Por: Marcos Novaro.

El gobierno está logrando que el ajuste en curso quede al menos en parte fuera de la vista y de la atención del público. Han puesto en práctica para eso una gran inventiva comunicacional. Por ejemplo, en relación a los jubilados: sus voceros dicen que la clase pasiva solo perdió 1% en relación a la inflación, pero en verdad eso solo es cierto para quienes cobran la mínima (los demás jubilados perdieron 13% o más en el curso de 2020), y si olvidamos la inflación de 2019, respecto a la que debían actualizarse todas las jubilaciones, hasta que la ley de emergencia suspendió el mecanismo de actualización vigente.

Otro tanto puede decirse de los salarios. En particular, de los salarios públicos. El deterioro en ellos es fuertísimo, y ya no solo respecto a lo que debían recuperar del año pasado, porque recibieron aumentos que fueron superados holgadamente por la inflación acumulada en 2019, sino también de lo que perdieron en el curso de 2020. Sin embargo, los gremios estatales han protagonizado muy pocas protestas. Bastante menos que, por caso, los portuarios, que obtuvieron un mayor aumento, pero están igual bloqueando los puertos.

Es que la combatividad de los gremios tiene poco que ver con lo mucho o poco que hayan perdido o estén perdiendo los salarios de sus representados. Depende más de otros factores: si se trata de sectores estratégicos para la supervivencia de la economía, como es el caso de los puertos, o si se cuentan entre los más disciplinados seguidores del oficialismo, como sucede con buena parte de los gremios estatales.

De allí que los primeros, junto a otros gremios de áreas de actividad que se han salvado del colapso, como químicos, pulverizadores, aguas y gaseosas, etc., hayan logrado o estén cerrando acuerdos este año por 50% o más. O consiguieron aumentos algo menores, pero complementados con bonos suculentos (petroleros y camioneros, por caso, cerraron en 30, pero con bonos de entre 25.000 y 60.000 pesos). Mientras que los gremios más numerosos, representativos de sectores que cayeron mucho más, perdieron frente a la inflación: por ejemplo comercio y construcción debieran conformarse con 32-33%, igual que los docentes, porcentaje que ni siquiera compensa la inflación acumulada este año, que va a cerrar en alrededor de 36%, olvidate de recuperar algo de lo perdido en 2019.

De ahí para abajo quedaron la mayoría de los sectores, perdiendo entonces entre 6 y 15 puntos frente a la inflación de este año, más la pérdida que arrastraban del anterior. Se entiende entonces que hoy, después de haber encabezado el ranking latinoamericano en los años de oro del kirchnerismo, los asalariados argentinos estén al fondo de la tabla si medimos sus ingresos en dólares.

A la cola, bien lejos, vienen los estatales: recibieron por todo concepto una irrisoria actualización del 7% durante 2020. Es decir: casi 30 puntos de pérdida frente a la inflación de este año. Que se suman a otros 30 que esos salarios perdieron el año pasado. Pero Hugo Yasky y demás líderes de la CTA y de ATE solo salen a la calle si es para reclamar por la liberación de Boudou, Sala y Jaime. ¿No es curioso?

Es cierto que, en muchos casos, esos empleados de la administración pública no estuvieron realizando tareas. Pero bien podrían alegar que eso fue así por propia decisión de las autoridades, y que con esos números el ingreso de muchos de ellos queda bien por debajo de la línea de pobreza (esos salarios más bajos recibieron una compensación de apenas 4000 pesos, por única vez, durante la cuarentena).

Más allá de todas esas diferencias de ingresos y de condición, ¿por qué no solo los más perjudicados por el ajuste, sino los gremios en general están en calma y en silencio?

Influye en primer lugar, el hecho de que la situación de muchas empresas y de las cuentas públicas es tan calamitosa que se resignan a perder lo que los guarismos mencionados muestran, por temor a perder aún más en caso de sumarle al cuadro de situación más conflictividad. Temen que un alza de la protesta no sirva para sus objetivos, sino para agravar las cosas: que la recaudación pública se resienta, más empresas quiebren, etc.

También, claro, influye la afinidad con el gobierno peronista, y la renuencia a “hacerles el juego” a otros partidos. Tanto de izquierda, que en las bases de los gremios agitan exigiendo mayor dureza, como de Juntos por el Cambio, que podrían sumar puntos de cara a las próximas elecciones si el peronismo se mostrara aún más dividido de lo que ya está.

Pero, además de todo esto, influye el orden de prioridades de los gremios: al tope de esa lista están las leyes laborales y sindicales, que son lo que más les interesa cuidar, porque de ellas depende su poder permanente. Temen que si se alejan del gobierno, él tenga menos motivos para resistir cambios en esas normas, por los que van a presionar seguramente el Fondo en la renegociación de su deuda, y muchos empresarios en caso de que les pregunten su opinión.

En el segundo lugar de la lista, figuran las obras sociales. Están casi todas al borde de la quiebra, así que dependen de que el gobierno las salve. Dado que son la principal caja de los gremios, se entiende que éstos prefieran un salvataje financiado por el fisco para preservarlas, antes que pelarse el lomo por los salarios de sus representados, sobre todo en el caso de los estatales, donde ambos gastos, obras sociales y salarios, se nutren de la misma fuente.

Estos, los salarios, vienen por tanto recién en tercer lugar en el orden de prioridades. Y a veces ni siquiera: si están en peligro los puestos de trabajo, y por tanto las plantillas de cotizantes de los gremios, se entiende que aquellos pasen al cuarto lugar.

Esto, claro, no es ni bueno ni malo. Es, simplemente, la regla del juego en nuestro país, hace décadas en la relación entre gremios y gobiernos. Tiene la ventaja, sobre todo para las administraciones peronistas, de facilitar procesos de ajuste cuando el presidente de turno los quiere aplicar, o cuando no le queda otra.

El inconveniente es que los ajustes tienen eficacia si son ordenados y previsibles. Si se puede anticipar cómo van a seguir las cosas dentro de un tiempo en relación a los salarios, y a otras variables. En ese caso, aunque supongan costos sociales iniciales, las caídas de los salarios pueden ayudar al menos a reducir la inflación, y a aumentar la rentabilidad y por tanto las inversiones de las empresas. Pero nada de eso está sucediendo entre nosotros en estos momentos, ni parece que vaya a suceder.

Y no está sucediendo porque el ajuste que se está instrumentando es desordenado e imprevisible. La inflación igual sigue escalando, a pesar del sacrificio que hacen los asalariados. Y eso pasa por exclusiva responsabilidad del gobierno, que con la emisión monetaria todavía a todo trapo, pese a otros recortes anunciados o pretendidos (en los IFE, los Atps, etc) sigue destruyendo la moneda. En cuanto a las inversiones, siguen declinando debido a la incertidumbre sobre cómo sigue esta historia y las señales que da también el gobierno en cuanto a que no tiene ni piensa conseguirse un plan mínimamente coherente.

Así vista la situación, la buena letra que están haciendo los gremios puede que solo les sirva a sus dirigentes para salvar sus obras sociales, y al gobierno para evitar más despelote y perder aún más apoyo social. Pero al país y la economía mucho no les va ni les viene, y a los representados por esos gremios no se los va a compensar con beneficios mediatos, mejores salarios y más empleo en el futuro, solo van a tener las pérdidas.