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EUGENIA RODRÍGUEZ

En el marco del plan de “ajuste y shock” que puso en marcha el gobierno nacional y que implicó una devaluación de más del 100% en el valor de la divisa norteamericana, se anunció también el congelamiento de programa Potenciar Trabajo a la par que se aseguró que “todos aquellos que promuevan o participen de cortes no van a cobrar el plan”. De esa manera, las primeras medidas del flamante Ministerio de Capital Humano que abarca las áreas de Trabajo, Desarrollo Social y Educación, se focalizaron en “controlar que nadie obligue ir a una marcha” sin dar respuesta a las condiciones de vida del sector del trabajo más golpeado por el proceso inflacionario de estos años: más de 3 millones de trabajadores informales que forman parte del entramado productivo nacional y cobran un Salario Social que complementa sus ingresos pero que apenas representa el 20% del valor de una canasta básica familiar y que además ya perdió más del 15% de su poder de compra desde diciembre de 2019. 

Al respecto el monto del Potenciar Trabajo se actualiza, y equivale a la mitad, del Salario Mínimo, Vital y Móvil, del que además no hubo novedades al momento sobre qué hará el gobierno con la correspondiente convocatoria. En cambio, si se confirmó la intención de mantener sin cambios las partidas del presupuesto 2023 para programas sociales, lo que encendió las alertas en un escenario donde la aceleración de precios (más del 50% en alimentos de primera necesidad) y la suba de tarifas de servicios públicos esenciales atentan directamente con la posibilidad de que las millones de familias de la economía popular, y no solamente, tengan un plato de comida en la mesa. Se estima que son más de 3,7 millones de trabajadores y trabajadoras de este sector representado por quienes realizan tareas en comedores y merenderos, servicios de limpieza, agricultura familiar, albañilería, como feriantes, y en la producción de alimentos y prestaciones de servicios varios, que se fueron organizando con el tiempo luego de que las mismas políticas neoliberales que triplicaron el desempleo en la década de los noventa, los dejaran en la calle sin sustento diario. Hoy la mayoría forma parte de unidades productivas que sostienen fuentes laborales de sectores que, atravesados por la informalidad, pelean por mayores derechos y suelen ser los que más sufren las políticas de ajuste y recesión. 

En este escenario y en el marco de una semana atravesada por el aniversario del 19 y 20 de diciembre del 2001, diferentes organizaciones anticiparon que realizarán este miércoles actos frente al Congreso Nacional así como una jornada de ollas populares el próximo viernes en alerta por “medidas que agravan las condiciones de vida de millones de argentinos que ya estábamos en situación crítica” ya que “hay mucha gente que no puede comer lo que le corresponde mientras se anuncian un protocolo para generar miedo y justificar la represión frente a sus inhumanas decisiones”, resaltaron. 

El derrotero a la baja del Potenciar Trabajo

Según datos del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) para fines de este año ya son 3.713.859 las y los trabajadores que realizan trabajos en este sector de la actividad, y sobresale la fuerte presencia de mujeres (58% del total) así como de jóvenes (el 63% tiene entre 18 y 35 años). Respecto de las ramas en que se organizan, se destaca Servicios personales y otros oficios (36,3%), Servicios socio comunitarios (27%), Comercio popular y trabajos en espacios públicos (11,7%), Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental (8%), Agricultura familiar y campesina (8,1%), Recuperación, reciclado y servicios ambientales (4,2%), Industria manufacturera (3,5%) y Transporte y almacenamiento (1,2%). 

Más de 600 mil trabajadores están organizados en comedores y merenderos del país, casi 300 mil realiza servicios de limpieza y poco más de 100 mil trabaja en agricultura familiar. También trabajan en peluquería, como masajistas, cocineras, albañiles y ayudantes de obras, feriantes y en la producción de alimentos. El trabajo diario se organiza mediante unidades productivas que toman la forma de cooperativas, espacios comunitarios, pequeños emprendimientos familiares, proyectos colectivos y emprendimientos individuales. Muchos están vinculados a organizaciones sociales, otros a ONGs, iglesias, clubes y diferentes niveles del Estado.  

Según aclaran desde el sector, más allá de quienes se inscribieron en dicho registro, que comenzó a funcionar en estos últimos años, las estimaciones llevan a considerar que existen entre 8 y 9 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular en el país, en tanto que al momento son 1,3 millones los trabajadores que estando organizados en unidades productivas reciben el Potenciar Trabajo, fijado como programa de complemento de ingresos laborales para este sector informal. El monto equivale a la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil ($156.000) y al mirar su recorrido en el tiempo se observa que “la pérdida de poder adquisitivo resultó particularmente fuerte en los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri, cuando fue de alrededor del 25%, así como en 2020 en el marco de la pandemia de Covid-19, cuando se perdieron casi 10 puntos porcentuales adicionales”, según datos del centro CIFRA-CTA. 

Tal es así que la tendencia negativa se sostiene en el tiempo y “desde 2021, a pesar de las continuas instancias de actualización nominal y ante la elevada inflación, no se logra una recuperación de su poder de compra”. Para mediados de este año ya había perdido 0,6% en relación con el 2022, al tiempo que se ubicada 36% por debajo del promedio del año 2015 y era 14,4% inferior a diciembre de 2019, donde ya había sufrido un duro golpe. A ello hay que sumarle el impacto de la devaluación del 20% de agosto de este año, y las recientes medidas que aceleraron la suba de los precios: solo en las dos primeras semanas de diciembre el alza en alimentos se ubicó en torno al 14% y en el año las carnes ya superan el 210% de aumento, los productos de almacén el 180% y las verdura y frutas el 160%. Además, las proyecciones privadas y las del propio gobierno nacional apuntan a un inflación mensual de entre el 20% y 40% en los próximos tres meses. 

Por su parte, un trabajo del centro Fundar indicó que “quienes tuvieron menos capacidad de defender el poder adquisitivo en la pospandemia fueron los trabajadores más cercanos a la informalidad: no asalariados, receptores de la AUH-Tarjeta Alimentar y salario mínimo/Potenciar Trabajo y jubilados”. Puntualmente, el informe “Los ingresos populares en un régimen de alta inflación” mostró que el salario mínimo “sufrió durante 2022 una caída del 3,9% real en comparación con el promedio de 2021” y si bien “en ambos períodos el Consejo del Salario se reunió la misma cantidad de veces a lo largo del año (en tres oportunidades), en 2021 hubo ocho aumentos mensuales mientras que en 2022 la primera mitad del año tuvo tan sólo dos aumentos y, a pesar de que el de junio fue muy elevado (38%), no llegó a equiparar la caída previa”, impactando en consecuencia “en los ingresos de los trabajadores informales, de los cuales una porción importante cobra el Potenciar Trabajo”. 

De esta manera estos ingresos vienen corriendo muy por detrás de la inflación en estos últimos años al punto de que hoy dos salarios mínimos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total (alimentos, vestimenta y vivienda) que en noviembre fue de 390.456 pesos, y el monto del Salario Social representa menos de la mitad (40%) del valor de una Canasta Básica Alimentaria, que marca el límite para que una familia no caiga en la indigencia. 

Cómo pueden impactar las nuevas medidas

Si bien de acuerdo a lo anticipado oficialmente, se esperaba que en sus anuncios del pasado lunes la ministra de Capital Humano diera a conocer medidas destinadas a “acompañar a los sectores más vulnerables” el eje de su mensaje grabado estuvo en que “el que corta, no cobra” en sintonía con el protocolo antipiquetes anticipado por Patricia Bullrich al frente de Seguridad. 

No obstante desde Economía ya adelantaron la intención de congelar los montos del Potenciar Trabajo a través de mantener los mismos valores asignados en el Presupuesto 2023, lo que significa un ajuste indirecto dado el impacto de la inflación de este año en las partidas. “Congelan el Salario Social Complementario que se creó por ley, hacen una devaluación del 120% en un día, todas son medidas que pegan directamente en los bolsillos de los trabajadores, jubilados y de los humildes”, dijo a El Destape, Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), luego de los primeros anuncios de Caputo. A su vez, Dina Sánchez, secretaria adjunta del gremio, expresó tras el video de la ministra Pettovello que "el primer anuncio es de una insensibilidad propia de quien poco conoce del sector de los trabajadores de la economía popular y del sacrificio que hoy hacemos miles de familias para poder sobrevivir” y convocó a la funcionaria a "conocer el trabajo que llevamos adelante donde el mercado expulsa y el Estado no llega". 

Por otra parte, si bien el gobierno confirmó el pago del bono de 10.000 pesos que ya había sido establecido por la gestión anterior para diciembre, el monto tendrá poco impacto real para compensar la devaluación del tipo de cambio oficial (118%) que se traslada directo a precios: según relevó este portal los comercios de diferentes canales de ventas comenzaron a recibir listas de precios con alzas que superan el 50% y se aplican sobre todo en alimentos envasados, carnes, productos de higiene y frutas y verduras. Se agregan los reclamos crecientes de las organizaciones por la falta de alimentos suficientes para los comedores y merenderos, que agravan la situación. 

Para cerrar es una incógnita aún que sucederá con el programa de devolución del IVA en la compra de productos de la canasta básica vigente hasta el 31 de diciembre próximo. En principio el jefe de Estado dijo públicamente que su intención era sostener la quita de dicho impuesto, no obstante había marcado similar postura con el impuesto a las Ganancias para trabajadores y finalmente buscará reinstalarlo. El impacto no es menor si se tiene en cuenta que se trata esta devolución que refuerza en bolsillo, sobre todo, de los sectores de menores ingresos que destinan el 45% de sus gastos a la compra de alimentos.