR).

 

Para el actual jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horario Rodríguez Larreta, “el déficit fiscal es la madre de todas las batallas” y es necesario “bajar el gasto público y revisar línea por línea el presupuesto de todos los organismos estatales”, de acuerdo a su discurso en el Foro empresarial de Llao Llao. Sin embargo, “el Banco Interamericano de Desarrollo ha planteado que la participación del Estado en la economía en los países de altos ingresos -medida a través del gasto público como porcentaje del PIB- es casi dos veces superior a la de los países de ingresos medios y bajos, incluida América Latina y el Caribe (40% vs. 20% del PIB, respectivamente).

Así, por ejemplo, mientras que el gasto público total en países como Francia, Finlandia y Dinamarca está en niveles superiores al 55% del PBI, en Argentina y Brasil (los países con mayor gasto público en la región) es del orden del 35% del PBI, agregó el informe mencionado.

Finalmente, desde ACIJ consideraron que poco suele hablarse sobre “la pérdida de ingresos fiscales que se produce por la evasión y elusión tributarias a través de paraísos fiscales o los flujos financieros ilícitos provenientes del sector privado”. Esto resulta llamativo ya que “la transferencia de ganancias hacia paraísos fiscales en el mundo supera los 600 mil millones de dólares anuales, y las tasas son más altas en los sectores más ricos. La evasión total del impuesto a la renta empresarial de multinacionales se estima en 500 mil millones cada año. Para América Latina la evasión alcanza un 6,3% del PBI regional, de los cuales 4% son por el impuesto a la renta”.