La UTA decidirá el lunes si realiza o no una medida de fuerza por 24 horas

Según el gremialista Raúl Abraham, los colectiveros esperarán hasta la semana que viene para concretar un paro, en defensa de los 60 trabajadores de la línea 9. Desde el Frente Grande piden la creación de la oficina del usuario.

Luego de que el boleto de colectivos se retrotrajera a $3,75 en las líneas interurbanas, la medida produjo serias consecuencias en el servicio que brindaba la línea 9, ya que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) -conformada por las empresas Tiro Federal Resistencia, San Fernando Urbano y Ersa Chaco- decidió no continuar con la ayuda debido a la poca rentabilidad que le otorgaría.

Ante ello, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Raúl Abraham, anunció que el próximo lunes definirán si realizan o no una medida de fuerza, en apoyo y solidaridad a los 60 choferes que quedaron desafectados.

«Nosotros dejamos en claro que el tema del boleto no es una decisión nuestra, pero si esto afecta a los trabajadores, sí vamos a saltar a defender. Y eso es lo que está pasando porque la UTE no se hará más cargo del servicio y no vamos a aceptar que 60 familias se queden sin nada», expresó el dirigente en comunicación con LA VOZ DEL CHACO.

Asimismo, Abraham determinó que si los salarios no se abonan al cuarto día hábil del mes que viene, también tomarán medidas. «Estamos a la expectativa. El lunes resolveremos qué hacemos», remarcó.

Por otro lado, defendiendo los intereses de los usuarios, el bloque legislativo del Frente Grande -encabezado por Daniel Trabalón- ingresó dos proyectos a la Cámara de Diputados de Chaco, ambos modificatorios de la Ley 95, que apuntan a la creación de una comisión mixta para evaluar costos y a la habilitación de la oficina del usuario, atento a la gran demanda y reclamos ante las sucesivas irregularidades del transporte público.

En primer término se plantea la modificación del artículo 28 de la norma vigente, señalando la obligatoriedad de sostener tarifas justas, razonables y uniformes para los usuarios, y en igualdad de condiciones. Tal como se señala en el proyecto, las tarifas deberán ser fijadas por el Organismo de Aplicación, pero tras consulta en audiencias públicas a todos los sectores involucrados que serán miembros de la comisión mixta.

De esta manera, la comisión mixta provincial funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo y será encabezada por la Subsecretaría de Transporte. Sus miembros serán representantes de cada bloque político legislativo; de las universidades; del Poder Ejecutivo; de las empresas de transporte; de los municipios y de los usuarios. Además convocará al Consejo Profesional de Ciencias Económicas a fin de contribuir con el análisis económico.

Entre sus facultades se podrá solicitar los informes pertinentes, pudiendo requerirlos judicialmente en caso de incumplimiento. Podrá encargar investigaciones, estudio de acciones, procesos y problemáticas relacionadas con el transporte público; y deberá producir anualmente un informe del estado del servicio, con documentación respaldatoria.

Entre sus fundamentos, el autor del proyecto, diputado Trabalón, explicó que se trata de »un servicio esencial para la comunidad, cuya prestación se debe asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones. Lamentablemente vemos la ausencia de una política pública de control y regulación del servicio que proteja a los usuarios».

«Resulta prioritario resolver la cuestión de sobre qué base, sobre qué diagnóstico, sobre qué parámetros vamos a debatir la necesidad de aumento. La decisión que se tome debe estar fundada en la mejor información», agregó.

Oficina del Usuario

La segunda de las iniciativas tiene que ver con incorporar el artículo 42 bis a la Ley 95, a fin de crear la oficina de atención a la persona usuaria del transporte público, también en el ámbito provincial. El objetivo es ofrecer a la ciudadanía un espacio que atienda sus reclamos, recepciones sus ideas y sugerencias, y otorgue pronta solución a problemas concretos como los que se suceden a diario en el servicio del transporte público.

La oficina también funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Transporte que será la que garantice los recursos necesarios para su correcto funcionamiento, y deberá implementar distintas vías de comunicación con el usuario para agilizar dicho trámite, como ser líneas gratuitas, página web, mensajes de texto u otros. Informará acerca del número asignado al reclamo efectuado, con el que podrá efectuarse el seguimiento. Estos reclamos deberán constar en un registro con fecha de ingreso, número asignado, área a la fuera derivado, descripción de lo solicitado.

Para el legislador del Frente Grande «es indispensable que la Subsecretaría de Transporte cuente con un área u oficina que se aboque exclusivamente a recibir los reclamos, solicitudes, denuncias que tengan que ver con los servicios generales que prestan las empresas del transporte público».

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