Las denuncias por la mesa judicial macrista en la Provincia de Buenos Aires llegaron a la Ciudad. Juan Grabois presentó una denuncia penal por tareas de inteligencia ilegal realizadas en la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) desde diciembre de 2020 en adelante.

 

Según consignó Página 12, también pidió el juicio político de la fiscal porteña Celsa Ramírez, que intentó vincular a la organización sindical con una supuesta asociación ilícita ligada a la venta callejera para facilitar esos seguimientos. Como pruebas presentaron fotografías de quienes acuden al edificio de la UTEP en la calle Pedro Echagüe 1265 donde, entre otras cosas, no sólo hay oficinas sino que también funciona un comedor comunitario que recibe a 3500 personas y la obra social Mutual Sentimiento.

 

Además, presentaron informes que contienen conclusiones disparatadas. Una de ellas fue que apuntan a la organización como “sospechosa” porque reparte “elementos de higiene” (en plena pandemia) entre las/los vendedoras/as ambulantes, además de acompañarlos en manifestaciones. El caso quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

 

En la denuncia de Grabois se explicó que mandaron agentes encubiertos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la CABA. “Dichas acciones fueron realizadas con el único fin de amedrentar a la UTEP como así también a vendedoras y vendedores ambulantes”, dice la denuncia.

 

Y agrega que Ramírez “se valió de las facultades que su calidad de fiscal le proveen para hacer un uso arbitrario del poder que le fuera conferido y perseguir penalmente a este sindicato que nuclea al sector poblacional de mayor vulnerabilidad, aquel que trabaja en el sector de la economía informal”.

 

Otro punto de la denuncia de Grabois es sobre actos discriminatorios, “a partir de la racialización” de las personas que pone bajo sospecha, a las que la fiscalía se refiere como de “rasgos africanos”, como si las características físicas y el color de piel fueran un factor de relación con el delito.

 

Según la denuncia de Grabois, la información recabada mediante personal encubierto del Cuerpo de Investigaciones que habría seguido las actividades de la organización comenzó en diciembre de 2020.

 

En ese sentido, la denuncia advierte: “Las acciones atribuidas a este sindicato en modo alguno podrían ser indicativas de ninguna acción criminal. Nuestra labor diaria consiste en asistir y articular con trabajadoras/es de la economía popular en general, proveyendo alimentos, vestimenta, elementos de higiene y realizando múltiples acciones a los fines de garantizar derechos laborales, económicos, sociales, culturales, entre otros, y no por ello es parte de acciones delictivas que eventualmente pueda cometer cualquier persona”.

 

El abogado Nicolás Rechanik, quien hizo la denuncia, agregó en diálogo con Página 12: “Las tareas investigativas que mandó a hacer Ramírez en UTEP no tienen ningún fundamento. Las filas que se ven en algunas fotos en la puerta de la sede es la gente que va a buscar viandas. Mandar a espiar por haber visto a una persona con un campera con una inscripción de un gremio en la entrada de un depósito es inteligencia ilegal. Pero se deduce de las afirmaciones de la fiscal que hubo inteligencia previa incluso a la ocasión en que se les entregaron elementos de higiene a las y los vendedores ambulantes".

 

En ese sentido, la denuncia agrega que se viola la ley 25.520 que exige que para disponer tareas de inteligencia se debe haber detectado una actividad criminal. Lo que no es el caso, ya que “las acciones realizadas por UTEP no constituyen ilícito alguno”.