Por EUGENIA RODRÍGUEZ

Este miércoles tendrá lugar una caravana organizada por la Mesa Agroalimentaria Argentina que confluirá frente al Congreso nacional donde se presentará el “Programa Agrario para el alimento", que incluye una serie de iniciativas para atender la realidad de organizaciones campesinas, indígenas, de pequeños y medianos productores y cooperativas. Esto se da en un marco donde si bien el 66% de los productores de la Argentina pertenece a la agricultura familiar, solo acceden al 13% de la tierra disponible mientras que, en contraste, el 1% de los propietarios rurales posee más del 40%, según datos oficiales.  

De esta manera, las organizaciones que conforman este espacio marcharán bajo la consigna “el campo que alimenta y construye soberanía alimentaria” e insistirán con una serie de proyectos que abarcan desde leyes de acceso a la tierra y para arrendamientos rurales, de protección de territorios campesinos, segmentación impositiva, financiamiento cooperativo, agroecología, abastecimiento alimentario y mercados de cercanía. Las medidas podrían beneficiar a más de 30.000 productores en el país.

“Es necesario frenar el proceso de concentración que tenemos hoy en toda la cadena agroalimentaria, por eso venimos tratando de sensibilizar a la diligencia política y también a la sociedad en su conjunto de la importancia de torcer el rumbo en lo que tiene que ver con las políticas agroalimentarias”, señaló en diálogo con este medio Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST).

En la misma sintonía se expresó Silvio Antinori, de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), “creemos en la generación de riqueza a partir del trabajo con agregado de valor en origen y con industrialización de la ruralidad, porque eso genera arraigo, distribución demográfica, repoblamiento del interior profundo. Para eso hace falta un Estado planificando, promoviendo, regulando, corrigiendo siempre los efectos nefastos que produce la concentración. El modelo cooperativo no necesita ninguna teoría del derrame porque la cooperativa es la sociedad misma”.

La caravana comenzará a las 11hs en Parque Lezama, luego se dirigirá hacia la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, para concluir cerca de las 13hs en el Congreso, donde se espera también la presencia de organizaciones de varios lugares del país. Anticiparon además que realizarán una “expo alimentaria” el próximo 21 y 22 de julio en Tecnópolis. La Mesa está integrada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Somos Tierra, la Federación de Cooperativas Federadas (FeCoFe), la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF) y Bases Federadas (un espacio disidente de la conducción actual de la Federación Agraria Argentina). 

Las propuestas

Una de las principales demandas de las organizaciones nucleadas en la Mesa Agroalimentaria Argentina tiene que ver con el acceso a la tierra para producir, un aspecto que consideran importante no solo para las propias familias productoras sino para la calidad de los alimentos y la comercialización directa con el consumidor. 

“El modelo agrario popular que sostenemos abarca un sistema de acciones, es decir, no se trata de medidas sueltas sino de consolidar un plan integral. Hoy tenemos el modelo del agronegocio que entiende justamente al alimento como una mercancía en cada una de las instancias, desde el acceso a la tierra, al agua, a la tecnología, a las semillas, en las instancias de comercialización y de distribución, todo está en función de la renta. Nosotros proponemos construir un modelo agroalimentario en base al alimento entendido como derecho, poniendo en el centro de la escena al ser humano” indicó en diálogo con El Destape, Nahuel Levaggi, coordinador de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). 

Respecto de cada uno de los nueve puntos que incluye el “Programa Agrario para el Alimento”, uno de los ejes centrales tiene que ver con hacer frente a la concentración en el sector y garantizar un acceso más democrático a la tierra, ya que si bien más del 60% de los alimentos es producido por las familias productoras, el 75% de no es dueña de las tierras. “Venimos impulsando la Ley de Acceso a la Tierra -fue presentada en tres oportunidades en el Congreso- que está fundamentalmente orientada a los cinturones hortícolas de la Argentina y plantea una línea de crédito blando para permitir que esos productores que se ven obligados a arrendar puedan comprar la tierra”, señaló Diego Montón, del MNCI-ST, y  agregó que también presentaron un proyecto de Ley de Arrendamiento rural “inspirado de alguna manera en la ley el año ‘48 pero actualizada al presente, y que tiene que ver con regular la relación entre el dueño de la tierra y el productor, colocando los principales beneficios y certidumbres jurídicas en el productor y promoviendo el camino hacia el acceso a la tierra definitivo”.

Otro aspecto clave se focaliza en la segmentación de la alícuota de retenciones sobre los derechos de exportación en cereales y oleaginosas, “utilizando el 10% del monto total recaudado en concepto de retenciones para realizar una redistribución de estas según escalas productivas”. Asociado a ello aparece “la necesidad de un plan de financiamiento cooperativo. Casi toda esta gran diversidad está excluida del sistema financiero tradicional y por lo tanto es difícil sostener las dinámicas productivas y más difícil ampliarlo para ocupar toda la potencialidad productiva, creemos que el Estado tiene que promover dinámicas de financiamiento y tenemos experiencias muy exitosas en la administración y el uso de fondos rotatorios de parte de las organizaciones”, detalló Montón.  

La Mesa Agroalimentaria Argentina se creó a mediados del 2021 y busca poner en discusión “un proyecto de país que incluya el desarrollo de este sector del agro, que hable de soberanía alimentaria, que hable de arraigo. Decimos que somos el otro campo, el campo que alimenta, pero no para oponernos sino para complementar. Hay que empezar a ver que hay un país que genera alimentos, que pone la comida en la mesa de los argentinos y que considera que el alimento debe ser un derecho y el Estado un actor que debe crear las condiciones para garantizar ese derecho”, explicó Silvio Antinori, vicepresidente de la Fecofe. 

Se suman también entre los puntos centrales del programa un Plan Nacional de Impulso de la Agroecología que apunta a “producir alimentos sanos, seguros y soberanos a precios justos, y desacoplar la producción del precio del dólar”. Sobre esto Diego Montón detalló que “es urgente sustituir los insumos químicos que son importados y representan una dolarización del costo de la producción de alimentos, además hay que ir hacia un sistema productivo mucho más amigable con la naturaleza y con productos más saludable”. En relación a esto también proyectan “un Plan nacional de Abastecimiento alimentario donde el Estado pueda definir productos estratégicos, está bastante claro los baches que tenemos de oferta de algunos productos y la capacidad de las distintas regiones productivas de la Argentina de abastecerlo, pero hay que planificarlo, dónde se produce, qué se produce y evitar que suban los precios”. 

La disputa por los alimentos

Las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena vienen desarrollando diferentes estrategias para fortalecer la producción de alimentos sanos y para lograr llegar a la población de forma directa. "El alimento es un derecho y no una mercancía", es el lema de la actividad que promueven desde la Mesa Agroalimentaria que reúne a más de 30.000 productores en todo el país. Según datos oficiales el sector de la agricultura familiar alcanza al 41% de la producción de hortalizas, el 30% de la horticultura, el 60% de la hierba mate, el 77% de la producción caprina, el 49% de la producción de cerdos, entre los principales. 

“Creemos que el Estado tiene que intervenir y fortalecer una dinámica más racional para bajar los costos de logística que tiene el circuito agroalimentario, por eso venimos insistiendo en la necesidad de una empresa pública de alimentos que podría ser mixta, tener participación de las organizaciones productores, pero fundamentalmente destacar el rol del Estado. Y también sostenemos la necesidad de un Plan nacional de Mercados de Cercanía que pueda poner el ojo en la dinámica de abastecimiento local que es lo que se viene deteriorando y es el camino más rápido para que el pueblo en su conjunto tenga alimentos a bajo costo y a precios saludables”, puntualizó a El Destape el referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. 

Sobre este punto, Levaggi, ex director del Mercado Central, consideró que “el sector cooperativo y de los pequeños productores ya juega un rol clave en el abastecimiento, hay ciertos productos que dependen de estar en manos de los pequeños productores, sobre todo verduras y frutas. Si se generan canales de comercialización por fuera del mercado convencional podrían estar más baratos. Además hay que impulsar el cooperativismo en la agroindustria porque es el que entiende al alimento como un derecho y podría hacer acuerdos de precios sin especular, es fuente de trabajo y alimento”. 

El rol del Estado 

“Este programa le habla a la política. Ahora se vienen las elecciones y no vemos en ninguna de las fuerzas políticas que se hable de un proyecto agroalimentario nacional. Estamos a disposición, tenemos nuestros puntos y necesitamos del otro lado las políticas públicas para crear un proyecto que tenga a las personas y al trabajo en el centro del modelo y no al capital”, señaló a este portal Antinori de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias. 

Desde este espacio de organizaciones hacen hincapié en discutir el concepto de soberanía alimentaria que abarca desde dónde, cómo, en qué condiciones se producen, distribuyen, comercializan y consumen los alimentos, hasta el rol de los diferentes niveles del Estado al respecto.

“Para pensar un paquete integral de medidas se necesita un Estado presente, impulsando un modelo agrario que garantice el alimento, que garantice el campo con productores y productoras y que garantice que el vecino/a de la ciudad pueda acceder al alimento”, mencionó Levaggi de la UTT, y agregó “las políticas públicas en agricultura incluyen acceso a la tierra, promoción de la agroecología, mercados locales, protección a campesinos y agricultores familiares, y un sistema de impuestos diferenciados. Estas medidas buscan asegurar la alimentación y el acceso al alimento para todos los habitantes”.